La denuncia contra Asaad es grave y debe investigarse. No hay discusión posible sobre eso. La denunciante debe recibir protección, asistencia y todas las garantías previstas por la legislación vigente. Pero existe otro dato igualmente objetivo: hasta este momento la Justicia no ha establecido que Asaad sea responsable de los hechos denunciados.
La Fiscalía está investigando, intervino el Cuerpo Médico Forense y resta producir y valorar prueba. El intendente negó la acusación y anunció que aportará testimonios presenciales y otros elementos. Es decir, precisamente aquello para lo cual existe un proceso judicial todavía está ocurriendo.
Sin embargo, una parte de la política neuquina parece haber llegado a la sentencia antes que los fiscales y los jueces.
Cuatro concejales promovieron su remoción o suspensión invocando “inhabilidad moral”; dirigentes del PJ reclamaron su renuncia a la presidencia partidaria y el gobernador Rolando Figueroa sostuvo que, “si las cosas son como dice la denuncia”, debería renunciar. El PJ convocó además a su Consejo Provincial para analizar este jueves su continuidad. Todo eso ocurrió en cuestión de horas.
Demasiada velocidad para una política que en otras oportunidades ha demostrado una extraordinaria capacidad para esperar.
Resultaría tranquilizador pensar que estamos ante una súbita elevación de los estándares éticos de la dirigencia neuquina. Que desde ahora cualquier funcionario sometido a una denuncia grave será tratado exactamente de la misma manera, independientemente de su apellido, pertenencia política, relación con el gobierno o utilidad electoral.
Habrá que recordarlo.
Porque los principios solamente son principios cuando también se aplican contra los propios intereses.
Si el nuevo estándar consiste en que la existencia de una denuncia basta para considerar moralmente inhabilitado a un funcionario electo, entonces deberá utilizarse idéntico criterio para el próximo intendente, ministro, diputado, concejal o dirigente partidario que sea denunciado. Y también para quien pertenezca al oficialismo.
Allí aparece el problema. Porque acabamos de abrir una puerta que mañana puede resultar muy difícil cerrar.
No se trata de relativizar una denuncia de violencia de género. Mucho menos de desconocer un problema social gravísimo. Se trata precisamente de impedir que una herramienta creada para proteger a las víctimas termine contaminada por el oportunismo político.
Si una denuncia equivale de hecho a una condena política inmediata, el sistema queda expuesto a un mecanismo extraordinariamente peligroso: primero se denuncia, después se produce la condena pública y finalmente se exige que el denunciado demuestre su inocencia.
Eso invierte uno de los principios fundamentales del Estado de Derecho.
Imaginemos por un instante que mañana aparece una denuncia de características similares contra otro intendente neuquino.
¿Debe ser suspendido inmediatamente?
¿Tiene que renunciar antes de que declare ante un fiscal?
¿Debe abandonar la presidencia de su partido?
¿Su espacio político tiene que retirarle públicamente el respaldo?
¿Los concejales deben iniciar un procedimiento por inhabilidad moral?
¿Y qué sucede si seis meses después la investigación termina archivada, sobreviene un sobreseimiento o las pruebas no permiten acreditar los hechos?
¿Quién devuelve entonces la legitimidad política destruida?
¿Quién reconstruye una reputación?
¿Quién devuelve un cargo?
Son preguntas incómodas porque obligan a abandonar el caso particular y pensar en las reglas.
La Ley 53 neuquina contiene justamente una respuesta institucional mucho más prudente. Cuando se imputa al intendente la comisión de un delito, su artículo 161 establece que la suspensión preventiva procede de pleno derecho cuando el juez competente determina la existencia de “semiplena prueba de responsabilidad”. Y para los supuestos de incapacidad o mal desempeño, los artículos 162 y 163 establecen otro procedimiento: cinco votos del Concejo para considerar grave la transgresión, sesión especial, citación previa y derecho de defensa antes de una eventual destitución.
¿Por qué tantas formalidades?
Porque fueron creadas precisamente para evitar que una mayoría política circunstancial sustituya a las garantías.
La cuestión excede largamente a Asaad.
Aceptar que una denuncia produzca automáticamente las consecuencias políticas de una condena significaría introducir una herramienta potencialmente devastadora en cualquier disputa electoral. No porque las denuncias sean necesariamente falsas —la enorme mayoría merece investigación seria y protección adecuada— sino porque las instituciones no pueden construir sus reglas suponiendo anticipadamente que toda acusación está demostrada.
La diferencia es elemental.
Creer a una persona que denuncia en el sentido de escucharla, protegerla, no revictimizarla e investigar seriamente sus afirmaciones no significa convertir inmediatamente esas afirmaciones en hechos judicialmente probados.
Una democracia necesita ambas cosas. Necesita proteger. Y necesita probar. Eliminar cualquiera de las dos conduce a una injusticia.
Pero además está la política real, esa que suele esconderse detrás de los comunicados solemnes.
José Asaad ganó hace apenas seis meses la presidencia del PJ neuquino. La interna fue feroz y dejó expuestas dos concepciones diferentes sobre el futuro del peronismo provincial, particularmente respecto de su relación con Rolando Figueroa y de la estrategia hacia 2027. Antes de aquella elección ya existían impugnaciones, pedidos de expulsión, intervención de organismos partidarios y una disputa judicial alrededor de algunos protagonistas.
Asaad ganó. Por poco, pero ganó. Y quienes perdieron continuaron existiendo políticamente al día siguiente, como corresponde.
Por eso resulta imposible analizar seriamente lo que ocurre ahora como si todos los protagonistas hubieran nacido políticamente el domingo pasado. Una denuncia puede ser genuina y al mismo tiempo ser aprovechada políticamente por terceros.
Una cosa no invalida la otra. El oportunismo no necesita fabricar un acontecimiento. Le alcanza con encontrar uno útil.
Y allí aparece esa pequeña política que tantas veces confunde convicción con conveniencia: descubrir principios exactamente cuando esos principios permiten correr del medio a quien ganó una elección seis meses antes.
El episodio tampoco ocurre en el vacío.
Neuquén viene atravesando desde hace años controversias institucionales que han deteriorado la confianza pública: disputas por fondos públicos, causas de corrupción, peleas partidarias trasladadas a expedientes judiciales, expulsiones, impugnaciones electorales y conflictos entre poderes.
Incluso causas de enorme trascendencia institucional, como la investigación por los planes sociales, han mostrado fuertes discrepancias entre tribunales respecto de la valoración jurídica de los mismos hechos. En agosto, por ejemplo, la revisión del caso volvió a exhibir interpretaciones judiciales contrapuestas sobre la existencia de una asociación ilícita vinculada al esquema investigado.
Nada de esto prueba por sí mismo que el Poder Judicial neuquino actúe con sesgo político. Pero sería igualmente imprudente ignorar que existe una cuestión de confianza institucional que merece ser discutida.
Cuando decisiones judiciales afectan directamente el tablero político, cuando causas de alto impacto atraviesan gobiernos y partidos y cuando aparecen lecturas jurídicas fuertemente divergentes sobre acontecimientos políticamente sensibles, el Poder Judicial tiene una obligación adicional: fundamentar sus decisiones de manera especialmente rigurosa y mantener una distancia inequívoca de las disputas partidarias.
La independencia judicial no solamente debe existir. También necesita resultar verificable para la sociedad.
Afirmar sin pruebas que un juez responde a determinado interés político sería tan irresponsable como condenar anticipadamente a Asaad. Pero preguntarse por la independencia, los criterios y la coherencia del sistema judicial no solamente es legítimo: forma parte del control democrático sobre las instituciones.
El problema de fondo es todavía mayor. Cuando la política pierde autoridad moral, empieza a buscarla en los expedientes. Cuando los partidos no consiguen resolver sus disputas internamente, aparecen las impugnaciones. Cuando alguien pierde una elección, intenta ganarla en otro escritorio. Cuando no alcanza la discusión política, aparece la discusión judicial.
Y cuando finalmente todo termina mezclado —Justicia, internas partidarias, gobierno, denuncias, operaciones y medios— el ciudadano deja de saber dónde termina una institución y comienza la otra.
Ese deterioro es peligroso. No porque exista una conspiración omnipresente, sino porque la democracia necesita confianza para funcionar.
Quizás lo más pobre de todo sea creer que los ciudadanos no advierten estas contradicciones. Como si nadie recordara quiénes se enfrentaron en la interna del PJ. Como si nadie supiera quién ganó y quién perdió. Como si nadie pudiera advertir que algunos pedidos de renuncia provienen de dirigentes que ya estaban políticamente enfrentados con Asaad antes de la denuncia.
Como si los neuquinos necesitaran que alguien les explique quién es bueno y quién es malo. Esa mirada subestima a la sociedad.
Los ciudadanos pueden comprender perfectamente que una mujer que denuncia violencia merece protección y que un hombre denunciado conserva la presunción de inocencia. Pueden sostener ambas cosas al mismo tiempo.
También pueden comprender que detrás de una reacción institucional aparentemente moral pueden coexistir convicciones legítimas, cálculos políticos, disputas personales y oportunidades electorales.
Eso se llama ciudadanía adulta.
Tal vez dentro de algunas semanas la Justicia encuentre elementos suficientes para acreditar la denuncia contra Asaad. Si eso sucede, deberán producirse las consecuencias jurídicas y políticas correspondientes.
También puede ocurrir que las pruebas conduzcan en otra dirección. Hoy simplemente no lo sabemos. Y precisamente por eso el precedente que estamos construyendo debería preocupar incluso a quienes no tienen ninguna simpatía por Asaad.
Porque las garantías constitucionales no fueron creadas para proteger solamente a las personas que nos gustan. Fueron creadas para protegernos de nosotros mismos cuando estamos convencidos de que tenemos razón.
Si hoy aceptamos que una denuncia alcance para transformar a un funcionario electo en un condenado político antes de que la Justicia determine los hechos, mañana tendremos pocas herramientas morales para protestar cuando exactamente el mismo procedimiento sea utilizado contra otro.
La política neuquina debería pensar cuidadosamente qué regla está construyendo. Porque una cosa es investigar sin privilegios y otra muy diferente es condenar sin pruebas. Una cosa es exigir estándares éticos y otra utilizar la moral como arma selectiva.
Una cosa es la Justicia y otra la oportunidad política.
Confundirlas puede resultar rentable durante algunas horas. El problema aparece cuando el mecanismo creado para sacar al adversario de hoy queda disponible para sacar al adversario de mañana. Y entonces la pregunta dejará de ser qué ocurrió con José Asaad.
La pregunta será mucho más incómoda:
¿qué clase de sistema político construimos cuando alcanza una denuncia para comenzar a desmontar el mandato que dieron las urnas?
Esta versión mantiene como eje una crítica política fuerte, pero deja deliberadamente abiertas tanto la responsabilidad de Asaad como la eventual existencia de sesgo judicial: son precisamente las dos cuestiones que no conviene presentar como probadas sin evidencia.
