NeuquenNews
Tras una maratónica sesión que duró más de cinco horas, la Cámara de Diputados aprobó esta madrugada el proyecto de ley que crea el nuevo "Régimen de Protección de Deudores de Préstamos Hipotecarios UVA y UVI", el cual busca aliviar la situación financiera de los tomadores de ese tipo de créditos.
Con 134 votos a favor, 40 en contra y 18 abstenciones, la Cámara baja le dio media sanción a la iniciativa que había sido consensuada previamente por el Frente de Todos y buena parte del bloque de la UCR, con fuerte impulso del mendocino Julio Cobos.
La norma garantiza que la cuota a pagar por el deudor hipotecario tomará en cuenta el índice mensual que de más bajo entre el coeficiente de variación salarial basado en la "Remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (RIPTE) y el IPC que mide la inflación promedio".
En cambio, el dictamen de la minoría que finalmente quedó en el camino tenía como autor principal a Martín Tetaz (Evolución), y que contaba con el apoyo del PRO y la Coalición Cívica, dejaba en la voluntad del deudor UVA la posibilidad de elegir cuál índice de los dos prefería que se le aplicara.
Lo cierto es que el proyecto aprobado traerá un alivio unas 900 mil personas que tomaron el crédito UVA y que hace ya varios años resulta imposible de pagar. El proyecto aprobado dispone que la cuota a pagar no podrá exceder el 30% de los ingresos acreditados por los deudores.
La ley aprobada por Diputados traerá alivio a unos 900 mil personas que tomaron el crédito UVA.
Para los créditos ya otorgados, el cómputo será retroactivo al 1 de enero de 2023. Este fue uno de los motivos por el que el radicalismo expresó disidencia. Su postura es que la fecha de corte debe ser agosto de 2019, cuando se produjo el primer congelamiento de los créditos impulsados durante el gobierno de Cambiemos.
A su vez, se establece que aquellos deudores que estén alcanzados por el impuesto a las Ganancias podrán deducir anualmente hasta tres salarios mínimos.
La iniciativa crea un "Fondo Fiduciario de Compensación y Promoción Hipotecario (FFCPH)" que tendrá como finalidad compensar los descalces entre la cuota calculada en base a salarios y la estimada en base a la tasa UVA/UVI. El deudor deberá adherir de forma voluntaria al régimen para poder acceder a los beneficios del Fondo.
"La diferencia contemporánea entre las cuotas pagadas por el deudor y la que debiera percibir la entidad financiera según las condiciones originales del crédito dará lugar a una compensación monetaria", indicó la miembro informante del dictamen de mayoría y presidenta de la comisión de Finanzas, Alicia Aparicio (Frente de Todos).
En caso de que el deudor esté desempleado, este fondo especial se hará cargo de hasta tres cuotas. En parte, dicho fondo compensador será financiado "con un aporte mensual que determinará el Banco Central con un límite máximo de 0,0025% del promedio de los saldos diarios de los depósitos en pesos y moneda extranjera", detalla el dictamen de mayoría.
Otra novedad del proyecto es que suspende por un año los juicios de desalojo, lanzamientos, embargos o cualquier tipo de medidas preventivas y/o cautelares para los deudores. Los radicales expresaron su disidencia en ese tema. Plantearon que "no es un buen antecedente y no sería una buena solución al problema actual, porque no existe".
Ley de Alquileres
Una de las polémicas de la maratónica sesión fue que la ley de créditos UVA aprobada es un tema que beneficia a propietarios, mientras la reforma de la Ley de Alquileres permanece paralizada en la Cámara baja desde hace un año, cuando se firmó el dictamen. La ley de créditos beneficia a cerca de 100 mil, mientras que el tema los alquileres a 9 millones de personas.
Fue por eso que Hernán Lombardi (PRO) pidió un apartamiento de reglamento para votar la derogación de la Ley de Alquileres que rige desde 2020. Pero no logró cosechar el voto de las tres cuartas partes de la Cámara que se requieren.
Tras el fracaso de la opción de Lombardi, el presidente del bloque de la UCR, Mario Negri, pidió una moción para votar la convocatoria a una sesión especial para el día 23 de agosto, a las 12, para abordar el tema de alquileres.
La propuesta puso contra las cuerdas al oficialismo. El jefe de la bancada, Germán Martínez, se mostró en contra de la propuesta y argumentó que no se requiere una moción para "emplazar" a la Cámara, sino que con una resolución acompañada por la firma de 10 diputados alcanza para pedir una sesión especial.
Por su parte, la diputada del PRO Silvia Lospennato planteó que firmen el pedido para la sesión especial los presidentes de bloque, "así el que no firma le tiene que explicar a la sociedad por qué no quiere tratar la ley de alquileres".
