El juez federal Rodríguez investigará la denunciada ingresada a seis días de las PASO. Es por supuestas irregularidades en el call center que maneja la línea de asistencia gratuita 147.
NACIONALES07/09/2021
El juez federal porteño Luis Rodríguez resultó sorteado para entender en una denuncia contra el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, por supuestas irregularidades en el call center que maneja la línea de asistencia gratuita 147.
La denuncia -realizada a 6 días de la votación de las PASO- es por presunta “extorsión” y “malversación de caudales públicos”. Fue presentada por Juan Pablo Chiesa, precandidato a diputado, en representación de la agrupación “Aptitud Renovadora”. Así lo informó la agencia oficial Télam.
La presentación pide se investigue si el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires utilizó para la campaña electoral la base de datos relevados para el operativo de vacunación porteño.
La presentación judicial apunta a que también se investigue si la administración porteña obligó a empleados estatales a participar de la campaña política del oficialismo en la ciudad de Buenos Aires, en calidad de "voluntarios" a pesar de que muchos de ellos no estaban interesados en hacerlo.
La presentación se basa en el supuesto uso político y proselitista que se le habría dado a la información de vecinos de la ciudad de Buenos Aires con que cuenta la base de datos del 147, que están protegidos por la Ley 25326, de Datos Personales.
Chiesa incluyó una publicación de la agencia nacional de noticias Télam que dio cuenta de denuncias hechas a través de un comunicado por la "Defensoría de Laburantes" sobre "el uso de datos personales en forma indebida".
Este nucleamiento asegura que el Gobierno porteño "hace uso de datos personales en forma indebida y contrata trabajadoras de forma precaria para la campaña electoral de cara a las PASO", decía la nota citada por el denunciante.
La "Defensoría de laburantes" había afirmado que en el gobierno de la Ciudad "precarizan de forma sistemática a trabajadoras jóvenes sin otra salida laboral, que son obligadas a trabajar sin registración alguna, 12 horas por día por un salario de pobreza" y que son "hostigadas, presionadas a trabajar sin descanso y obligadas a mentir para alcanzar objetivos políticos".
La denuncia de esa "Defensoría" que recopiló los testimonios, hace referencia a las trabajadoras del call center GIV S.R.L., quienes "ya iniciaron reclamos laborales contra los implicados", según se había informado mediante un comunicado.
El reclamo detallaba que la tarea asignada a las trabajadoras consistía en "llamar a las personas de un listado y proponerles tomar un café con alguno de los candidatos y en ningún momento podían decir de dónde conseguían los datos, sino que todo el tiempo debían fingir ser militantes voluntarias".
En la denuncia que presentó Chiesa, consignó que "existe relación contractual entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la empresa GIV S.R.L., que estaría operando un call center con fines partidarios, en relación al servicio de atención a ciudadanos 147 del GCBA, conforme se acredita con la Resolución N° 48/SECACGC/21 del 12 de marzo de 20211".
El juez Guillermo Díaz Martínez prohibió además continuar con las auditorías basadas en la normativa cuestionada y disponer nuevas suspensiones hasta que se dicte una sentencia definitiva en la causa.
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