Proponen destinar el 50% de las retenciones al petróleo y gas para financiar rutas hacia Vaca Muerta

El crecimiento de la producción de petróleo y gas en Vaca Muerta ha generado una presión creciente sobre la red vial de la Patagonia norte y otras regiones del país. Por esos corredores circulan diariamente camiones con arenas, equipos, tubos, maquinaria, agua, combustibles e insumos, además del transporte de trabajadores y prestadores de servicios. Frente a esa realidad, el diputado nacional por Río Negro, Marcelo Mango, presentó un proyecto de ley que propone la creación del Fondo Federal para la Infraestructura Vial de Vaca Muerta.

La iniciativa establece que el Estado nacional destine al menos el 50% de los derechos de exportación de petróleo y gas a financiar obras viales estratégicas. “No es razonable que la Nación recaude derechos sobre la exportación de hidrocarburos mientras las provincias afrontan con recursos propios el mantenimiento de las rutas que permiten producir y exportar esos hidrocarburos”, sostuvo Mango al fundamentar la propuesta.

Un sistema vial estratégico

El proyecto no limita el fondo a Neuquén y Río Negro, sino que contempla un Sistema Vial Estratégico de Vaca Muerta, que podría incorporar rutas nacionales, provinciales y municipales cuando cumplan una función logística vinculada con la producción, transporte o exportación de hidrocarburos. También incluye accesos, circunvalaciones, variantes, puentes y distribuidores necesarios para atender el tránsito generado por la actividad.

La Dirección Nacional de Vialidad deberá elaborar un Plan Maestro Vial de Vaca Muerta, relevando tránsito pesado, estado de conservación, obras inconclusas, zonas urbanas afectadas y necesidades de ampliación. En ese esquema se incorporan también las rutas nacionales cuya administración fue transferida a las provincias, como ocurre en Río Negro con las rutas 22 y 151, corredores claves para el Alto Valle y la logística hidrocarburífera.

La Ruta 22 es señalada como eje central de la Patagonia norte por su conexión entre áreas productivas, Vaca Muerta, puertos, pasos internacionales y otras rutas nacionales. El proyecto advierte que el crecimiento de la producción requiere obras que superen el mantenimiento básico, como variantes, circunvalaciones, accesos y duplicaciones de calzada.

Distribución de los recursos

El texto establece que al menos el 60% de los recursos anuales se destinen a rutas existentes (mantenimiento, reparación, rehabilitación y terminación de obras), mientras que hasta el 40% podrá utilizarse para nuevas rutas, ampliaciones y circunvalaciones.

Para distribuir el dinero en rutas existentes se aplicarán tres variables:

• 40% según los kilómetros-carril incorporados al sistema.

• 40% de acuerdo con el tránsito pesado vinculado con Vaca Muerta.

• 20% según un índice de criticidad vial (estado de conservación, siniestralidad, obras inconclusas y riesgos de interrupción).

En cuanto a nuevas obras, deberán priorizarse según el tránsito actual y proyectado, su conexión con áreas productivas, parques industriales, terminales y puertos, la reducción de la siniestralidad y del tránsito pesado en zonas urbanas, y la disminución de costos logísticos.

Estimaciones de financiamiento

El proyecto calcula que, bajo un escenario teórico de una alícuota uniforme del 8% sobre exportaciones de petróleo y gas, los derechos de exportación podrían alcanzar unos USD 647,5 millones. Con una afectación del 50%, el fondo recibiría alrededor de USD 323,8 millones. El texto aclara que la recaudación efectiva podría ser menor, y prevé un mecanismo para evaluar el impacto de exenciones y beneficios aduaneros —incluidos los vinculados al RIGI— sobre los recursos disponibles.

El informe anual deberá contemplar exportaciones exentas, recaudación no percibida y si aun destinando el 100% de los derechos cobrados existe insuficiencia para financiar las obras prioritarias.

Fundamentación política

Mango cerró la presentación con un planteo contundente: “Vaca Muerta no puede desarrollarse sobre rutas destruidas, obras paralizadas, accesos inseguros y travesías urbanas saturadas de camiones”. La propuesta busca que una parte de los ingresos generados por las exportaciones hidrocarburíferas se reinvierta en la infraestructura pública que hace posible su explotación, transporte y salida hacia los mercados internacionales.