El fiscal jefe Fernando Rubio y el asistente letrado Ramiro Amaya formularon cargos al presidente del Concejo Deliberante de Villa La Angostura y a seis concejales y concejales de la ciudad por haber incumplido la orden de un juez provincial, quien en el ejercicio de sus funciones, les había ordenado suspender una sesión del cuerpo en enero pasado.

Los representantes del Ministerio Público Fiscal les atribuyeron el delito de desobediencia a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones, en carácter de coautores (artículos 239 y 45 del Código Penal). Y al presidente del cuerpo, David Alberto Tressens Ripoll, también se le formularon cargos por incumplimiento de los deberes de funcionario público, en calidad de autor (artículos 249 y 55 del Código Penal).

Los acusados son: David Alberto Tressens Ripoll, Marta Noemi Cicconi, Maria Eugenia Mesa, Sergio Javier Troche, Walter Luis Espíndola, Ruth Melisa Salamanca y Agustina Vaca Arenaza.

La teoría del caso planteada por la fiscalía es que el 15 de enero, a las 07:59, avanzaron en la realización de la sesión del cuerpo, cuando el juez en lo Contencioso Administrativo de Zapala, Matías Nicolini, había dictado una medida cautelar ordenando que la suspendan.

Según describió el asistente letrado Amaya, Tressens, en su carácter de presidente del Concejo Deliberante, retrasó la apertura de las puertas del edificio para evitar que se pusiera en evidencia el incumplimiento de la orden de no realizar la reunión.

A pedido de los representantes del Ministerio Público Fiscal, el juez de garantías tuvo por formulados los cargos, declaró el caso como complejo y fijó un año de plazo de investigación.

Además, el fiscal jefe se opuso a tres planteos posteriores realizados por las defensas en contra de la investigación penal. El juez, tras escuchar a las partes, coincidió con el representante del Ministerio Público y los rechazó.