NeuquenNewsLa Cámara de Diputados de la Nación vivió este jueves 15 de octubre una jornada de alta tensión política que concluyó con una victoria estratégica para el Poder Ejecutivo. La sesión especial impulsada por un amplio abanico de bloques opositores con el objetivo de tratar la derogación definitiva del Megadecreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23 naufragó pasadas las 14:30 hs, al no alcanzarse los 129 diputados requeridos para dar inicio al debate formal. El tablero electrónico se clavó en 121 asistencias, sepultando —al menos por el momento— el intento de enterrar la medida en el Parlamento.
El temario de la fallida convocatoria no solo contemplaba el rechazo al decreto desregulador dictado por la administración de Javier Milei, sino que incluía proyectos de alto impacto social, como la prórroga de la emergencia en materia de discapacidad e iniciativas destinadas a regular el endeudamiento y la mora de las familias.
El fracaso de la sesión se explicó en las maniobras y negociaciones de último momento entabladas entre la Casa Rosada y los ejecutivos provinciales. Las ausencias de legisladores que responden directamente a gobernadores de buen diálogo con el oficialismo nacional inclinaron de manera determinante la balanza para desactivar la sesión.
Entre las inasistencias decisivas en el recinto se destacaron:
Santa Fe: Gisela Scaglia y José Nuñez, alineados con el gobernador Maximiliano Pullaro.
Córdoba y Salta: Alejandra Torres y Yolanda Vega (cercana a Gustavo Sáenz).
Misiones y Chubut: Daniel Vancsik y Jorge "Loma" Ávila (alineado con Ignacio Torres).
Tucumán: Los tres integrantes del bloque Independencia, vinculados al gobernador Osvaldo Jaldo.
Jujuy: Carlos Rizzotti y María Inés Zigarán (responden a Carlos Sadir). El caso de Zigarán generó especial sorpresa en la Cámara, dado que su firma figuraba en el pedido formal de la citación.
El camino hacia la sesión estuvo marcado por los vaivenes en el terreno judicial. La convocatoria opositora tomó impulso inicial tras un pronunciamiento de la Corte Suprema que, al desestimar una medida de amparo contra el capítulo que derogaba la Ley de Tierras, abrió la vía a la adquisición de campos rurales por parte de capitales extranjeros. Sin embargo, en los días previos a la sesión, el propio máximo tribunal otorgó una medida cautelar sobre dicho articulado, restituyendo provisoriamente la vigencia de la Ley de Tierras.
Esa resolución enfrió las negociaciones políticas. Desde sectores del peronismo reconocieron que, restablecido el marco legal de protección territorial por la vía judicial, se volvió imposible sumar nuevos apoyos de los bloques intermedios.
A su vez, La Libertad Avanza y sus aliados desplegaron una intensa campaña de advertencia sobre los efectos que acarrearía la derogación total del DNU 70/23. Argumentaron que tumbar el decreto implicaría restablecer intempestivamente las abrogadas leyes de Abastecimiento, Góndolas, Compre Nacional y Alquileres, así como el marco regulatorio previo sobre tasas bancarias, medicina prepaga y el mercado de navegación aérea, provocando una severa incertidumbre normativa.
Como contraofensiva parlamentaria para neutralizar los reclamos de la oposición, La Libertad Avanza cerró el pasado martes 13 de octubre un acuerdo con bloques aliados para incorporar un tope formal a la extranjerización de tierras dentro del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, cuyo dictamen fue respaldado por el oficialismo, el PRO y la Unión Cívica Radical (UCR).
Paradójicamente, las fuerzas oficialistas y sus socios terminaron ratificando un criterio restrictivo similar al esquema promulgado en 2011, buscando obturar uno de los frentes de conflicto más sensibles antes de la sesión fijada para el próximo 21 de octubre.
