NeuquenNewsEl Partido Justicialista de Neuquén volvió a quedar atravesado por una crisis institucional que va bastante más allá de una disputa administrativa por un padrón. Desde el viernes 2 de octubre quedaron registradas las expulsiones de 44 afiliados que habían participado como candidatos de otros espacios políticos en las elecciones provinciales de 2023.
La nómina tiene un nombre que resume buena parte de la contradicción: José Carlos Asaad, intendente de Vista Alegre, quien en marzo pasado ganó las elecciones internas y fue proclamado presidente del PJ neuquino. También figuran Ana Inés Servidio, actual secretaria de Vivienda y Hábitat de la Provincia; Juan Marcelo Zúñiga, subsecretario de Producción; Ignacio Gabriel Armida, director provincial de Planeamiento e Informática del Ministerio de Gobierno; y Sandra Noemí Hernández, presidenta del Concejo Deliberante de Vista Alegre. Los cargos provinciales de Servidio, Zúñiga y Armida están además acreditados en registros oficiales del Gobierno de Neuquén.
La expulsión tiene su origen en las elecciones del 16 de abril de 2023. Mientras el PJ integró el Frente de Todos Neuquino que llevó como candidato a gobernador a Ramón Rioseco, un grupo de afiliados justicialistas aceptó candidaturas a través de otras fuerzas, principalmente dentro del esquema político que acompañó a Rolando Figueroa, quien finalmente ganó la gobernación. Rioseco quedó tercero con 52.735 votos, el 12,68%, mientras Figueroa alcanzó el 35,63%.
El punto de partida formal fue el Congreso Provincial del PJ celebrado en Zapala el 17 de mayo de 2025. Allí se decidió aplicar la Carta Orgánica contra quienes habían aceptado candidaturas por otras fuerzas sin autorización partidaria.
El artículo 28 establece que el afiliado que acepte ser candidato de otro partido sin autorización del Congreso Provincial pierde automáticamente su condición de afiliado y el cargo partidario que pudiera ocupar. La decisión fue llevada a la Justicia Electoral por la entonces apoderada partidaria María Belén de los Santos.
La jueza federal con competencia electoral Carolina Pandolfi rechazó inicialmente las desafiliaciones. Pero el 5 de marzo de 2026, la Cámara Nacional Electoral revocó ese criterio y consideró que las decisiones adoptadas por los partidos, cuando respetan sus normas internas, forman parte de un ámbito de autonomía que la Justicia no debe sustituir.
La paradoja llegó apenas diez días después.
Pese al fallo y a una sucesión de presentaciones judiciales, el 15 de marzo se realizaron las internas del PJ y Asaad pudo competir. Su lista, Peronismo Territorial, obtuvo 1.383 votos, contra 1.194 de la lista encabezada por Juan Domingo “Chule” Linares. Ganó por apenas 189 sufragios y fue proclamado presidente partidario. La participación rondó solamente el 15% del padrón.
La nueva conducción intentó después dejar sin efecto el trámite de las expulsiones y obtuvo una resolución favorable en primera instancia. Pero la cuestión volvió a la Cámara Nacional Electoral.
El 28 de septiembre, los camaristas Santiago Hernán Corcuera y Daniel Bejas revocaron nuevamente lo dispuesto en Neuquén. La Cámara sostuvo que sus resoluciones eran de “ejecutoriedad inmediata” y cuestionó que se hubieran aceptado decisiones de nuevas autoridades partidarias sin comprobar previamente que estuvieran facultadas para modificar lo que ya había sido resuelto. El resultado final fue la efectivización de las bajas el 2 de octubre.
Durante marzo se difundieron dentro del propio peronismo listados considerablemente más extensos, algunos de los cuales llegaron a incluir 98 afiliados. Allí aparecían dirigentes que finalmente no integran la nómina de 44 bajas efectivizadas en octubre, como el intendente de Centenario, Esteban Cimolai.
Por eso es importante distinguir entre las nóminas que circularon durante el proceso de revisión y los afiliados cuya expulsión terminó efectivamente asentada. El dato comprobable al 2 de octubre es de 44 personas.
Según el registro de novedades de afiliaciones, la nómina quedó integrada por:
Elizabeth Daniela Altamirano
Ayelén Álvarez
Ignacio Gabriel Armida
José Carlos Asaad
Juan Cirilo Basualdo
Luis Miguel Campos
Herminda Chiguay
Camila Beatriz Contreras
Fernando De la Fuente
Roberto Carlos De la Fuente
Cristina Soledad Fuentes
Macarena Yoseli Fuentes
Matías Miguel Galván
Juan Manuel García
Julio César García
Juan Domingo Gil
Sandra Noemí Hernández
Siban Eduardo Jalil
Roxana Noemí León
Néstor Valentín Lillo
Johana Belén Lozada
Yamila Beatriz Méndez
Juan Antonio Mendoza
Stefanie Carla Daniela Montivero
Mariana María Belén Muñoz
Juan Jesús Nahuel
Marta Susana Nieva
Cecilia Claudia Olivares
Joaquín Antonio Pino
Mayra Johana Quiroz
Romina Natalia Riquelme
Alicia Rosario Rizo
Claudia Rosana Rodríguez
Leandro Martín Rojas
Liliana del Carmen Rojas
Juan Pablo Safenreiter
Julián Alberto Sepúlveda
Ana Inés Servidio
Rodolfo Antonio Soria
María Belén Tapia
Miguel Ángel Tripailao
Olivia del Carmen Valenzuela
Julio Fernando Vallejos
Juan Marcelo Zúñiga
Entre los nombres con mayor peso político actual aparecen Asaad, Servidio, Zúñiga, Armida y Hernández. En particular, la expulsión de Asaad produce una situación institucional difícil de ignorar: el afiliado que ganó la presidencia del partido en marzo perdió formalmente su condición de afiliado apenas siete meses después.
Asaad ya había sido apartado preventivamente de la presidencia del Consejo Provincial el 24 de septiembre, a raíz de una denuncia por violencia de género que se encuentra en sede judicial. El Consejo designó entonces a Lucas Riquelme, vicepresidente segundo, para quedar a cargo de la conducción.
La posterior desafiliación de Asaad convirtió aquel reemplazo preventivo en un problema institucional de mayor alcance, porque ahora el PJ debe resolver cómo reconstituye una conducción elegida mediante un sistema de mayoría y minoría.
El conflicto no es solamente jurídico. Detrás aparece una discusión estratégica que el peronismo neuquino todavía no resolvió: si debe reconstruirse como una fuerza provincial con candidato propio, integrar una coalición opositora o acercarse al espacio político de Rolando Figueroa.
Esa diferencia atravesó la última interna. Peronismo Territorial reunió a dirigentes que habían acompañado el armado de Figueroa, mientras Peronismo para la Victoria quedó más asociado al sector histórico de Oscar Parrilli. Otros sectores del justicialismo, como el referenciado en Darío Martínez, también mantienen una posición propia. El resultado es un partido donde la disputa por el sello muchas veces parece ocupar más espacio que la discusión sobre el proyecto político que ese sello debería representar.
Los números ayudan a explicar el problema. En 2019, Ramón Rioseco había obtenido el 25,93% de los votos para gobernador encabezando Unidad Ciudadana Frente Neuquino. Cuatro años después, nuevamente con Rioseco pero dentro del Frente de Todos Neuquino, esa representación cayó al 12,68%.
En las elecciones nacionales de 2025, Fuerza Patria quedó nuevamente alrededor del 13% en Neuquén y no logró ingresar diputados nacionales.
Pero acaso el problema más profundo del PJ neuquino no esté entre los 44 nombres que se van, sino entre los miles que hace años dejaron de acercarse. Existe una porción de la sociedad que continúa identificándose con principios históricos del justicialismo —la defensa del trabajo, la movilidad social, la producción nacional, la justicia social y un Estado capaz de equilibrar desigualdades— pero que ya no necesariamente reconoce esas ideas en la estructura partidaria provincial.
Para muchos antiguos militantes y votantes, el PJ dejó de ser un espacio donde participar y discutir política para convertirse, en su percepción, en una suerte de “pyme con sello”, administrada para garantizar candidaturas y espacios a familiares, amigos y dirigentes de un círculo cada vez más reducido. Es una valoración política, no una conclusión judicial, pero resulta difícil ignorarla cuando apenas alrededor del 15% de los afiliados participó de la interna que eligió a las actuales autoridades.
Incluso el propio Asaad utilizó argumentos similares cuando ganó aquella elección. Habló de haber terminado con una “hegemonía egoísta” de veinte años y sostuvo que el partido había estado cerrado “para cuatro o cinco dirigentes”. También admitió que había mesas donde apenas votaron doce o veinte afiliados y afirmó entonces que el desafío era volver a construir “un partido grande”.
Ahí aparece la contradicción de fondo. Un partido creado como movimiento de masas discute hoy expulsiones, impugnaciones, padrones, fallos judiciales y quién tiene la llave del sello, mientras buena parte del electorado que alguna vez encontró en el peronismo una identidad política observa la discusión desde afuera.
Lo más significativo es que ocho personas que en marzo estaban expresamente incluidas en el pedido de expulsión por haber sido oficializadas como candidatas por otras fuerzas no aparecen entre los 44 finalmente desafiliados. Son Nelson Germán Aranda, Carlos Daniel Bilurón, Esteban Guillermo Cimolai, Carlos Amador Escudero, Tamara Solange Guaquinchay, Amambay Anahí Moreno, César Mauro Remedios y Juan José Servidio. La información publicada en marzo atribuía esa nómina a la presentación de la apoderada del PJ, María Belén de los Santos, y señalaba precisamente como causal haber competido fuera del partido en 2023 sin autorización.
Las 44 expulsiones podrán cerrar un expediente judicial. Difícilmente resuelvan esa otra cuestión.
El desafío para el PJ neuquino de cara a 2027 no será solamente determinar quién ocupa una presidencia o quién controla el Congreso partidario. Será responder una pregunta bastante más incómoda: si todavía pretende representar a los neuquinos que se sienten justicialistas o si se conformará con administrar una estructura partidaria cada vez más pequeña.
