Décadas de inversión pública en juego: el riesgo de privatizar a precio de remate

Antes de vender una empresa pública hay una decisión que puede comprometer miles de millones de dólares: cuánto vale. En las privatizaciones que impulsa el gobierno de Javier Milei, esa cuenta quedó en el centro de los cuestionamientos por el desplazamiento del Tribunal de Tasaciones de varios procedimientos, la intervención de bancos públicos y la reserva de documentación que permite reconstruir cómo se fijan los precios.

El problema alcanza directamente a los argentinos: sin conocer los fundamentos de una valuación, resulta mucho más difícil controlar si el Estado está defendiendo adecuadamente su patrimonio.

El caso de Intercargo ofrece una evidencia concreta. En el Informe 145 presentado ante el Congreso, el Ejecutivo reconoció que documentación vinculada con su tasación fue declarada reservada durante el proceso licitatorio. El argumento oficial fue prevenir posibles irregularidades. Sin embargo, esa decisión también restringe el examen público de los cálculos que sostienen el precio de referencia de una empresa estatal. No se trata de que todos sus balances sean secretos: la controversia está en el acceso a la valuación y a los elementos que permiten evaluarla.

La falta de información llegó a la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones, presidida por el senador neuquino Pablo Cervi. Durante la exposición de Diego Chaher, responsable de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, el 23 de septiembre, la diputada Ana María Ianni cuestionó que los legisladores debieran enterarse por los medios de operaciones sobre el patrimonio estatal. El registro oficial de Diputados recoge ese reclamo. Chaher, por su parte, defendió el trabajo del Ejecutivo y aseguró que se estaban reforzando los controles.

Según la reconstrucción publicada por El Cohete a la Luna, los legisladores recibieron más de 10.000 páginas apenas 48 horas antes de la reunión y Chaher invocó confidencialidad frente a preguntas sobre las tasaciones. El volumen de documentación, por sí solo, no garantiza transparencia: para controlar una venta es necesario conocer qué se entrega, qué obligaciones asume el comprador y cómo se llegó al precio.

La discusión sobre el método puede explicarse sin tecnicismos. Una valuación patrimonial examina los bienes y las obligaciones de una empresa. Una valuación por flujo de fondos descontado estima cuánto dinero podrá generar en el futuro y calcula cuánto representa hoy ese ingreso esperado. El resultado depende de decisiones sobre tarifas, costos, inversiones, riesgos y años de funcionamiento. Proyectar menores ingresos o aplicar una tasa de descuento más alta reduce el valor calculado.

Ese método financiero tiene antecedentes en el régimen eléctrico desde 1991 y no fue creado por Milei. Tampoco produce necesariamente una subvaluación. El punto que exige control es cómo se aplica, con qué supuestos y qué posibilidades existen de revisar sus resultados antes de vender. El Decreto 450/2025 conservó ese criterio en el texto ordenado de la legislación eléctrica.

En Nucleoeléctrica, la empresa que opera Atucha I, Atucha II y Embalse, el Gobierno dispuso avanzar con la venta del 44 % de las acciones y mantener el 51 % en manos estatales. La resolución que inició el procedimiento explica que el Tribunal de Tasaciones manifestó limitaciones para efectuar una valuación mediante un enfoque de ingresos y ordenó solicitarla a una entidad bancaria pública. También exigió inventariar bienes tangibles e intangibles: verificar cómo se consideran esos activos será indispensable para juzgar el precio.

Aquí aparece una dimensión que excede el negocio de vender electricidad. El desarrollo nuclear argentino reúne décadas de inversión pública, formación de especialistas, infraestructura y capacidades industriales. Como referencia de esa escala, el Gobierno neuquino informó en 2014 que la finalización de Atucha II había demandado unos US$3.000 millones. Neuquén participó de ese esfuerzo mediante la producción de agua pesada destinada a la central. Es una cifra histórica de inversión, no una tasación actual, pero permite comprender cuánto trabajo y recursos colectivos hay detrás de una instalación de estas características.

Una central puede dejar de generar temporalmente porque está siendo reacondicionada para funcionar durante muchos años más. En ese período bajan los ingresos, mientras aumenta la inversión destinada a sostener su futuro. Una evaluación rigurosa debe contemplar esa recuperación y el valor que conserva la infraestructura. Tomar una situación transitoria desfavorable como si fuera permanente puede castigar artificialmente el precio. Y el conocimiento acumulado, la formación de proveedores y la capacidad de decidir sobre un área estratégica también deben pesar en la decisión política de desprenderse de una participación estatal.

La cercanía entre funcionarios y grupos empresarios agrega otra exigencia de control. El Cohete a la Luna señaló antecedentes laborales de Chaher en empresas vinculadas al Grupo América y conexiones empresariales alrededor de interesados en AySA. Esos vínculos justifican examinar posibles conflictos de intereses; no prueban por sí solos una adjudicación fraudulenta ni permiten identificar un comprador favorecido para Nucleoeléctrica.

El riesgo es que el Estado pague durante décadas la construcción de una capacidad estratégica y termine transfiriendo parte de sus beneficios por un precio insuficiente. Si eso ocurre, la pérdida la absorbe la sociedad y la ventaja queda en manos del comprador. Para demostrar que el patrimonio argentino no se está entregando a precio vil, el Gobierno debe permitir que las valuaciones puedan ser examinadas y discutidas antes de cerrar las operaciones.

Cuando los documentos llegan tarde o los cálculos permanecen reservados, la promesa de transparencia pierde sustento justamente donde más importa: en la cuenta que decide cuánto recibirán los argentinos por lo que construyeron.