Pensamiento o barbarie: la batalla política que revela PISA

Los últimos resultados de las pruebas PISA deberían provocar algo más profundo que la habitual discusión sobre escuelas, docentes, presupuestos o métodos de enseñanza. En la Argentina, apenas el 24% de los estudiantes de 15 años alcanzó el nivel mínimo esperado en matemática, el 40% lo consiguió en lectura y el 41% en ciencias.

Dicho de una manera mucho más incómoda: el 76% no pudo resolver satisfactoriamente problemas matemáticos elementales; el 60% tuvo dificultades para comprender y analizar un texto de complejidad moderada, y el 59% no alcanzó el nivel básico necesario para interpretar fenómenos científicos y determinar, incluso en casos sencillos, si una conclusión es válida a partir de los datos disponibles.

Los resultados de 2025 fueron inferiores a los de 2022 en las tres áreas evaluadas y también quedaron por debajo de los registros de 2018. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos advirtió, además, que la distancia entre los estudiantes con mejores y peores desempeños se amplió en matemática y ciencias. No solamente se deterioró el aprendizaje: también aumentó la desigualdad en el acceso a las herramientas necesarias para comprender el mundo. OCDE: resultados PISA 2025 de Argentina

Conviene evitar una conclusión tan sencilla como equivocada: obtener malos resultados en PISA no convierte automáticamente a una persona en votante de extrema derecha. Una evaluación educativa tampoco mide sensibilidad, solidaridad, valores democráticos ni calidad humana. Personas altamente instruidas acompañaron dictaduras, justificaron guerras y diseñaron sistemas de exterminio. La historia está llena de barbaries concebidas y administradas por hombres educados.

Pero sería igualmente irresponsable negar la relación entre el deterioro de las capacidades críticas de una sociedad y su vulnerabilidad frente a los discursos autoritarios. PISA no evalúa la ideología de los adolescentes. Examina, entre otras cosas, su capacidad para comprender textos, resolver problemas, comparar alternativas, utilizar evidencias y aplicar conocimientos a situaciones de la vida real. Esas capacidades también forman parte de la infraestructura intelectual de una democracia.

Una ciudadanía que tiene dificultades para identificar la idea central de un texto queda más expuesta a aceptar una frase fuera de contexto. Una población con pocas herramientas para interpretar estadísticas puede ser engañada más fácilmente con números falsos o porcentajes manipulados. Quien no aprendió a distinguir una afirmación de una evidencia tendrá mayores dificultades para reconocer una operación política. Y cuando comprender una realidad compleja se vuelve difícil, la explicación más simple —aunque sea falsa— adquiere una enorme ventaja.

Ahí aparece la extrema derecha con su producto político predilecto: la reducción brutal de la realidad.

Todo se transforma en una batalla entre buenos y malos, patriotas y traidores, gente de bien y delincuentes, productivos y parásitos. La pobreza deja de ser el resultado de relaciones económicas y decisiones políticas para convertirse en un defecto moral del pobre. El inmigrante pasa a ser una amenaza. El científico, un privilegiado. El docente, un adoctrinador. El periodista que pregunta, un enemigo. El adversario político ya no está equivocado: es una rata, una basura, alguien a quien se debe expulsar simbólicamente del espacio público.

No es pensamiento político. Es una regresión del lenguaje hasta convertirlo en gruñido tribal.

El bestialismo no consiste solamente en insultar. Consiste en despojar al otro de su condición humana para que cualquier violencia posterior parezca aceptable. Primero se lo reduce a una etiqueta: “casta”, “zurdo”, “planero”, “negro”, “inmigrante”, “feminazi” o “degenerado”. Después se lo presenta como una carga, una enfermedad o un peligro. Finalmente, su sufrimiento deja de importar. El ajuste sobre los jubilados se convierte en una necesidad técnica; el abandono de una persona con discapacidad, en ahorro fiscal; la represión, en orden; y la crueldad, en una supuesta demostración de coraje.

La degradación educativa no crea por sí sola ese discurso, pero debilita las defensas sociales necesarias para enfrentarlo.

La extrema derecha contemporánea comprendió que no necesita demostrar: le alcanza con impactar. No necesita explicar: necesita señalar un culpable. No busca ciudadanos que evalúen políticas públicas, sino audiencias que reaccionen emocionalmente. Las redes sociales completaron el dispositivo al premiar la indignación, la velocidad y el conflicto. Un argumento requiere tiempo; un insulto, siete segundos. Una explicación económica necesita contexto; una mentira puede resumirse en una imagen. La duda razonada pierde frente a la certeza estridente.

En ese escenario, pensar se convierte en un acto de rebeldía.

Pensar es negarse a aceptar que todo problema tiene una sola causa y un único culpable. Es pedir pruebas cuando el poder exige fe. Es buscar contexto cuando el algoritmo ofrece furia. Es formular una pregunta después de que el líder ha ordenado obedecer. Es reconocer humanidad en aquella persona que la propaganda intenta transformar en enemigo.

Pensar es rebelarse contra la orden de odiar.

Esto no sucede solamente en la Argentina. Las derechas radicalizadas crecieron en sociedades golpeadas por la desigualdad, la precarización laboral, el miedo al descenso social y la pérdida de confianza en las instituciones. La educación es una variable importante, pero no la única. También intervienen el empobrecimiento, la frustración con democracias que prometieron derechos y administraron exclusiones, el resentimiento contra las élites y la incapacidad de los partidos tradicionales para ofrecer una expectativa de futuro.

El autoritarismo no avanza porque millones de personas se hayan vuelto repentinamente fascistas. Avanza porque consigue convertir dolores reales en odios dirigidos. Toma una frustración legítima y le asigna un enemigo conveniente. Le dice al trabajador precarizado que su problema no es la concentración de la riqueza, sino otro pobre; al pequeño comerciante, que sus dificultades no provienen de una economía recesiva, sino únicamente de los impuestos; al joven sin futuro, que la culpa es del feminismo, de la universidad pública, de la política o de algún colectivo vulnerable.

Es una pedagogía de la crueldad.

La historia del fascismo europeo obliga, sin embargo, a evitar otro reduccionismo. Alemania e Italia no eran sociedades analfabetas cuando avanzaron Hitler y Mussolini. Contaban con universidades, científicos, escritores y sistemas educativos desarrollados. La instrucción técnica no impidió la barbarie porque educar no es solamente transmitir conocimientos. También es formar conciencia histórica, responsabilidad colectiva, capacidad de convivencia y límites éticos frente al poder.

Se puede saber mucha matemática y obedecer a un criminal. Se puede leer perfectamente y elegir únicamente los textos que confirman los propios prejuicios. Se puede poseer una formación científica y ponerla al servicio de la destrucción. Por eso, el desafío no consiste simplemente en elevar un puntaje internacional, sino en reconstruir una educación que enseñe a pensar y, al mismo tiempo, a reconocer al otro como un semejante.

En la Argentina, la crisis educativa es anterior al actual gobierno y atraviesa administraciones de diferentes signos políticos. Sería intelectualmente deshonesto atribuírsela a una sola fuerza. Pero también sería ingenuo ignorar que el deterioro educativo beneficia a quienes gobiernan mediante la simplificación, el enfrentamiento y la mentira. Una sociedad entrenada para repetir antes que para comprender es más fácil de manipular.

Por eso no resulta casual que las fuerzas autoritarias desconfíen de las universidades, ataquen a los investigadores, desacrediten a los docentes y presenten a la cultura como un gasto inútil. El conocimiento introduce matices; el autoritarismo necesita certezas. La ciencia exige pruebas; el fanatismo exige obediencia. La historia conserva la memoria; el poder sin límites necesita olvido.

Defender la educación pública no es, entonces, una consigna sectorial ni una reivindicación romántica. Es una política de defensa democrática.

La escuela es uno de los pocos lugares donde un niño puede descubrir que el mundo no comenzó con su propia experiencia, que una afirmación debe demostrarse, que los problemas admiten más de una perspectiva y que quien piensa distinto no es necesariamente un enemigo. Cuando esa institución se debilita, su lugar puede ser ocupado por el algoritmo, el influencer, el predicador político o el empresario de la indignación.

El dato más preocupante de PISA no es solamente que tantos jóvenes no puedan resolver una operación o comprender adecuadamente un texto. Es que estamos naturalizando la construcción de una sociedad en la cual se castiga la duda, se ridiculiza el conocimiento y se celebra la ignorancia como si fuera autenticidad popular.

La extrema derecha no inventó esa fragilidad, pero aprendió a explotarla. Convierte la falta de información en identidad, la brutalidad en franqueza y la incapacidad para comprender al otro en una supuesta virtud moral. No libera a las personas de una élite intelectual: las desarma frente a quienes pretenden dominarlas mediante el miedo y el resentimiento.

La democracia necesita ciudadanos capaces de soportar la complejidad, revisar sus convicciones y reconocer humanidad incluso en quien piensa diferente. Cuando esas capacidades se pierden, la política se vuelve binaria, el adversario se convierte en enemigo y la crueldad empieza a confundirse con valentía.

La decadencia educativa no conduce inevitablemente al fascismo. Pero una sociedad que pierde la capacidad de leer, relacionar, dudar y verificar queda peligrosamente indefensa frente a quienes ofrecen odio en lugar de respuestas.

Frente a ese avance, pensar es mucho más que una capacidad intelectual. Es una forma de resistencia. Preguntar es desobedecer. Comprender es recuperar la libertad. Reconocer al otro como ser humano es impedir que la política se convierta definitivamente en barbarie.

Cuando la ignorancia se organiza como fuerza política y el odio se ofrece como identidad colectiva, pensar deja de ser solamente un derecho: se convierte en un acto de rebelión.