NeuquenNewsEste martes 13 de octubre de 2026 se cumplen 11 años de una jornada histórica para la localidad de Las Coloradas y sus zonas aledañas. En 2015, vecinos autoconvocados junto a las comunidades mapuche Cayupán y Felipín mantuvieron un encuentro clave con autoridades de la Secretaría de Estado de Ambiente y la Dirección Provincial de Minería, logrando el compromiso político de paralizar las tareas de exploración del proyecto minero vinculado a la firma Southern Copper.
La controversia, que tuvo como eje central la preservación de la cuenca del río Catán Lil, estuvo marcada por fuertes reclamos sobre la falta de licencia social y severos cuestionamientos a los procedimientos de consulta previa hacia los pueblos originarios. En aquel encuentro de 2015, el lonko de la comunidad Felipín, Pablo Benítez, y el lonko de la comunidad Cayupán, Gustavo Silva, denunciaron irregularidades en el Informe de Impacto Ambiental presentado por la compañía minera, advirtiendo sobre el impacto del uso del agua para la subsistencia de la población y el ganado.
La movilización popular ya había anotado un antecedente central en julio de 2015, cuando un fallo judicial dispuso la suspensión de la audiencia pública correspondiente al proyecto debido a los vacíos técnicos y la vulneración de los derechos territoriales garantizados por la normativa vigente.
Tras la reunión con los funcionarios del gabinete provincial, el área ambiental emitió un comunicado oficial ratificando que la iniciativa minera no avanzaría en tanto no existiera aceptación social en la zona. Aunque representantes vecinales advirtieron en ese momento que la empresa continuó con gestiones en el territorio, la firme oposición de las organizaciones bajo la consigna "El río es nuestro alimento" derivó en el congelamiento definitivo de las operaciones en la cuenca.
A más de una década de aquellos sucesos, la gesta comunitaria de Las Coloradas permanece como uno de los antecedentes más significativos en la provincia de Neuquén sobre la defensa de los recursos hídricos, el derecho ambiental y la participación de la ciudadanía en las decisiones sobre el desarrollo territorial.
