NeuquenNewsLa promesa de llevar internet a escuelas rurales con conectividad deficiente o inexistente tiene una particularidad: buena parte de esa infraestructura ya existe y está siendo sostenida por una empresa estatal. Sin embargo, el gobierno de Javier Milei decidió avanzar con Starlink, la compañía de Elon Musk, para conectar a 6000 establecimientos de todo el país.
El acuerdo, formalizado por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), compromete casi US$ 21,9 millones del Fondo del Servicio Universal (FSU). Starlink aporta unos US$ 10 millones en kits, accesorios y los primeros dos años de servicio, mientras el Estado destina cerca de US$ 11,9 millones para instalación, soporte técnico, monitoreo y un tercer año de conectividad. Después, la cuenta quedará en manos de las provincias y municipios que adhieran al programa.
Este martes, la Licenciada en Economía y delegada de ARSAT, Daiana García, publicó una columna en Tiempo en la que advertía que «hoy Arsat cuesta aproximadamente un tercio de lo que cuesta Starlink. Una diferencia significativa que demuestra que no buscan ahorrar o hacer más eficiente el Estado sino, lisa y llanamente, desfinanciar a ARSAT».
La operación fue presentada como una donación de Starlink. La empresa envió el 15 de julio una carta de intención al Enacom y apenas nueve días después el Gobierno aprobó el acuerdo. La resolución encuadró el mecanismo como una “donación con cargo”: Starlink entrega los equipos y cubre parte del servicio, mientras el Estado financia otros componentes y, terminado el período inicial, las jurisdicciones deberán continuar contratando el servicio.
La velocidad del procedimiento y la ausencia de una licitación son dos de los puntos que generan mayores interrogantes. La resolución no surgió de una compulsa entre distintos proveedores que permitiera comparar precios, tecnologías y condiciones, sino de una propuesta presentada directamente por la empresa de Musk.
El especialista en telecomunicaciones Martín Becerra cuestionó que la propuesta haya sido aprobada prácticamente de manera inmediata. Además, señaló que no hubo una evaluación técnica ni una consulta previa para determinar cuáles serían las 6.000 escuelas beneficiadas.
Becerra también puso el foco sobre el origen de los recursos. El Fondo del Servicio Universal se financia con un aporte del 1% de las empresas de telecomunicaciones que operan en el país, incluida Starlink. Así, empresas que compiten en el mercado aportan al fondo y ahora quedan fuera del procedimiento mediante el cual esos recursos son utilizados para financiar a la compañía de Musk.
“Una parte significativa de esa financiación ha sido aportada, en algunos casos, por los competidores de Starlink”, explicó el investigador del Conicet, quien criticó que la empresa acceda a esos recursos “mediante un proceso a dedo”.
El desplazamiento de ARSAT es uno de los aspectos más controvertidos del acuerdo. Según los datos difundidos por Sternik, ARSAT actualmente brinda conectividad satelital a unas 1.845 escuelas —1.500 mediante ARSAT-1 y el resto a través del satélite SES-17— y coordina además la conectividad terrestre de otros 11.000 establecimientos mediante operadores vinculados a la Red Federal de Fibra Óptica.
Ezequiel Mc Govern, responsable de Innovación de ARSAT le dijo a Letra P que la empresa estatal está en condiciones de ampliar sustancialmente las prestaciones: «Todos estos servicios, con el SG-1, los podríamos dar sin ningún tipo de problema, hasta 50 megas por segundo y sin estos límites de datos», afirmó. Y agregó un dato particularmente sensible para las cuentas de la empresa estatal: “Actualmente (el gobierno) le debe más de 60 millones de dólares a ARSAT en servicios prestados”.
Uno de los argumentos en favor de Starlink es su capacidad tecnológica. La empresa de Musk ofrece velocidades superiores a las que actualmente brindan los satélites ARSAT-1 y ARSAT-2, una diferencia relevante cuando existen numerosos usuarios conectados simultáneamente.
El especialista Enrique Carrier, citado por Letra P, sostuvo que una licitación abierta habría permitido evaluar diferentes tecnologías, condiciones y precios. También señaló que todavía existen interrogantes sobre cuánto costará efectivamente el servicio una vez finalizados los tres años iniciales.
En la columna de García, la trabajadora ubicó el conflicto dentro de una discusión más amplia sobre el papel estratégico de la empresa estatal. Recordó que ARSAT administra una red de aproximadamente 34.000 kilómetros de fibra óptica, además de los satélites ARSAT-1 y ARSAT-2, y que desde 2017 su programa de conectividad permitió llevar internet a miles de escuelas rurales.
Para la trabajadora, el Gobierno no estaría simplemente reemplazando un proveedor por otro, sino debilitando una infraestructura construida durante años con recursos públicos. En esa línea, sostuvo que existen casi 18.000 escuelas rurales en el país y cuestionó que, en lugar de avanzar sobre las que todavía no tienen conectividad, se busque reemplazar el trabajo que ya realiza ARSAT.
García subraya que el Gobierno decidió, por si fuera poco, migrar parte de los repositorios alojados en el Datacenter de ARSAT hacia Amazon y Google, lo que, desde su perspectiva, forma parte de un proceso más amplio de pérdida de capacidades estratégicas nacionales.
