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Luego de que el presidente Javier Milei cuestionara en el Foro Davos las políticas contra la violencia de género y embistiera contra la figura penal de femicidio, el Gobierno hizo público que trabaja en un proyecto de “igualdad ante la ley”, tendiente a dar marcha atrás con todas las leyes que en las últimas décadas incluyeron medidas de protección contra la violencia de género o de discriminación positiva, a los fines de propiciar la participación femenina en determinados ámbitos.
“El feminismo radical es una distorsión del concepto de igualdad”, dijo Milei en Davos. Agregó: “Llegamos, incluso, al punto de normalizar que en muchos países supuestamente civilizados si uno mata a la mujer se llama femicidio, y eso conlleva una pena más grave que si uno mata a un hombre solo por el sexo de la víctima. Legalizando, de hecho, que la vida de una mujer vale más que la de un hombre”.
El presidente no hizo referencia a las razones por las cuales existe ese concepto en decenas de países del mundo, y hasta pareció dar por sentado erróneamente que todos los homicidios de mujeres son tipificados como femicidios. Esa figura se aplica solo a los asesinatos de mujeres vinculados a razones de género, que se dan mayormente en el marco de relaciones de parejas, exparejas y de violencia machista, y ocurren por lo general en ámbitos privados.
En la Argentina, el concepto de femicidio se incorporó al Código Penal el 14 de diciembre de 2012, a través de la ley 26.79, votada por unanimidad. Esta norma incluyó el inciso 11 que penaliza con prisión perpetua la conducta del varón que mate a una mujer mediando violencia de género en los términos de la ley 26.743 de identidad de género, que también fue sancionada ese año. El Gobierno de Milei apunta contra ambas normas.
Según trascendió, el proyecto de “Igualdad ante la ley” está bajo la dirección del asesor presidencial Santiago Caputo y es la secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzábal Murphy, la encergada de su redacción.
El proyecto también modificaría aspectos de la ley Micaela, que brinda capacitación obligatoria a los funcionarios del Estado en materia de diversidad y violencia de género, según adelantaron en la Casa Rosada.
También se analiza la eliminación de todas las normas que incluyen medidas de discriminación positiva, es decir, que aseguran cupos para la participación femenina: desde los ingresos al empleo público a la inclusión de un 50 por ciento de mujeres en las listas electorales. Argentina fue pionera en ese rubro. Con el mismo criterio, se impulsa la eliminación del cupo para personas trans y personas con discapacidad.
El polémico planteo del Gobierno de Milei se inscribe en lo que La Libertad Avanza denomina “batalla cultural”, una avanzada ultraconservadora que comparten casi todas las experiencias de extrema derecha en el mundo.
En la actualidad, es altamente improbable que una iniciativa de este tenor logre aprobación en el Congreso de la Nación.
