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Según Miguel Calvete, presidente del Instituto de Estudio del Consumo Masivo (INDECOM), la caída no solo impacta en rubros como indumentaria o electrodomésticos, sino que también se refleja en el consumo de bienes de primera necesidad. Los consumidores han modificado sus hábitos, optando por segundas marcas, comprando en menor cantidad y, en muchos casos, dejando de lado productos que antes formaban parte de la canasta básica.
La situación se ve agravada por una estructura de costos que encarece los precios. Desde noviembre de 2023, los valores de los productos se han calculado con un dólar promedio de $1.600, generando un sobrestock en los supermercados y obligando a algunas empresas a ajustar precios para evitar pérdidas mayores. Sin embargo, la reducción de precios ha sido más lenta de lo esperado, y las familias aún enfrentan dificultades para acceder a alimentos esenciales.
Otro factor que profundiza la crisis es la elevada carga tributaria. Impuestos federales, provinciales y municipales influyen en la formación de precios, al punto de que muchos productos fabricados en Argentina terminan siendo más baratos en países vecinos, como Brasil. Esta distorsión no solo afecta el consumo, sino que también amplía la brecha entre los ingresos de la población y el costo real de la vida.
Frente a este escenario, los analistas esperan una recomposición de ingresos a lo largo del año, ya sea a través de aumentos salariales, mejoras en jubilaciones o mayor acceso al crédito. Sin embargo, el impacto de estas medidas dependerá de la evolución de la inflación y de la política económica en un año clave para el futuro del país.
Mientras tanto, los supermercados siguen reflejando la dura realidad de un sector de la población que debe hacer malabares para llenar el carrito de compras.
