Siguen los escándalos en la ex ANDIS: una auditoría detectó un desfasaje multimillonario de $158.000 millones

Una nueva auditoría oficial sobre la ex Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) expuso un desfasaje multimillonario en sus registros internos de deuda por $158.717 millones. La irregularidad surgió al comparar los informes de la Dirección de Presupuesto y Contabilidad con los de la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud, que reportó pasivos considerablemente más elevados hasta el desplome de la gestión de Diego Spagnuolo el pasado 21 de agosto de 2025.

Las revelaciones se suman a la causa penal que tramita en la Justicia federal bajo la órbita del fiscal Franco Picardi, quien investiga a la ex ANDIS como una posible "ventanilla de pagos millonarios, permanentes y direccionados" mediante un esquema de asociación ilícita, sobreprecios y presuntos retornos. Spagnuolo, exabogado personal de Javier Milei y referente del espacio oficialista, figura señalado en el expediente como el principal responsable de las maniobras.

Entre los puntos más significativos del informe auditado y de la causa judicial sobresalen:

• Inconsistencias contables y legítimo abono: Incoherencias masivas entre áreas presupuestarias y el uso del mecanismo de "legítimo abono" para abonar compras sin los procedimientos ordinarios de contratación. En solo seis procesos de compra de medicamentos e insumos entre 2024 y agosto de 2025, se desembolsaron $479.504 millones.

• Investigación por fraude y coimas: La Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud se encuentra bajo la lupa fiscal por contrataciones irregulares que habrían contemplado sobreprecios y presuntas dádivas de hasta un 20%.

• Avances clave en la causa testimonial: Declarará desde Bolivia como testigo Nadia Beller (expareja del consultor Fernando Cerimedo), quien aportará grabaciones inéditas que respaldan la filtración original de los audios donde se mencionaban las maniobras irregulares y los pedidos de comisiones dentro del organismo.

El dictamen judicial busca determinar el alcance total de los sobrepagos y la red de complicidades dentro de la estructura de la ex agencia estatal durante los últimos dos años.