3 de noviembre de 1995, el día que los Menem explotaron un pueblo

El 3 de noviembre de 1995, una serie de explosiones arrasó parte de la ciudad cordobesa de Río Tercero. Murieron siete personas, más de 300 resultaron heridas y numerosos barrios sufrieron graves daños. Carlos Saúl Menem, entonces presidente de la Nación, llegó al lugar y aseguró que había sido un accidente. Incluso exigió a los periodistas que transmitieran esa versión.

La Justicia terminaría demostrando exactamente lo contrario: las explosiones habían sido provocadas deliberadamente para destruir pruebas de la venta ilegal de armamento argentino a Croacia y Ecuador, una operación desarrollada desde estructuras del Estado durante su presidencia.

Entre 1991 y 1995, el gobierno menemista autorizó mediante tres decretos secretos exportaciones de armas cuyos destinos oficiales eran Panamá y Venezuela. Sin embargo, el armamento terminó en Croacia, sometida a un embargo internacional, y Ecuador, que mantenía una guerra con Perú, pese a que Argentina era garante de la paz entre ambos países.

La Fábrica Militar de Río Tercero había participado en el acondicionamiento de parte de ese material. Cuando la investigación por contrabando comenzó a avanzar, sus instalaciones conservaban documentación y registros que podían comprometer a los responsables de las operaciones. Ocho meses después de que el escándalo saliera a la luz, la fábrica voló por los aires.

Los Menem y el círculo de funcionarios involucrados

Carlos Menem no era un funcionario ajeno al negocio de las armas. Los decretos secretos que facilitaron las operaciones llevaban su firma y las maniobras involucraban organismos dependientes del Poder Ejecutivo. Por el contrabando fue condenado a siete años de prisión en 2013, aunque esa sentencia no quedó firme y posteriormente fue absuelto por la vulneración del plazo razonable del proceso.

Su hermano Eduardo Menem, entonces senador nacional y una figura influyente del oficialismo, también aparece en la historia política del escándalo por sus vínculos con Luis Sarlenga, interventor de Fabricaciones Militares durante las operaciones clandestinas.

Sarlenga había construido una relación de amistad con Carlos y Eduardo Menem desde los años de La Rioja. Una investigación publicada por Página/12 en octubre de 1998 reveló que, cuando el ministro de Defensa Oscar Camilión intentó desplazarlo de Fabricaciones Militares, recibió un mensaje atribuido a Eduardo Menem para que permaneciera en el cargo. Eduardo negó que Sarlenga hubiera tenido vinculación política con él y Camilión negó haber recibido personalmente esa llamada del senador.

La relación política y personal está documentada, aunque no existe una condena que atribuya a Eduardo Menem participación en el contrabando o en las explosiones.

Lo que sí resulta significativo es su persistente defensa de la versión familiar frente al avance judicial. En mayo de 2024, durante una entrevista con El Doce de Córdoba, Eduardo calificó de «infamia total» la acusación contra su hermano y sostuvo que no existían pruebas que lo vincularan con la voladura. También cuestionó las investigaciones judiciales, atribuyéndoles motivaciones políticas.

Sus declaraciones omiten un aspecto decisivo: aunque nunca se dictó una condena contra Carlos Menem por el atentado, la Justicia sí comprobó que las explosiones fueron intencionales y estuvieron destinadas a encubrir el tráfico ilegal de armas.

Una condena que nunca alcanzó al poder político

En diciembre de 2014, cuatro exdirectivos de Fabricaciones Militares fueron condenados por estrago doloso agravado por las muertes provocadas. Las penas, de entre 10 y 13 años de prisión, quedaron firmes por decisión de la Corte Suprema en mayo de 2021.

Carlos Menem también había sido procesado por su presunta participación como autor mediato del atentado y debía enfrentar un juicio oral. Murió el 14 de febrero de 2021, apenas diez días antes de su inicio, sin que se pudiera determinar judicialmente su responsabilidad penal por las explosiones.

El resultado fue una investigación que logró demostrar el atentado y su finalidad de encubrimiento, pero que no consiguió completar el juzgamiento de las responsabilidades políticas superiores.

Treinta y un años después, Río Tercero sigue exponiendo una de las contradicciones más graves de aquella década: un gobierno que autorizó exportaciones de armas mediante decretos secretos, funcionarios que participaron en operaciones clandestinas y una fábrica militar que terminó deliberadamente destruida para ocultar sus rastros.

La Justicia demostró por qué explotó Río Tercero. Lo que quedó inconcluso fue determinar hasta dónde llegaba, en la cúspide del poder político, la responsabilidad de haberlo ordenado.