AySA: la venta se firmará el 13 de noviembre y se desconoce quién controla el fondo fantasma extranjero

El Gobierno nacional adjudicó el 90% de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) por US$340,2 millones a un consorcio integrado por cuatro empresas y fijó el 13 de noviembre como plazo para firmar el contrato de compraventa, en una operación que incluye a un fondo de inversión extranjero cuya estructura de propiedad todavía está bajo observación.

La decisión fue formalizada mediante la Resolución 1818/2026 del Ministerio de Economía, firmada por Luis Caputo, ayer -martes 20 de octubre, a las 19:18-, según el documento oficial al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

La adjudicación constituye el paso previo a la transferencia del paquete accionario estatal, aunque la compraventa todavía debe perfeccionarse mediante la firma del contrato y el cumplimiento de las condiciones establecidas en el pliego.

El fondos extranjeros con dueños desconocidos

Uno de los principales interrogantes de la privatización se concentra en PHX Aqua AR BV, una sociedad constituida en los Países Bajos y vinculada con Phoenix Global Investment Fund BV, un vehículo financiero radicado en Curaçao.

Según versiones difundidas en el mercado, PHX tendría el 55% del consorcio ganador, mientras que Rowing participaría con el 20%, Arcos Saneamento con el 15% y Transclor con el 10%.

Sin embargo, la Resolución 1818/2026 no informa la distribución accionaria entre los cuatro participantes ni identifica a los beneficiarios finales de la sociedad extranjera. El porcentaje atribuido a PHX todavía no pudo ser corroborado mediante la documentación societaria presentada durante la licitación.

Los registros empresariales neerlandeses consultados para esta investigación identifican a PHX Aqua AR BV con domicilio en Zuidplein 28, Ámsterdam, y número de inscripción 42145160 ante la Cámara de Comercio de los Países Bajos.

De acuerdo con directorios comerciales que reproducen información registral, la sociedad fue constituida en agosto de 2026, pocas semanas antes de la apertura de las ofertas técnicas de AySA, realizada el 15 de septiembre.

Esas fuentes también la clasifican dentro de las actividades vinculadas con sociedades financieras y atribuyen la dotación de solo 1 empleado.

Argentinos y brasileños

Además de PHX, el grupo comprador reúne a Rowing, empresa vinculada con el empresario Walter Román, y Transclor, controlada por Mauricio Honesto Filiberti.

Filiberti también participa indirectamente en Edenor, la distribuidora eléctrica vinculada con el exministro José Manzano.

Transclor tiene antecedentes comerciales como proveedora de productos químicos utilizados en procesos de potabilización de agua, una actividad relacionada directamente con el servicio que presta AySA.

La cuarta integrante es Arcos Saneamento e Participações, empresa brasileña vinculada con el grupo Equipav, que aporta antecedentes de operación de servicios de agua y saneamiento.

El pliego exige que el operador técnico tenga una participación no inferior al 15% dentro del oferente, requisito que la Comisión de Evaluación consideró cumplido durante la preselección.

El día D: 13 de noviembre

El artículo 6 de la Resolución 1818/2026 establece el 13 de noviembre como plazo para suscribir el contrato de compraventa.

Antes de esa fecha, los cuatro adjudicatarios deberán constituir una sociedad argentina que actuará como operador estratégico y tendrá como objeto exclusivo adquirir y mantener las acciones de AySA.

Según el artículo 10.4 del pliego, cada participante deberá conservar en esa nueva sociedad el mismo porcentaje accionario que declaró al presentar su oferta.

El contrato deberá contemplar la transferencia de 135.000 acciones ordinarias Clase A, representativas del 90% del capital social y de los votos de AySA, mientras que el 10% restante corresponde a los trabajadores mediante el Programa de Propiedad Participada.

El pliego también establece que el precio debe abonarse en la fecha de cierre y que el contrato se perfecciona con su suscripción.

Si el adjudicatario incumple las obligaciones previas a la firma, el Ministerio podrá ejecutar la garantía de mantenimiento de oferta, establecida originalmente en US$25 millones, y evaluar la adjudicación al segundo oferente.