Fuerte rechazo en Neuquén al decreto nacional que habilita el cobro de peajes en rutas de la región
NEUQUÉN. — La decisión del Gobierno nacional de ampliar el esquema de concesiones viales generó una inmediata reacción de rechazo en Neuquén. A través del Decreto 1358/2026, publicado este jueves con las firmas del presidente Javier Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo, el Ejecutivo sumó 27 rutas nacionales a la lista de corredores sujetos al cobro de peajes, entre los que figuran arterias estratégicas para la región como las rutas 237, 22, 151 y 152.
La medida abarca tanto el corredor turístico que conecta la capital neuquina con la zona de los lagos y Bariloche (Ruta 237), como las principales vías de salida e ingreso de mercancías y trabajadores hacia Bahía Blanca, Santa Rosa, Buenos Aires y el centro del país (rutas 22, 151 y 152).
Tras conocerse la normativa, sectores críticos de la iniciativa difundieron un duro pronunciamiento en el que califican la medida como "ilegítima, injusta e inconstitucional", y advierten que el regreso de las cabinas de cobro golpeará de lleno en la economía cotidiana de la provincia, dado que el grueso de los alimentos y bienes de consumo que llegan a Neuquén se transportan por vía terrestre.
El reclamo por el Impuesto a los Combustibles
El eje central del cuestionamiento apunta al financiamiento de la obra pública y al destino de los recursos ya recaudados por el Estado nacional. Según señalan los críticos de la medida, los automovilistas ya abonan el mantenimiento vial cada vez que cargan combustible, a través del Impuesto a los Combustibles Líquidos, cuya recaudación tiene una asignación específica por ley para obras y conservación de rutas.
En el documento de rechazo se sostiene que, desde finales de 2023, ese tributo registró un incremento del 240% en términos reales, mientras que la ejecución presupuestaria de Vialidad Nacional cayó un 82%. En ese marco, cuestionan que el Ministerio de Economía haya retenido parte de esos fondos para sostener el superávit fiscal en lugar de volcarlos a la reparación de las calzadas, obligando a los usuarios a pagar "tres veces por el mismo camino": en el surtidor, en las reparaciones mecánicas por el deterioro de la calzada y, ahora, en las futuras cabinas de peaje.
Cuestionamientos legales y pedido a los legisladores
Desde el punto de vista jurídico y constitucional, el pronunciamiento recuerda fallos de la Corte Suprema que encuadran al peaje dentro de las contribuciones previstas en el artículo 4° de la Constitución Nacional, por lo que argumentan que cualquier tarifa debería ser debatida y aprobada por el Congreso de la Nación y no fijada por decreto del Poder Ejecutivo.
Asimismo, remarcan el carácter regresivo de este tipo de cobros —al señalar que paga la misma tarifa un jubilado o un docente que una camioneta corporativa— y advierten que la distancia geográfica de la Patagonia respecto de los puertos y centros de producción hará que la región afronte un costo proporcionalmente mayor.
Frente a este escenario, el texto concluye con una serie de exigencias dirigidas tanto al Gobierno nacional como a los representantes neuquinos en el Parlamento:
Que la recaudación del Impuesto a los Combustibles sea transferida íntegramente al mantenimiento vial, tal como establece la legislación vigente.
Que la administración de la Ruta 237 y los tramos ubicados dentro del territorio neuquino pasen a la órbita de la provincia junto con los recursos correspondientes.
Que no se habilite ningún cobro de peaje sin la realización previa de obras nuevas y sin tarifas aprobadas por el Congreso.
Que los diputados y senadores nacionales por Neuquén impulsen un pedido de nulidad contra el Decreto 1358/2026.
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