El proyecto de Presupuesto 2027 profundiza los recortes en ciencia, universidades y discapacidad

El Gobierno nacional presentó ante la Cámara de Diputados el proyecto de ley del Presupuesto 2027, estableciendo como eje central de la política económica la sostenibilidad del equilibrio fiscal. De acuerdo con las pautas generales fijadas en el texto elaborado por la Casa Rosada y el Ministerio de Economía, el Ejecutivo prevé un crecimiento del PBI del 4 % anual, una inflación acumulada del 18 % y un tipo de cambio de $1.847,6 por dólar para fin de año. Sin embargo, el detalle de la asignación de recursos reabrió un fuerte debate político y social por los recortes previstos en áreas sensibles como la salud, la educación superior y el desarrollo científico.

Cambios en el régimen de discapacidad

Uno de los puntos del proyecto que genera mayor contención es la reformulación del sistema de prestaciones básicas y pensiones no contributivas por invalidez:

• Desregulación de aranceles: Se elimina la actualización mensual obligatoria atada al Índice de Precios al Consumidor (IPC), permitiendo que cada obra social o medicina prepaga fije sus propios aranceles en función de un piso prestacional mínimo.

• Criterio médico para la asignación: La propuesta promueve el retorno a un modelo de dictamen médico para determinar la invalidez laboral, reemplazando el uso generalizado del Certificado Único de Discapacidad (CUD) para el acceso a las pensiones.

• Incompatibilidad laboral: Se establece que la pensión por invalidez se extinguirá automáticamente ante el ingreso al mercado de trabajo formal o el alta en categorías tributarias como el Monotributo.

Financiamiento universitario y sistema científico

En materia de educación superior, el Presupuesto 2027 destina $7,3 billones para las universidades nacionales, una cifra sustancialmente menor a los $11 billones solicitados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para garantizar el funcionamiento operativo, las partidas salariales, las becas estudiantiles y la investigación. rectores y gremios docentes ya advierten sobre una pérdida del poder adquisitivo superior al 30 % y analizan medidas de fuerza, incluyendo una nueva marcha federal.

El área científica y tecnológica también reflejará reducciones en términos reales al cotejarse con la pauta inflacionaria:

• Conicet: Recibirá $824.539 millones (un incremento nominal del 10,9 % respecto a 2026), ubicándose por debajo de las previsiones de la inflación proyectada.

• Organismos técnicos: El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) registrará una disminución del 12,4 % nominal, mientras que el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) sufrirán recortes directos en sus presupuestos.

• CNEA y Promoción Científica: La Comisión Nacional de Energía Atómica tendrá un ajuste casi nulo (+0,2 %), mientras que referentes del sector advierten por la parálisis en los proyectos de investigación para científicos jóvenes.

Modificaciones en las Asignaciones Familiares

Finalmente, el texto propone derogar tres artículos del Régimen de Asignaciones Familiares (Ley 27.160), eliminando el mecanismo de movilidad automática mensual por IPC para prestaciones como la Asignación Universal por Hijo (AUH), la asignación por embarazo y los pagos por discapacidad. De aprobarse el proyecto, las actualizaciones de estos montos quedarán sujetas a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo.

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