Una generación en alerta: la crisis educativa que hipoteca el futuro de la Argentina

La Argentina pretende incorporarse a una economía mundial dominada por la inteligencia artificial, la automatización, la transición energética y la competencia por el conocimiento, pero una parte creciente de sus jóvenes termina la escolaridad sin dominar las herramientas elementales que requiere ese mundo.

No se trata solamente de obtener una calificación baja en una prueba internacional: no comprender un texto, no interpretar información científica o no poder resolver una operación matemática sencilla significa quedar limitado para estudiar, trabajar, incorporar tecnología, reconocer una noticia falsa, administrar los propios ingresos o participar plenamente de la vida democrática. La crisis educativa, por lo tanto, no constituye un problema sectorial ni una preocupación reservada a docentes y especialistas. Es una amenaza directa al futuro económico, político y social del país.

El informe Una generación en alerta: el deterioro del aprendizaje y del desempeño cognitivo en estudiantes argentinos, elaborado por el Observatorio del Desarrollo Humano y la Vulnerabilidad y la Escuela de Educación de la Universidad Austral, presenta una radiografía preocupante. El documento articula los resultados de PISA 2025 y Aprender 2025 con un estudio propio que siguió la evolución del desempeño intelectual de diferentes cohortes durante una década. Sus conclusiones deben leerse con rigor y algunas cautelas metodológicas, pero el diagnóstico general resulta difícil de discutir: los aprendizajes son insuficientes, las oportunidades están profundamente condicionadas por el origen social y las capacidades necesarias para aprender muestran señales que justifican una intervención urgente.

La secundaria argentina, por debajo de los niveles mínimos

Los datos más sólidos provienen de PISA 2025, la evaluación coordinada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos entre estudiantes de 15 años. En la Argentina participaron 11.093 jóvenes de 412 escuelas, una muestra representativa de aproximadamente 609.100 adolescentes escolarizados. El promedio nacional fue de 367 puntos en Matemática, 389 en Lectura y 393 en Ciencias, muy lejos de los respectivos promedios de 463, 461 y 482 registrados en la OCDE. Entre 2022 y 2025, el país perdió 11 puntos en Matemática, 12 en Lectura y 13 en Ciencias. (oecd.org)

Detrás de esos promedios aparece la dimensión real del problema. Solamente el 24% de los estudiantes alcanzó al menos el nivel básico de Matemática, lo que significa que aproximadamente tres de cada cuatro no pueden representar y resolver de manera autónoma situaciones matemáticas sencillas. En Lectura llegó al nivel mínimo el 40% y en Ciencias lo hizo el 41%. Apenas alrededor del 1% alcanzó niveles elevados en Lectura o Ciencias y la proporción de desempeños sobresalientes en Matemática fue prácticamente inexistente. (oecd.org)

Una sociedad puede convivir durante algún tiempo con malos resultados educativos porque sus consecuencias no aparecen de un día para otro. Los edificios siguen funcionando, los estudiantes avanzan de grado y los títulos continúan entregándose. El daño se vuelve visible años después, cuando el sistema productivo no encuentra trabajadores con formación suficiente, las universidades deben reconstruir contenidos de la escuela secundaria y miles de jóvenes descubren que el certificado obtenido no representa las capacidades que el mercado laboral, la educación superior y la vida cotidiana les exigen.

La desigualdad empieza en el aula y termina organizando la sociedad

El promedio nacional oculta diferencias enormes. De acuerdo con el informe de la Universidad Austral, los estudiantes del cuartil socioeconómico más alto obtuvieron entre 76 y 82 puntos más que los del cuartil inferior. La OCDE confirma, por ejemplo, una brecha de 82 puntos en Ciencias entre el 25% más favorecido y el 25% más vulnerable. No es una diferencia menor: equivale a varios años de escolarización y muestra que, en la práctica, niños de la misma edad habitan sistemas educativos diferentes. (oecd.org)

También aparecen diferencias brutas de entre 57 y 61 puntos entre escuelas privadas y estatales. Sin embargo, sería incorrecto concluir que la gestión privada produce automáticamente mejores aprendizajes o que la escuela pública es responsable por sí sola de los resultados. Las instituciones atienden poblaciones con condiciones económicas, familiares y culturales muy diferentes; además, la segregación residencial y educativa concentra las dificultades en determinadas escuelas. El propio informe admite que no puede atribuir causalidad al tipo de gestión porque sus modelos no incorporaron todas esas variables.

Esa aclaración es fundamental. Los resultados no demuestran que los estudiantes más pobres tengan menores capacidades naturales, sino que reciben oportunidades más limitadas para desarrollarlas. Menos libros en el hogar, conectividad precaria, inestabilidad habitacional, alimentación insuficiente, menor disponibilidad de tiempo adulto, escuelas con problemas de infraestructura y discontinuidad docente forman un entramado que condiciona los aprendizajes. La desigualdad educativa no empieza cuando se toma una prueba; llega hasta ella después de años de acumular ventajas o privaciones.

PISA 2025 aporta datos consistentes con ese escenario: el 54% de los estudiantes argentinos asistía a escuelas cuyos directores consideraban que la falta de materiales perjudicaba la enseñanza, mientras que el 50% concurría a establecimientos donde las deficiencias de infraestructura interferían con el aprendizaje. El 44% estaba en escuelas afectadas por falta de docentes y el 42% en instituciones con personal auxiliar insuficiente. 

Las pantallas distraen, pero no explican todo

El informe dedica un apartado relevante a la distracción digital. El 55% de los estudiantes argentinos señaló que sus compañeros se distraían con dispositivos electrónicos durante la mayoría o la totalidad de las clases de Ciencias, frente a un promedio del 28% en la OCDE. También declararon utilizar dispositivos con fines recreativos durante 1,6 horas diarias dentro de la jornada escolar, mientras el promedio internacional fue de 1,1 horas.

La presencia descontrolada del teléfono celular puede fragmentar la atención, interrumpir la lectura prolongada y dificultar la conversación pedagógica. No obstante, tampoco conviene convertirla en una explicación tranquilizadora que evite discutir el resto del sistema. La nota técnica de la OCDE señala que, aunque en el promedio internacional los alumnos expuestos a mayor distracción obtuvieron 11 puntos menos, en la Argentina esa asociación no fue estadísticamente significativa. Las pantallas son un problema que requiere reglas, formación digital y estrategias de enseñanza, pero no explican por sí solas décadas de desigualdad, discontinuidad de políticas, pérdida de autoridad pedagógica y deterioro de las condiciones escolares.

La inteligencia artificial incorpora una dificultad adicional. Más de la mitad de los alumnos argentinos dijo utilizar semanalmente herramientas de IA para aprender; el 41% las empleó para realizar investigaciones preliminares y otro 41% para resumir textos. Utilizada con orientación docente, la tecnología puede ampliar posibilidades; usada como sustituto de la lectura, la escritura y el razonamiento, puede profundizar justamente las debilidades que pretende resolver. 

¿Está disminuyendo la capacidad intelectual?

El aporte más novedoso y, al mismo tiempo, más delicado del informe es un estudio realizado con 849 estudiantes de escuelas privadas, de entre 8 y 15 años, evaluados mediante el test breve de inteligencia K-BIT. Al comparar cohortes independientes entre 2013 y 2023, las investigadoras encontraron una disminución promedio de 3,6 puntos en el cociente intelectual total, concentrada principalmente en las habilidades verbales, mientras las capacidades no verbales mostraron mayor estabilidad.

El resultado es compatible con la hipótesis de una desaceleración o reversión del llamado efecto Flynn, el incremento de las puntuaciones de inteligencia observado durante buena parte del siglo XX. Pero “compatible” no significa demostrado. La muestra no fue diseñada para representar a todos los niños argentinos, se limitó a escuelas privadas y comparó grupos diferentes en momentos distintos. No se detallan en el documento todas las condiciones de selección, la distribución territorial ni los cambios sociales y escolares que podrían haber influido. Incluso aparece una inconsistencia editorial que debería ser aclarada: el texto identifica la cohorte intermedia como correspondiente a 2019, mientras uno de los gráficos la denomina 2018.

Una segunda comparación, efectuada en 2023 con 89 estudiantes de escuelas públicas y 184 de privadas de la provincia de Buenos Aires, encontró diferencias muy grandes en los resultados verbales, no verbales y totales. Sin embargo, el propio trabajo advierte que no se controlaron las múltiples variables sociales, familiares y económicas relacionadas con el tipo de escuela. Por eso, los datos deben entenderse como una señal para profundizar la investigación, no como una medición definitiva de la inteligencia de los alumnos de la escuela pública ni como evidencia de que la gestión estatal cause un menor desempeño.

Presentar estos resultados sin sus límites sería injusto y científicamente equivocado. El riesgo es transformar un problema de desigualdad de oportunidades en una etiqueta sobre los niños que padecen esa desigualdad. La pregunta correcta no es si una generación se volvió menos inteligente, sino qué condiciones sociales, familiares y escolares estamos ofreciendo para que pueda desarrollar plenamente sus capacidades.

Un sistema con luces aisladas dentro de una crisis profunda

El panorama tampoco es uniformemente negativo. Aprender 2025 mostró que el 76,9% de los estudiantes de sexto grado alcanzó niveles satisfactorios o avanzados en Lengua, el porcentaje más elevado de la última década. En 2023 había sido del 66,4%. La proporción ubicada por debajo del nivel básico bajó del 11,9% al 4,9%. En Matemática también hubo una mejora, aunque apenas cinco de cada diez alumnos alcanzaron los aprendizajes esperados. (Argentina.gob.ar)

Estos resultados no desmienten la crisis señalada por PISA. Aprender evalúa sexto grado de primaria, mientras PISA observa a jóvenes de 15 años después de casi toda su trayectoria escolar. La coexistencia de ambos datos sugiere que algunas intervenciones tempranas pueden funcionar, pero sus efectos deben sostenerse durante la secundaria. También impide caer en un relato puramente catastrófico: el sistema conserva docentes, escuelas y experiencias capaces de producir mejoras. El desafío es convertir esos avances puntuales en una política continua que sobreviva a los cambios de gobierno.

El Ministerio de Capital Humano atribuyó los resultados de PISA 2025 a las administraciones anteriores y particularmente a los gobiernos kirchneristas. Es cierto que la evaluación refleja trayectorias iniciadas alrededor de 2013 y, por lo tanto, no puede utilizarse para medir directamente políticas adoptadas durante los últimos meses. Pero reducir el deterioro a una sola fuerza política también constituye una simplificación interesada. La crisis se acumuló durante diferentes gobiernos nacionales y provinciales, atravesó períodos de mayor y menor inversión y compromete a un sistema federal en el cual las provincias ejecutan aproximadamente tres de cada cuatro pesos destinados a educación. (Argentina.gob.ar)

El Gobierno actual no puede considerarse ajeno a la responsabilidad futura. El presupuesto nacional de 2026 prevé una recuperación real respecto de 2025, pero la inversión nacional en Educación y Cultura equivaldría apenas al 0,75% del PBI, por debajo del 0,86% de 2024 y lejos del máximo del 1,59% alcanzado en 2015. El incremento parte de niveles históricamente bajos y el proyecto oficial propone, además, eliminar la obligación legal de alcanzar una inversión educativa consolidada del 6% del producto. (Argentinos por la Educación)

El riesgo de un país productivo sin trabajadores preparados

La educación no garantiza por sí sola el desarrollo, pero ningún proceso sostenido de desarrollo puede construirse sin educación. Un país cuyos jóvenes no comprenden textos complejos ni dominan operaciones matemáticas básicas tendrá menor productividad, escasa capacidad de innovación, dificultades para incorporar tecnología y una dependencia creciente del conocimiento producido en el exterior. En lugar de generar empleos calificados, corre el riesgo de especializarse en actividades primarias y puestos laborales de baja complejidad.

Para Neuquén, esta discusión tiene una dimensión concreta. Vaca Muerta demanda técnicos, ingenieros, geólogos, programadores, especialistas ambientales, operadores de equipos automatizados y trabajadores capaces de interpretar protocolos, planos, mediciones y normas de seguridad.

Si el sistema educativo local y nacional no forma esas capacidades, la expansión energética puede convivir con jóvenes neuquinos excluidos de los mejores empleos. El territorio producirá riqueza, pero deberá importar conocimiento y trabajadores calificados, mientras una parte de su población quedará relegada a ocupaciones precarias. Esa es la diferencia entre tener recursos naturales y transformarlos verdaderamente en desarrollo.

La debilidad lectora también constituye un riesgo democrático. Una población con dificultades para comprender argumentos, evaluar fuentes y distinguir evidencia de propaganda es más vulnerable a las noticias falsas, las manipulaciones algorítmicas y los discursos políticos simplificadores. En la era de la inteligencia artificial, la alfabetización ya no consiste únicamente en poder leer palabras: exige interpretar, contrastar, formular preguntas y comprender cómo se produce la información.

La emergencia silenciosa

La Argentina suele reaccionar ante las crisis cuando se vuelven visibles y urgentes. La educación funciona de otra manera: sus daños se acumulan lentamente y aparecen cuando ya resulta difícil repararlos. Un alumno que no aprendió a leer adecuadamente en los primeros años probablemente tendrá problemas para estudiar Ciencias, Matemática e Historia; más tarde encontrará obstáculos para completar la secundaria, ingresar a una carrera o acceder a un trabajo calificado. Cada aprendizaje que no se consolida se convierte en una deuda que el sistema traslada al nivel siguiente.

El informe de la Universidad Austral debe ser leído como una advertencia, no como una sentencia irreversible. Sus datos cognitivos necesitan investigaciones más amplias y representativas, pero las evaluaciones nacionales e internacionales ya ofrecen evidencia suficiente para actuar. La prioridad debe incluir alfabetización temprana, recuperación intensiva de Matemática, formación y estabilidad docente, infraestructura, extensión del tiempo escolar con contenido pedagógico, reglas claras para el uso de dispositivos y apoyo focalizado en las escuelas que atienden a las poblaciones más vulnerables.

La discusión no puede reducirse a culpar a los docentes, a las familias, a las pantallas o al gobierno anterior. Tampoco alcanza con aumentar partidas presupuestarias si no existen objetivos, seguimiento y evaluación. La Argentina necesita financiamiento sostenido, pero también una política educativa nacional que acumule aprendizajes institucionales, mida resultados, corrija errores y se mantenga durante más de un mandato.

La generación en alerta no es una generación perdida. Es una generación a la que el mundo adulto está fallando. Si el país no revierte esa trayectoria, el costo no se medirá solamente en puntos de una evaluación: aparecerá en menor crecimiento, mayor desigualdad, empleos de peor calidad, dependencia tecnológica y una democracia más vulnerable.

La educación siempre habla del futuro, pero las decisiones que lo construyen —o lo hipotecan— se toman ahora.