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El secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, envío un comunicado a los coordinadores de los espacios en los que prohíbe las actividades sin autorización. "Es gravísimo", advirtieron los organismos
ACTUALIDAD15/02/2025
Neuquén Noticias
Otra vez el gobierno de Javier Milei arremete contra los sitios de memoria. Ya no solo a través del desfinanciamiento y los despidos, ahora también interviniendo en sus contenidos y actividades. Ayer, el secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, envió un mail a todos los coordinadores de esos espacios en el que prohíbe que se realicen actividades sin su aprobación. Además, les informó que aquellas que ya están programadas pero que no tienen autorización, deben ser canceladas.
Desde los organismos de derechos humanos indicaron que “es una decisión de suma gravedad” y que se trata de “censura previa”. No solo eso, también ayer y, con una mecánica similar a la utilizada en la previa del show de Milo J en la ex ESMA, el Ministerio de Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona, interpuso una cautelar para suspender un festival de “Memoria y Resistencia”, que se iba a realizar en el Faro de la Memoria, en Mar del Plata –el mismo lugar que visitó Mirtha Legrand semanas atrás–,.una actividad que se hacía en conjunto con la provincia de Buenos Aires, que ya anticipó que la reprogramará en otro lugar.
El viernes, la mamá y manager de Milo J, Aldana Rios, contó el maltrato y las amenazas que sufrió por parte de Baños para que suspendiera el espectáculo en el centro clandestino de detención y tortura: "Fue una decisión política: se censura o se reprime", dijo la abogada. Algo similar es lo que sucedió ayer con el comunicado que la Secretaría de Derechos Humanos envió a los coordinadores de los espacios. Les advirtieron que en aquellos sitios en los que se realicen actividades sin autorización previa se responsabilizará al coordinador y al "personal interviniente", poniendo todo el peso en las espaldas de las trabajadoras y trabajadores, que ya vienen diezmados por los despidos.
"A partir del día de la fecha, cualquier tipo de actividad a desarrollarse en el ámbito del Sitio y Espacio de la Memoria por usted coordinado (con excepción de las visitas guiadas), deberá ser comunicada a la Dirección de Sitios y Espacios de Memoria", dice el correo electrónico. Además, sostiene que para poder realizar una actividad, los coordinadores deben pedir autorización con al menos 20 días hábiles de anticipación y completar un formulario.
La legisladora porteña de Unión por la Patria y nieta recuperada, Victoria Montenegro, fue quién alertó sobre el mensaje de Baños y dijo que sigue los lineamientos de la censura al recital de Milo J: “Van a estar condicionados por la censura previa del secretario de Derechos Humanos, que ya parece un comisario. A partir de ahora se les prohíben las actividades que ya tenían planificadas: presentaciones de libros, charlas, encuentros, todas actividades con la comunidad”. También la presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeida, alertó sobre esto. “Es otra de las medidas insólitas y repudiables del Gobierno. Esta decisión de Baños es realmente lamentable y busca borrar la memoria, la verdad y la justicia”, afirmó en diálogo con este diario.
Ayer mismo, el gobierno nacional canceló la presentación del libro Lanzallamas, del filósofo Rocco Carbone, en el Faro de la Memoria. Lo hizo a través de una cautelar en la que adujo que la Secretaría no autorizó la actividad y que eso generaba un riesgo para las personas y las instalaciones. Un recurso al que el juez Santiago Martín le dio lugar. Incluso, Cúneo Libarona atacó a Carbone a través de sus redes sociales, tildándolo de "empleado militante del Conicet" y diciendo que iba a hacer un "acto político en un edificio público con la excusa de presentar" su libro. “Esta persona, autor también de otros textos como 'De Hitler a Milei', tiene total libertad para seguir difundiendo sus ideas, pero no con la plata del Estado", agregó el ministro.
Desde el Colectivo Faro de la Memoria repudiaron “el acto de autoritarismo, censura y prohibición de actividades culturales y eventos artísticos ya programados” y convocaron a una movilización para hoy a las cinco de la tarde en la puerta del espacio. “Es la primera vez que pasa algo así, siempre nos manejamos con bastante autonomía. Hemos hecho infinidad de actividades, nunca nos pasó una cosa como ésta”, detalló Juan Cruz Bourg, integrante de H.I.J.O.S. “Este gobierno está censurando a cualquiera que piense distinto a ellos y pretende impedir este tipo de actividades, que si no las podemos hacer acá, igual las vamos a seguir haciendo y vamos a seguir luchando, porque sobrevivimos a la dictadura y a décadas de maltrato”, agregó.
Las jornadas “Memoria y Resistencia” estaban planificadas para el 14 y 15 de febrero y habían sido organizadas por la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y el Colectivo Faro de la Memoria, con el apoyo del Teatro Auditorium y el Instituto Cultural bonaerense. Es por eso que desde el gobierno de Axel Kicillof también se involucraron con el caso y desmintieron a Baños. “El texto de la cautelar tiene excusas vagas como que no estaban garantizadas las medidas de seguridad para las actividades, que incluían un recital, y eso estaba totalmente garantizado. Las mismas excusas de lo que fue el recital de Milo J”, confirmó el subsecretario de Derechos Humanos bonaerense, Matías Moreno
Además, Moreno incluyó esta medida en el desguace que impulsa el gobierno de La Libertad Avanza. “Desde que asumió Baños, la decisión de intervenir en el caso de los espacios de memoria fue siempre para vaciar de políticas públicas: ya se decidió el despido de trabajadores y la suspensión de actividades. Nunca tomó una decisión para generar políticas públicas, algo a lo que el Estado Nacional está obligado por ley”, agregó el funcionario.
Los espacios de memoria están regidos por la Ley 26.691 que indica que la Secretaría de Derechos Humanos, que es la autoridad de aplicación, debe garantizar la preservación, señalización y difusión de los Sitios de Memoria. En el país hay alrededor de 50 sitios, algunos nacionales, otros provinciales, municipales y algunos de gestión conjunta. Uno de los artículos indica que la autoridad de aplicación tiene que hacer una convocatoria más amplia a organismos de derechos humanos, que sean reconocidos, legitimados y con vasta trayectoria para que formen parte de la toma de decisiones en cuanto al funcionamiento. Es decir, el Estado debe estar presente, pero con un diálogo permanente de quienes transitaron esos lugares o de sus familiares. Así también lo establecen las recomendaciones de los organismos internacionales.
Desde distintos espacios alertaron sobre esta nueva medida. “Es de suma gravedad porque es contraria a la ley que promueve la generación de actividades y contenidos en defensa de la memoria”, indicaron desde H.I.J.O.S Capital. “Mientras aumentan los despidos y son vaciadas las políticas de Estado de Memoria, Verdad y Justicia, el secretario se ocupa de censurar actividades, vulnerando el derecho a la libertad de expresión. Los espacios de memoria cuentan la historia de los delitos de lesa humanidad cometidos por el terrorismo de Estado, son prueba judicial y testimonio”, agregaron.
Desde el Centro de Estudio Legales y Sociales (CELS) explicaron que esto remite directamente a la capacidad de las autoridades gubernamentales de limitar expresiones. “Si bien tiene diferencias con el caso de Milo J, donde se requería una autorización, y en el caso del Faro es que no estaban informadas las autoridades, lo que generan esas decisiones judiciales es limitar la palabra en espacios que son, en primer lugar, culturales”, afirmó el director del área Litigio de esa organización, Diego Morales. En comunicación con Página/12 dijo que “son espacios que no están destinados al silencio sino que, al contrario, se fueron construyendo con el correr de los años a partir de la circulación de la palabra. Ambas decisiones le dan un lugar a las autoridades gubernamentales en donde pueden hasta, incluso, definir qué palabra es la que circula allí”.
Por su parte, Victoria Montenegro advirtió que “la amenaza a los trabajadores de los sitios de memoria es la antesala a algún acto o pronunciamiento todavía más peligroso”. Y agregó: “De cara al 24 de marzo, y ante la necesidad de profundizar este modelo económico de crueldad, seguramente todas estas medidas sean la antesala de algún posicionamiento que intente ponerle mística de crueldad a un tiempo que, de por sí, ya es bastante cruel”.

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