NeuquenNewsLa causa que investiga el presunto desvío de fondos públicos hacia la cooperativa Viento Sur atraviesa una etapa decisiva. El Ministerio Público Fiscal solicitó la realización de una audiencia de control de acusación, paso previo a la apertura de un juicio. Para comprender cómo se llegó a este punto, es necesario reconstruir el origen de la investigación.
El caso se vincula con el “Programa de Acciones de Fortalecimiento para la Capacitación de Integrantes de las Organizaciones de la Sociedad Civil”, creado en 2022 por el Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo de Neuquén, durante la gestión de Omar Gutiérrez. El objetivo era otorgar aportes no reintegrables para capacitaciones y herramientas de inserción laboral.
Sin embargo, la Fiscalía detectó que los desembolsos a Viento Sur comenzaron un mes antes de la creación formal del programa y se extendieron hasta diciembre de 2023. Los controles previstos —como la verificación institucional, la certificación de autoridades y la acreditación de capacitaciones— no se habrían cumplido de manera adecuada.
El 12 de julio de 2024, la Policía de Neuquén realizó 14 allanamientos simultáneos en sedes de organizaciones sociales, domicilios particulares y la propia cooperativa. Los procedimientos, encabezados por el fiscal jefe Pablo Vignaroli y el fiscal de Delitos Económicos Juan Manuel Narváez, buscaban documentación sobre el destino de los recursos estatales.
El 8 de abril de 2025, la Fiscalía formuló cargos contra seis integrantes de Viento Sur. Según la acusación, los fondos destinados a capacitaciones laborales fueron utilizados para otros fines:
$1.093 millones en sueldos mediante más de 10.000 transferencias.
$180 millones en pagos a proveedores y servicios.
$179 millones en plazos fijos, que generaron $40 millones en intereses.
$23 millones en la compra de bienes e inmuebles, entre ellos terrenos y vehículos.
El perjuicio calculado quedó establecido en $1.208 millones a valores históricos.
Los imputados rechazaron la acusación y sostuvieron que los recursos fueron destinados a trabajadores y herramientas para las actividades de la cooperativa. “Nunca nos pidieron rendiciones”, afirmó Diego Mauro, referente del Frente de Organizaciones en Lucha.
La investigación abrió un nuevo frente: si los controles eran obligatorios, ¿ quién debía realizarlos dentro del Estado provincial? Esa pregunta llevó a los fiscales a ampliar la pesquisa hacia exfuncionarios y derivó en la incorporación de ocho imputados.
