A través de un decreto que firmó Alberto Fernández se dispuso la prohibición de la renovación de los planes sociales. Esto es para los que se den de baja, ya no habrá nuevos cupos para renovarlos. Para calmar los ánimos de los movimientos sociales, la normativa habilita a que puedan participar en proyectos de obra pública de hasta $300 millones de presupuesto.

El decreto 728 habilitó a las cooperativas que manejan los movimientos sociales “el otorgamiento del 30% de la Obra Pública Nacional, bajo la modalidad de contratación que corresponda, en la realización de obras de hasta pesos trescientos millones ($300.000.000), monto que será actualizado conforme lo disponga la autoridad de aplicación”, señala el texto.

Además, se instruyó a la Oficina Nacional de Contrataciones a incorporar como parte de la evaluación de oferentes para la obra pública un margen de preferencia para aquellos que acrediten tener un 5% de sus trabajadores vinculados a través del programa “Puente al Empleo”, una iniciativa del Gobierno para “transformar planes sociales en trabajo genuino”.

En la medida, el Gobierno justifica la decisión por la necesidad de reducir el desempleo y fomentar políticas de inclusión. “La limitación de las incorporaciones viene acompañada de un direccionamiento de recursos para unidades de gestión productiva, con el objeto de incrementar las transferencias destinadas a la adquisición de bienes de capital, las que hoy se canalizan a través de diversos programas o componentes de los mismos”, figura entre los considerandos.

Fuentes cercanas a los movimientos sociales explicaron que la medida apunta a, entre otro tipo de obras, aquellas de mejoramiento en barrios populares. Es decir, que las agrupaciones tendrán control sobre a quiénes contratan para la realización de intervenciones en los mismos lugares donde militan políticamente.

 Según quedó establecido, se respetará la “especialidad” de las Cooperativas del Trabajo de la Economía Popular para la adjudicación de obras y habrá diferentes modalidades de contratación.

En detalle

Pone un techo a la incorporación de personas al Potenciar Trabajo, Potenciar Inclusión Joven, Nexo y Plus Esencial, es decir, que no se otorgarán nuevas altas en esos programas.

Los recursos que se usaban para esos planes serán destinados a las unidades de gestión productiva para la adquisición de bienes de capital y la inserción laboral.

Reconoce a la actividad de la economía popular, mediante la integración del Consejo de la Economía Popular y el Salario Social Complementario (CEPSSC), creado por la Ley 27.345 de Emergencia Pública.

Otorga en favor de las Cooperativas de Trabajo de la Economía Popular el 30% de la Obra Pública Nacional con montos de hasta $300 millones, bajo la modalidad de contratación que corresponda.

Instruye a la Oficina Nacional de Contrataciones a priorizar a los oferentes que acrediten un mínimo del 5% de trabajadores vinculados al programa “Puente al Empleo”.

Uno de los primeros en criticar la medida fue Luciano Laspina, diputado nacional por el Pro. “El decreto 728/2022 es una carta de rendición ante la extorsión de las “organizaciones sociales” kirchneristas. Obliga a “realizar” $300.000 millones de obras públicas con esas organizaciones. Algunas cooperativas “tienen dueño” o son una nueva estructura de punteros. Un delirio”, dijo en su cuenta de Twitter.

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