Juez declara a los Trump responsables de fraudes financieros

Un juez de Nueva York dictaminó el martes (26.09.2023) que Donald Trump cometió fraude durante años mientras construía el imperio inmobiliario que lo catapultó a la fama y a la Casa Blanca.

El juez Arthur Engoron declaró al magnate y a dos de sus hijos, responsables de "fraudes" financieros "continuados" en la evaluación de activos de la empresa familiar Trump Organization, días antes del juicio civil de este caso que inicia el lunes.

La fiscal del estado de Nueva York, Letitia James, que presentó la denuncia, reclama una multa de 250 millones de dólares y la prohibición tanto para el expresidente -que aspira a volver a la Casa Blanca en los comicios del próximo año-, como para sus hijos Donald Trump Jr y Eric Trump, de dirigir cualquier empresa.

James encontró que el ex presidente y su empresa engañaron a bancos, aseguradoras y otras entidades mediante la sobrevaloración de sus activos y la exageración de su patrimonio neto, lo que fue utilizado para cerrar tratos y conseguir financiación.

 En su decisión, el juez Engoron estima que Donald Trump y sus dos hijos, vicepresidentes ejecutivos de Trump Organization, son "responsables" de "continuadas violaciones" de la ley.

Evaluaciones fraudelentas sobre los activos 

A ello se suma que los documentos suministrados por la fiscal general muestran "claramente" las "evaluaciones fraudulentas" de Donald Trump sobre los activos del grupo, que opera en el sector inmobiliario residencial, hotelero y campos de golf.

La fiscal general del estado de Nueva York acusa al multimillonario republicano y a sus hijos de haber "inflado" el patrimonio en miles de millones de dólares para obtener préstamos bancarios ventajosos o reducir sus impuestos de 2011 a 2021.

Engoron ordenó rescindir algunas de las licencias comerciales de Trump como castigo, haciéndoles difícil o imposible hacer negocio en Nueva York.

En la decisión emitida en la tarde del martes, el juez  también figuran Allen Weisselberg y Jeffrey McConney, dos antiguos ejecutivos de la Organización Trump, y ordenó que se "cancelen" las licencias de negocio de todos en Nueva York.

Otros seis delitos deberán dirimirse en el juicio programado el 2 de octubre.

En los próximos diez días, los acusados deben recomendar a tres personas como máximo para que gestionen la disolución de las empresas relacionadas a esas licencias canceladas, según indica el dictamen, revisado por EFE.

Engoron señala que Trump hizo declaraciones que multiplicaban por tres el tamaño real de su apartamento en la Torre Trump y opina que una "discrepancia de tal magnitud, por un desarrollador inmobiliario que exagera su propio espacio de vivienda durante décadas, solo se puede considerar fraude".

 
Magnate con larga lista de juicios pendientes

Restringir la capacidad de los Trump para hacer negocios en el estado era una de las metas de la denuncia interpuesta por la fiscal James a finales de 2022, en la que la autoridad reclama la multa multimillonaria (equivalente 228 millones de euros), cuestión que previsiblemente se abordará en el juicio del próximo lunes.

El magistrado Engoron también rechazó una moción paralela de la defensa de Trump, que solicitaba que se desestimaran todos los cargos, y ordenó sanciones de 7.500 dólares para cinco de los abogados del expresidente.

La decisión supone un doble varapalo judicial para Trump, que pese a ser el claro favorito del Partido Republicano para las próximas elecciones a la Casa Blanca, se enfrenta a una larga lista de causas en los próximos meses, lo que podría complicar su campaña.

Aparte de este caso que va a juicio en menos de una semana, Trump afronta el año que viene cuatro casos penales distintos que abarcan un total de 91 delitos.

La mayoría de esos delitos están relacionados con el supuesto manejo de materiales clasificados en su casa de Florida (40 acusaciones) y con los pagos presuntamente ilegales a una actriz porno durante su campaña presidencial, en Nueva York (34 acusaciones).

También afronta 13 acusaciones relacionadas con la ley estatal de crimen organizado en Georgia por intentar revertir los resultados electorales y otras 4 acusaciones en Washington DC vinculadas al mismo tema, por sus denuncias falsas de que hubo un fraude electoral y múltiples estratagemas.

jc (afp, ap, efe)