El Gobierno retiró del proyecto de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada” la reforma que flexibilizaba la compra de tierras rurales por extranjeros. La marcha atrás evitó una derrota en el Senado, pero dejó en pie un paquete que acelera desalojos, encarece las expropiaciones, reduce protecciones sobre superficies incendiadas y consolida una concepción de la propiedad privada casi desligada de su función social. Los principales favorecidos serán los grandes propietarios, las empresas y el negocio inmobiliario; los riesgos recaerán sobre el Estado, los inquilinos y los sectores con menor capacidad de defensa.
