Tras una mitad de gestión que transcurrió con dilaciones, el gobierno nacional se decidió a pisar el acelerador y concretar la construcción de un nuevo gasoducto troncal entre Neuquén y Buenos Aires, la obra de transporte más grande de las últimas cuatro décadas.
En una carrera contrarreloj, los planes oficiales tienen como objetivo llegar al invierno 2023 con la primera etapa en operación para empezar a reducir la sangría de divisas que genera el sector energético, en un escenario internacional de precios volátiles -y en ascenso- y de reservas del Banco Central en rojo. La tarea no será sencilla y pondrá a prueba la capacidad de maniobra de los funcionarios.
Tras la firma del DNU por parte del presidente Alberto Fernández que autorizó la constitución de un fideicomiso para financiar los trabajos y que otorga la concesión a Integración Energética Argentina (IEASA), se debe avanzar con el andamiaje licitatorio. La próxima semana se lanzará la licitación de los caños y luego el estudio de impacto ambiental.
“En función de las manifestaciones de los potenciales oferentes de caños respecto del cumplimiento de lo pedido en los pliegos, ahí se comenzarán a planificar los pliegos de la obra, para lanzar la licitación no más allá de fines de marzo o principios de abril”, explicó el presidente de IEASA, Agustín Gerez, en diálogo con +e.
“Un elemento fundamental será el resultado de la licitación de los caños, si el mercado responde a los requerimientos que vamos a solicitar, está previsto que para los meses de agosto-septiembre podamos iniciar los trabajos de obra. Son importantes los plazos. No nos interesan los caños, sino los caños en una fecha determinada”, aclaró.
Fuentes del mercado consultadas por +e indicaron que las plantas que fabrican los tubos para los gasoductos trabajan a pedido, de acuerdo con los requerimientos técnicos de cada obra, con lo cual comienzan a ser producidos una vez que la empresa gana la licitación.
Otro gran interrogante que se genera en la industria es la capacidad del Gobierno de gestionar con celeridad una obra de tamaña envergadura, cuando las fracturas internas en el área energética han sido la norma durante los últimos dos años.
“Los plazos que nos propusimos son exigentes, lo sabemos, es un enorme desafío para nuestros equipos, pero también sabemos la trascendental importancia que tiene este proyecto no solo para el sector energético sino para la historia de nuestro país. Trabajamos con ese compromiso, deseando que en el invierno de 2023 ya se pueda gozar de los beneficios que va a traer esta obra”, comentó Gerez.
Además de la primera etapa del Gasoducto Néstor Kirchner, entre Tratayén y Salliqueló, se llevará a cabo una serie de obras complementarias como el gasoducto Mercedes-Cardales, loops del Neuba II en Ordoqui y la reversión del Gasoducto del Norte.
IEASA tendrá la concesión por 35 años del nuevo ducto y la primera etapa se financiará íntegramente por parte del Estado, tanto con fondos del Aporte a las Grandes Fortunas como del Tesoro.
En diciembre de 2020, la Secretaría de Energía derogó la resolución con la que el gobierno de Mauricio Macri había convocado a una licitación para la construcción del gasoducto y que había quedado en suspenso por la situación económica del país.
“La propuesta del gobierno de Macri era diametralmente opuesta a la de ahora. Aquel DNU creaba un nuevo régimen tarifario, donde la tarifa se fijaba entre el cargador y el transportista, de manera que quien consumía ese gas, en última instancia, un comercio o un residencial, iba a tener que pagar una tarifa negociada entre privados. Como esa tarifa podía afectar el precio final que iba a pagar el usuario, iba a tener que aparecer el Estado para abonar el subsidio que no iba a poder pagar el usuario final”, explicó el presidente de IEASA.
Ahora, la nueva concesión de transporte que tendrá la empresa estatal se regirá por la Ley del Gas 24076 y la tarifa para la demanda prioritaria (hogares, comercios y generación eléctrica) se va a establecer a través de audiencia pública del Enargas como se hace actualmente con las transportistas. Y, por un carril paralelo, IEASA negociará tarifas libremente con las productoras de gas por la capacidad de transporte remanente.
Juan José Carbajales, ex subsecretario de Hidrocarburos y director del Posgrado en Derecho de los Hidrocarburos, Energía y Sostenibilidad de la UBA, puso en relieve la necesidad de la construcción del nuevo gasoducto no solo para apalancar el desarrollo de Vaca Muertasino también en el proceso de transición energética.
“Nuestra matriz seguirá incorporando recursos renovables y tiene enorme potencial eólico y solar, pero -entre otras cosas- requiere ingentes inversiones en infraestructura y mitigar la intermitencia. También seguirá ampliando su oferta hidroeléctrica, nuclear y posiblemente de hidrógeno como vector, y quizás el petróleo cobre relevancia como insumo para la exportación. Pero el gas natural seguirá nutriendo nuestro desarrollo productivo e industrial, con valor en industrialización”, señaló Carbajales a +e.
“Esperemos tener listo este proyecto cuanto antes porque estoy convencido de que es prioritario y de que es un legado que va a dejar este gobierno para que Argentina deje de importar energía”, completó Gerez.
Buques de GNL: se triplicará el gasto en importaciones
Las importaciones de GNL son una espada de Damocles sobre la frágil economía argentina. En ese sentido, no hay grietas en el gobierno nacional: todos los sectores vinculados a la política energética cerraron filas detrás del proyecto del gasoducto troncal desde Vaca Muerta, como una obra estratégica y prioritaria que permitirá reducir la dependencia de las importaciones en moneda estadounidense.
“En una primera etapa nos va a permitir sustituir el barco regasificador de Bahía Blanca, lo que va implicar un ahorro para el Estado del orden de los 1000 millones de dólares, y a medida que construyan nuevas etapas y se vaya agregando compresión al caño los volúmenes de capacidad de transporte van a ser más amplios y ahí vamos a empezar a empezar a pensar en una sustitución no sólo de Bahía Blanca, sino también de combustibles líquidos para priorizar la utilización de gas tanto para el consumo termoeléctrico como para la demanda residencial”, señaló a +e el presidente de IEASA, Agustín Gerez.
En 2021 la importación demandó unos 1100 millones de dólares, a un promedio de 8,33 dólares el millón de BTU. Para 2022, se estima que esa cuenta se triplicará y podría ascender a los 3500 millones de dólares, por el escenario de precios altos, de más de 27 dólares, y por la necesidad de importar más buques (unos 60) ante la declinación de Bolivia.
