NeuquenNewsEl oficialismo no logró cosechar las voluntades necesarias en la Cámara de Diputados de la Nación para avanzar con el dictamen del proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional, una iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo que busca endurecer el marco normativo frente a la disputa de soberanía por las Islas Malvinas. Como consecuencia de las discrepancias con bloques aliados y dialoguistas, la propuesta quedó excluida del temario previsto para la sesión de este miércoles.
El estancamiento en las negociaciones obligó a suspender la reunión conjunta de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto. Las principales diferencias radican en un abanico de artículos que abordan desde el control de la desinformación con financiamiento externo hasta la redefinición de los límites entre la Seguridad Interior y la Defensa Nacional.
Sanciones por desinformación masiva (Art. 111): Establece penalidades a quienes busquen «alterar procesos electorales» o «manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva» cuando exista financiamiento o actuación por cuenta de partes extranjeras. Sectores de la oposición y bloques dialoguistas advierten sobre los riesgos de caer en discrecionalidades o censura.
Protocolos de derribo y hundimiento: La normativa otorga atribuciones a las Fuerzas Armadas para ejecutar, como último recurso y bajo causales de hostilidad extrema, el derribo de aeronaves o el hundimiento de embarcaciones no autorizadas.
Superpoderes para el Consejo de Seguridad Nacional: Propone la creación de un órgano presidido por el Jefe de Estado e integrado por ministros clave y la SIDE, con facultades para bloquear temporalmente activos, aplicar restricciones comerciales o suspender contrataciones estatales ante «amenazas graves e inminentes».
Pese a los desacuerdos, el eje central del proyecto eleva a 20 años de prisión las penas para quienes exploten o colaboren en la explotación no autorizada de recursos naturales en los espacios marítimos e insulares circundantes a las Malvinas, ampliando el rango punitivo más allá de los hidrocarburos para incluir la pesca y la minería. A su vez, incorpora la figura del juicio en ausencia y crea un registro público de infractores con prohibición de contratar con el Estado argentino.
El freno parlamentario coincide con tensiones en el plano internacional tras la propuesta de Estados Unidos para disolver el Comité Especial de Descolonización de la ONU, el histórico foro multilateral donde la Argentina encauza su reclamo diplomático.
Desde la bancada de Unión por la Patria, el ex canciller Jorge Taiana criticó la postura del Gobierno nacional y exigió «repudiar de manera urgente esta decisión y retomar la tradición diplomática de firmeza». En tanto, el vocero presidencial Adrián Ravier sostuvo que la solicitud estadounidense se encuentra «bajo análisis» a la espera de un pronunciamiento formal del canciller Pablo Quirno.
Tras el frustrado intento de dictamen, el oficialismo reprogramó la reunión plenaria de comisiones para el próximo miércoles 27 de octubre a las 16:00 horas, donde intentará reformular los artículos más cuestionados para reabrir el camino hacia el recinto.
