La inflación anual llegó al 33,1% y golpea el relato económico de Milei

Tras casi tres años de gobierno, Javier Milei y Luis Caputo enfrentan una contradicción cada vez más difícil de explicar: pese al ajuste fiscal, la caída del consumo y el deterioro de sectores productivos, la inflación sigue castigando los ingresos de los argentinos. En la Patagonia, el impacto fue todavía mayor por las tarifas del gas y los gastos de vivienda.

El Gobierno nacional convirtió la reducción de la inflación en su principal bandera económica y política. Cada descenso del Índice de Precios al Consumidor fue presentado como una demostración de las virtudes del ajuste fiscal, la restricción monetaria y la eliminación de subsidios. Sin embargo, los números difundidos el jueves 12 de noviembre por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) volvieron a poner en discusión los resultados y, especialmente, los costos de esa estrategia.

Durante octubre de 2026, los precios aumentaron un 2,2%, tres décimas por encima del 1,9% registrado en septiembre. La inflación acumulada durante los primeros diez meses del año alcanzó el 26,3%, mientras que la variación interanual se ubicó en el 33,1%.

El incremento mensual fue el más elevado desde abril y superó las previsiones de las consultoras y entidades financieras relevadas por el Banco Central, que esperaban un 1,8%. La diferencia de cuatro décimas demuestra que, incluso entre quienes analizan habitualmente las variables económicas, la trayectoria de los precios continúa ofreciendo resultados menos favorables de lo previsto.

Aunque la inflación actual es sustancialmente inferior a la que recibió el Gobierno en diciembre de 2023, el dato de octubre expone una dificultad persistente: reducir la velocidad de los aumentos no significa recuperar los precios anteriores ni reconstruir automáticamente el poder adquisitivo de los salarios.

Los argentinos siguen pagando cada mes más por los mismos bienes y servicios, mientras el discurso oficial insiste en presentar la desaceleración como una victoria económica.

Una canasta básica que aumenta mucho más que la inflación

Uno de los datos más preocupantes del último informe del INDEC no está solamente en el índice general, sino en la evolución de los bienes y servicios indispensables para la subsistencia.

Durante octubre, la Canasta Básica Total (CBT), utilizada para determinar la línea de pobreza, aumentó un 3,5%, es decir, 1,3 puntos porcentuales por encima de la inflación general. En tanto, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que establece el umbral de indigencia, registró una suba del 3,1%.

Esto significa que los gastos mínimos considerados necesarios para vivir aumentaron a un ritmo considerablemente superior al promedio de precios.

Una familia tipo de cuatro integrantes necesitó en octubre $1.690.000 mensuales para no quedar por debajo de la línea de pobreza, mientras que el ingreso necesario para cubrir exclusivamente la canasta alimentaria alcanzó los $761.261.

En apenas doce meses, la canasta total aumentó 39,2% y la alimentaria 39,9%, ambas por encima del 33,1% de inflación interanual.

Los valores corresponden a las canastas de referencia del Gran Buenos Aires, pero permiten dimensionar una contradicción que atraviesa la política económica: mientras el Gobierno destaca la reducción de los indicadores generales, el costo de las necesidades más elementales sigue creciendo a un ritmo superior.

La distancia entre inflación y subsistencia tiene consecuencias concretas. Un hogar puede recibir aumentos salariales similares al IPC y, aun así, perder capacidad para cubrir sus necesidades básicas si los gastos indispensables aumentan más rápido.

Las tarifas, una inflación que también produce el propio Gobierno

El comportamiento de los distintos rubros del índice permite identificar otro elemento central de la discusión económica: no todos los incrementos responden exclusivamente a decisiones del mercado.

En octubre, el segmento de vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles registró una suba nacional del 4,2%, casi el doble del índice general, y fue el rubro de mayor aumento.

Los precios regulados crecieron 2,9%, mientras que los servicios aumentaron 2,7%, frente al 1,9% de los bienes.

Esto demuestra que una parte de la presión inflacionaria está vinculada con decisiones tarifarias y modificaciones de los subsidios impulsadas por el propio Estado nacional.

El Gobierno sostiene que reducir las transferencias públicas y corregir los precios relativos resulta indispensable para ordenar las cuentas fiscales. Sin embargo, esa política traslada una parte del costo del ajuste a las facturas de los hogares.

Existe una contradicción política difícil de disimular: la administración de Milei reclama reconocimiento por la desaceleración inflacionaria, pero sus decisiones sobre tarifas también contribuyen a impulsar los precios que pretende contener.

La Patagonia, castigada por las tarifas del gas

Para Neuquén y el resto de las provincias patagónicas, los datos de octubre tienen una gravedad particular.

La inflación regional alcanzó el 2,5%, por encima del promedio nacional, y se convirtió en la segunda más elevada del país, detrás de la región Pampeana.

El capítulo vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles aumentó 7,1% en la Patagonia. Dentro de ese conjunto, electricidad, gas y otros combustibles registraron un salto del 11,1%, mientras que los alquileres avanzaron 5,6%.

La modificación del régimen de Zona Fría, establecida mediante la Ley 27.828 y reglamentada por el Gobierno nacional, cambió la aplicación de las bonificaciones sobre el gas. La Resolución 299/2026 fijó un descuento del 50% sobre el precio del gas correspondiente a los consumos alcanzados, con beneficios adicionales sujetos a determinadas condiciones.

Los cambios redujeron el alcance efectivo de la bonificación para parte de los usuarios, contribuyendo al aumento de los gastos energéticos regionales.

La situación plantea un interrogante particularmente sensible para Neuquén: ¿cómo se justifica que una provincia que aporta una parte fundamental del gas natural que consume la Argentina deba afrontar incrementos tan importantes en sus gastos energéticos?

La discusión no se limita al precio de una factura. También involucra las diferencias climáticas, las necesidades de calefacción y las condiciones de vida de una región donde el consumo energético constituye una necesidad básica durante buena parte del año.

Menos consumo, industria debilitada y precios que siguen aumentando

La política económica del Gobierno también debe evaluarse a partir de su impacto sobre la actividad productiva y el consumo.

Según el INDEC, las ventas de los supermercados a precios constantes cayeron 3,7% interanual durante agosto de 2026 y acumularon un retroceso del 2,8% en los primeros ocho meses del año.

La industria manufacturera, por su parte, registró en septiembre una caída interanual del 1,8%.

A estos indicadores se suma una tasa de desocupación del 7,9% durante el segundo trimestre de 2026, superior al 7,6% registrado un año antes.

No todos los sectores de la economía evolucionan de la misma manera y algunas actividades muestran resultados positivos. Pero la combinación de debilidad industrial, retracción del consumo masivo y dificultades laborales cuestiona la idea de una recuperación homogénea.

El problema central es que la inflación persiste incluso en un escenario donde buena parte de la demanda interna muestra signos de debilidad.

La reducción del consumo puede contribuir a moderar la presión sobre los precios, pero difícilmente pueda presentarse como un éxito económico si está acompañada por la pérdida de capacidad de compra, el deterioro de actividades productivas y mayores dificultades para conseguir empleo.

El ajuste puede equilibrar determinadas variables fiscales sin garantizar, por sí solo, una mejora general de las condiciones de vida.

El costo social del equilibrio fiscal

El presidente Javier Milei y el ministro Luis Caputo defienden el superávit fiscal como una condición indispensable para estabilizar la economía. La eliminación del financiamiento monetario del déficit y el ordenamiento de las cuentas públicas constituyen elementos centrales de esa estrategia.

No obstante, una política económica no puede evaluarse exclusivamente por el resultado de las cuentas del Estado.

Los datos sociales también obligan a introducir matices. Según el INDEC, la pobreza alcanzó al 32,3% de la población de los 31 aglomerados urbanos durante el primer semestre de 2026, por debajo del 41,7% del segundo semestre de 2023. Se trata de una mejora relevante, aunque todavía implica que aproximadamente una de cada tres personas permanece bajo la línea de pobreza.

Además, esos datos semestrales no permiten conocer todavía el impacto social de los aumentos de octubre.

El verdadero balance exige considerar simultáneamente la evolución de los precios, los ingresos, el empleo, la producción y las condiciones materiales de los hogares.

El Gobierno tiene razones para señalar que logró reducir drásticamente la inflación respecto de los niveles heredados. Lo que no puede sostener sin discusión es que esa reducción haya resuelto los problemas económicos cotidianos de la población.

La inflación baja en los discursos, pero las facturas siguen subiendo

El dato de octubre no representa por sí solo el fracaso definitivo del programa económico, pero sí constituye una advertencia sobre sus limitaciones.

La inflación volvió a superar el 2% mensual, la canasta básica aumentó bastante más que el índice general y las tarifas energéticas tuvieron un peso decisivo, especialmente en la Patagonia.

La respuesta oficial ha consistido, en gran medida, en destacar los indicadores que mejor reflejan la desaceleración de los precios. De hecho, Luis Caputo resaltó que la inflación núcleo de octubre se ubicó en el 1,5%, su nivel más bajo en quince meses.

Sin embargo, las familias no pueden excluir de sus presupuestos las tarifas, los alquileres, los alimentos o el transporte para experimentar una inflación más baja.

El principal interrogante que enfrenta el Gobierno ya no es solamente cuánto tarda en reducir un punto adicional el IPC, sino cuánto tiempo puede sostener una política económica cuya estabilidad convive con dificultades persistentes para los consumidores, los trabajadores y numerosas actividades productivas.

Porque el equilibrio fiscal, por importante que resulte, no sustituye al bienestar social. Y una economía donde las estadísticas mejoran más rápido que las condiciones de vida corre el riesgo de transformar la estabilidad en una promesa cada vez más distante para una parte considerable de la población.

La inflación del 2,2% es un dato económico. Que una familia necesite $1.690.000 para no ser pobre y que los servicios esenciales continúen aumentando por encima del promedio es una realidad social. El Gobierno puede celebrar el primero, pero no debería ignorar la segunda.