Se trata de una investigación que se desarrolla dentro del expediente por el que está detenido el falso abogado Marcelo D'Alessio, acusado por espionaje ilegal y extorsión.
NACIONALES 25 de febrero de 2021
El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, procesó por espionaje ilegal a tres excoordinadores del “Proyecto AMBA” que implementó la Agencia Federal de Inteligencia durante el Gobierno de Mauricio Macri y a quien se desempeñara como director de una de las bases históricas de ese organismo en la provincia de Buenos Aires.
Se trata de una investigación que se desarrolla dentro del expediente por el que está detenido el falso abogado Marcelo D´Alessio, acusado por espionaje ilegal y extorsión.
Los excoordinadores procesados son Nicolás D´Giano, Eduardo Rocchi y Marcos Pannunzio quienes hacían de nexo entre el también procesado exjefe del proyecto AMBA, Pablo Pinamonti, y los jefes de las bases desplegadas en el territorio desde las que, según la investigación judicial, se realizaron maniobras de espionaje político ilegal.
Se “corroboró en la investigación que estas bases de inteligencia se dedicaron a realizar, de manera prácticamente exclusiva, espionaje político en la provincia de Buenos Aires".
En un fallo separado, al que también tuvo acceso Télam, el magistrado procesó al espía Guillermo Coll, quien se desempeñara como jefe de la base de Bahía Blanca.
En el fallo con el que procesó a los tres coordinadores, el magistrado sostuvo que se “corroboró en la investigación que estas bases de inteligencia se dedicaron a realizar, de manera prácticamente exclusiva, espionaje político en la provincia de Buenos Aires a agrupaciones partidarias, sociales, sindicales y comunitarias que se observaban contrarias a los intereses políticos de la gestión gubernamental de turno”.
El “Proyecto AMBA”
El llamado “Proyecto AMBA” de la AFI consistió en la instalación de seis bases de inteligencia en el conurbano bonaerense, en las zonas de Ezeiza, San Martín, Haedo (Morón), Pilar, La Matanza y Quilmes desde mediados del año 2016, a las que se sumaron también las delegaciones históricas con asiento en las ciudades de La Plata, Mar del Plata y Bahía Blanca.
Esas bases pasaron a depender de la Dirección de Reunión Provincia de Buenos Aires y conformaron la estructura de inteligencia de la AFI en esa provincia durante parte del año 2016 y el 2017.
La estructura orgánica surgió de una resolución dictada por el entonces director general de la AFI, el también procesado Gustavo Arribas, “e incluso del propio contenido de los informes de inteligencia elaborados por estas bases provinciales”, según sostuvo el magistrado.
"Cerca de 70 personas fueron reclutadas para participar formalmente en las bases AMBA y en la Dirección de Reunión Provincia de Buenos Aires, sin contar a los otros 20 agentes que ya revistaban en las Delegaciones de las ciudades de La Plata, Bahía Blanca y Mar del Plata que, como dijéramos, se sumaron a la misma estructura de inteligencia provincial en el 2017", según se desprende del fallo.
Además de los tres coordinadores procesados este jueves, hubo otros dos que cumplieron ese rol y que ya habían sido procesados por el juez Ramos Padilla: los ex comisarios Vicente Melito y Daniel Salcedo.
“El carácter de la información producida por las bases AMBA es particularmente sensible. Se advierte la consignación de datos personales de los militantes y referentes políticos (DNI, CUIL, domicilios, teléfonos, datos familiares, etc.), la identificación precisa de los locales partidarios o centros comunitarios y los dominios de los vehículos utilizados por manifestantes para asistir a actividades políticas, entre otros”, reseñó el magistrado.
Sobre los tres coordinadores procesados, Ramos Padilla sostuvo que “ninguno podía desconocer que las tareas que les fueron encomendadas a través de la referida Resolución Nº 558/17” controvertían las prohibiciones expresamente establecidas en la ley de inteligencia.
La resolución a través de la cual se modificó la estructura de la AFI les asignó a quienes se desempeñaran en las bases AMBA la misión de “obtener información en el ámbito de su jurisdicción y mantener actualizada la base primaria de los componentes político, económico, y social” y le encomendaba “planificar dirigir y supervisar las actividades de reunión de información que se requieran sobre los factores de poder político”.
“En el caso particular de Rocchi, D´Giano y Pannunzio, estos pretendieron afirmar su desconocimiento del acto administrativo que les otorgaba misión y funciones dentro de la Agencia. Sin embargo, las actividades que realizaban junto a Pinamonti y el resto de delegados de las bases AMBA, sumado a su amplia formación académica como abogados, son elementos suficientes para descartar el alegado desconocimiento de las tareas ilegales constatadas en autos”, sostuvo Ramos Padilla.
En otra resolución, el magistrado dispuso la prórroga de la prisión preventiva que pesa sobre el excomsiario Ricardo Bogoliuk, también vinculado a las bases AMBA pero por sobre todo uno de los agentes a los que reportaba D´alessio.
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