NeuquenNewsEl Concejo Deliberante de Neuquén comenzó a debatir una modificación de su composición que podría cambiar de manera permanente el sistema de representación política municipal. Durante una sesión especial realizada el jueves 22 de octubre, bajo la presidencia de Claudia Argumero, ingresaron dos proyectos vinculados con la cantidad de concejales que integrarán el cuerpo legislativo a partir de 2027.
La iniciativa central fue presentada por el intendente Mariano Gaido, quien propone modificar el artículo 53 de la Carta Orgánica Municipal para establecer un número fijo de 20 concejales, independientemente del crecimiento futuro de la población. El Ejecutivo sostiene que la medida permitirá evitar una ampliación de la estructura legislativa y contener el gasto público.
Sin embargo, el argumento económico abrió un debate que va más allá de la cantidad de bancas. Las remuneraciones de los funcionarios, el costo de los equipos de asesores y las consecuencias de limitar la representación política comenzaron a formar parte de una discusión que también involucra a los bloques opositores.
Uno de los aspectos centrales del debate es cuánto cuesta efectivamente el funcionamiento del Concejo Deliberante de Neuquén y qué impacto presupuestario tendría la propuesta del intendente.
Según una investigación publicada el 21 de octubre por Agencia Libertad, un concejal de la capital neuquina percibe actualmente alrededor de 5,5 millones de pesos mensuales. El medio señala que, al incorporar el sueldo anual complementario, esa remuneración representa aproximadamente 71,5 millones de pesos al año.
La publicación también estima un gasto adicional de 2,1 millones de pesos mensuales por banca en contratos de monotributo destinados a colaboradores, lo que elevaría el costo anual calculado para esos conceptos a unos 96,7 millones de pesos por concejal.
De acuerdo con ese cálculo, los 18 integrantes actuales representarían un gasto cercano a los 1.740 millones de pesos anuales, considerando las remuneraciones y los contratos mencionados. Se trata, sin embargo, de una estimación periodística que no fue acompañada por la publicación de las liquidaciones salariales oficiales ni constituye una auditoría integral del presupuesto legislativo.
La investigación aporta una referencia económica al debate, pero también expone la necesidad de conocer con precisión las dietas, la cantidad de asesores y el costo total de funcionamiento del organismo.
La Carta Orgánica Municipal establece en su artículo 107 que el presidente del Concejo Deliberante debe percibir una remuneración equivalente a la del intendente, mientras que los demás concejales cobran el 80% de ese monto. El mismo artículo dispone que las remuneraciones deben fijarse mediante una ordenanza especial y recibir amplia difusión pública.
No es la primera vez que los ingresos de los funcionarios municipales generan controversias. En noviembre de 2023, el Concejo Deliberante aprobó una modificación salarial que duplicó la remuneración del intendente y, por el mecanismo de vinculación establecido en la normativa, también incrementó los ingresos de concejales y otros funcionarios políticos.
Una de las críticas más concretas al proyecto de Gaido provino de la concejala Julieta Katcoff, del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), integrante del Frente de Izquierda Unidad, quien cuestionó que se pretenda reducir el costo de la política limitando la cantidad de representantes sin discutir las remuneraciones de quienes ejercen cargos públicos.
La propuesta no constituye una posición nueva. En mayo de 2020, el bloque del Frente de Izquierda presentó en el Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para que concejales y funcionarios del Ejecutivo percibieran una remuneración equivalente a la de una maestra de grado con 25 horas semanales y 25 años de antigüedad.
La iniciativa también establecía que los futuros aumentos de las dietas políticas debían acompañar las actualizaciones salariales docentes, impidiendo que las remuneraciones de los funcionarios crecieran mediante mecanismos independientes de los ingresos de los trabajadores de la educación.
En 2024, el diputado provincial Andrés Blanco, también del PTS-FIT-U, presentó una propuesta similar en la Legislatura de Neuquén, aunque en ese caso destinada a equiparar los ingresos de diputados y funcionarios provinciales con los de una maestra de grado de 25 horas semanales y 20 años de antigüedad.
Las iniciativas tienen alcances institucionales diferentes, pero comparten el objetivo de establecer una relación directa entre los salarios de los representantes políticos y las remuneraciones de los trabajadores.
Como referencia, la escala oficial del Ministerio de Economía provincial correspondiente a agosto de 2026 establecía para un maestro de grado de escuela común con cuatro años de antigüedad un salario bruto de $2.021.995 y un ingreso neto de $1.491.592. Estos valores son anteriores a la actualización prevista para octubre y no corresponden exactamente a una maestra sin antigüedad.
La comparación con los $5,5 millones atribuidos a los concejales permite dimensionar las diferencias de magnitud, aunque no establecer una relación salarial exacta mientras no se conozca si la cifra publicada para las dietas municipales corresponde a ingresos brutos o netos.
La propuesta del Ejecutivo presenta una particularidad que merece atención. Actualmente el Concejo Deliberante tiene 18 representantes, pero el último Censo Nacional, realizado en 2022, registró 288.896 habitantes en la ciudad de Neuquén.
Según el artículo 53 de la Carta Orgánica, la cantidad de concejales debe aumentar progresivamente con el crecimiento poblacional. La aplicación de esa escala determina que en el próximo período el Concejo deberá contar con 20 integrantes.
Por lo tanto, el proyecto de Gaido no busca reducir las 18 bancas actuales, sino establecer definitivamente el número de 20 y evitar nuevas incorporaciones en el futuro.
Esto significa que la iniciativa no representa una disminución inmediata del gasto legislativo. Por el contrario, la integración prevista para 2027 incorporará dos bancas adicionales, mientras que el eventual ahorro se produciría frente a futuras ampliaciones del cuerpo que dejarían de realizarse.
La secretaria de Jefatura de Gabinete municipal, María Pasqualini, reconoció en declaraciones a LU5 que no contaba con una cuantificación específica del ahorro en pesos. La funcionaria defendió la iniciativa como parte de una política de eficiencia administrativa y sostuvo que mantener fija la representación no perjudicaría la relación de los concejales con los vecinos.
La ausencia de una estimación oficial detallada impide evaluar cuánto dinero se evitaría gastar, en qué plazos y qué proporción representaría esa cifra dentro del presupuesto municipal.
Desde el Frente de Izquierda también cuestionan las consecuencias institucionales de mantener congelada la cantidad de concejales en una ciudad que continúa aumentando su población.
Katcoff advirtió que la modificación puede fortalecer la posición del Ejecutivo dentro del Concejo Deliberante y dificultar la representación de las fuerzas políticas minoritarias.
La concejala sostuvo que el proyecto apunta a transformar el órgano legislativo en una "escribanía" del gobierno municipal, al facilitar una composición con predominio de las fuerzas políticas mayoritarias. Se trata de una interpretación política que contrasta con la posición del Ejecutivo, que considera que la representación democrática puede mantenerse sin ampliar indefinidamente la cantidad de bancas.
La discusión tiene un componente institucional concreto: cuantos más habitantes tenga la ciudad con un número fijo de representantes, mayor será la cantidad de ciudadanos por cada concejal. Además, el número total de bancas influye sobre los umbrales de votos necesarios para que las distintas fuerzas accedan al cuerpo legislativo.
Las elecciones municipales del 16 de abril de 2023 dejaron un dato relevante para el debate actual sobre la representación política en Neuquén.
Para disputar las 18 bancas del Concejo Deliberante se presentaron 34 listas de candidatos, aunque solamente existieron nueve candidaturas diferentes a la intendencia.
Según el relevamiento publicado por el diario Río Negro, 13 listas adhirieron a la candidatura de Mariano Gaido, del MPN, y otras 11 acompañaron a Juan Peláez, del espacio Comunidad, vinculado a Rolando Figueroa.
A ellas se sumó una lista espejo del Partido del Trabajo y del Pueblo (PTP) que compartía candidatura con Kolina. Esto significa que 25 de las 34 listas —el 73,5%— estaban vinculadas electoralmente a candidaturas de otras agrupaciones y no constituían propuestas independientes para disputar la intendencia.
El dato permite dimensionar una característica del sistema político municipal: la multiplicación de sellos partidarios no necesariamente representa una diversidad equivalente de proyectos políticos.
Muchas de esas agrupaciones funcionaron como colectoras o listas espejo de estructuras políticas mayores, aunque conservaran su identidad partidaria y presentaran candidatos propios al Concejo.
En consecuencia, la discusión sobre la representación democrática no debería limitarse a la cantidad de bancas, sino también considerar cómo se construyen las alianzas, qué grado de autonomía tienen las fuerzas que acceden al cuerpo legislativo y a quiénes representan efectivamente.
Los dos expedientes ingresados durante la sesión especial fueron girados a la comisión interna de Legislación General, Poderes, Peticiones, Reglamento y Recursos Humanos, donde comenzará su tratamiento.
Para avanzar con la enmienda de la Carta Orgánica, el proyecto necesitará el respaldo de dos tercios de los integrantes actuales del Concejo Deliberante, es decir, al menos 12 votos.
De obtener esa aprobación, la iniciativa deberá someterse a un referéndum popular previsto para coincidir con las elecciones municipales de 2027, cuando los ciudadanos podrán ratificar o rechazar la modificación.
La propuesta recupera un debate que ya había surgido durante la reforma institucional de 2021, cuando se modificó el sistema de renovación del Concejo Deliberante, pero no prosperó el intento de congelar definitivamente la cantidad de representantes.
Esta vez, la discusión incorpora un elemento económico que merece ser examinado con información pública completa. Si el objetivo declarado es disminuir el costo de la política, resulta necesario conocer cuánto cobra cada funcionario, qué recursos se destinan a asesores y estructuras administrativas, y cuál sería el ahorro real que se alcanzaría con el congelamiento.
La alternativa planteada por la izquierda introduce otro enfoque: reducir las remuneraciones de los representantes en lugar de limitar su cantidad. Ambas propuestas tendrían consecuencias presupuestarias e institucionales diferentes y requieren evaluaciones específicas.
El debate no se reduce a cuántos concejales debe tener Neuquén. También involucra cuánto cuestan sus representantes, cómo se administran los recursos públicos y qué mecanismos necesita una ciudad en expansión para garantizar que sus habitantes tengan representación y capacidad de control sobre el gobierno municipal.
