Israel avanza sobre Cisjordania pese al rechazo internacional: 18 países exigen frenar nuevos asentamientos

La presión diplomática sobre el Gobierno israelí por el avance de nuevos asentamientos en Cisjordania volvió a crecer durante las últimas horas. Una declaración conjunta que comenzó encabezada por un grupo reducido de gobiernos reúne actualmente a 18 países y a la Comisión Europea, que reclaman a Israel retirar de manera inmediata la licitación para el proyecto E1 y detener la expansión de los asentamientos en los territorios palestinos ocupados.

El 22 de agosto, Europa Press informó sobre la incorporación de España y varios países más a la declaración internacional, que en ese momento reunía, entre otros, a Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Canadá, Países Bajos, Noruega, Australia, Nueva Zelanda, Suecia, Bélgica, España, Austria, Grecia y Chipre. 

Sin embargo, el documento siguió sumando adhesiones. El Gobierno británico, encargado de publicar y actualizar la declaración conjunta, incorporó el 24 de agosto a Finlandia, Islandia y Lituania. De esta manera, los firmantes son actualmente Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Canadá, Noruega, Australia, Nueva Zelanda, Suecia, Bélgica, España, Austria, Grecia, Chipre, Finlandia, Islandia y Lituania, además de la Comisión Europea.

Los gobiernos calificaron como “inaceptable” la decisión israelí de avanzar con las licitaciones de construcción y advirtieron que el proyecto E1 perjudicaría directamente la continuidad territorial de un eventual Estado palestino.

Qué es E1 y por qué genera tanta preocupación

E1 es una zona estratégica situada al este de Jerusalén, entre Jerusalén Este y el gran asentamiento israelí de Ma'ale Adumim. Durante décadas, diferentes gobiernos israelíes impulsaron proyectos de construcción en el área, pero su desarrollo fue postergado en reiteradas ocasiones debido a la presión internacional.

La razón es fundamentalmente geográfica.

La construcción de un gran núcleo de asentamientos israelíes en ese corredor consolidaría la conexión territorial entre Jerusalén y Ma'ale Adumim, mientras dificultaría la conexión palestina entre el norte y el sur de Cisjordania y el acceso territorial hacia Jerusalén Este.

La propia Unión Europea afirmó el 23 de agosto que la implementación de E1 “dividiría Cisjordania en dos” y aislaría Jerusalén Este, erosionando todavía más la viabilidad de una solución basada en dos Estados. 

España planteó el mismo argumento. El Ministerio de Asuntos Exteriores español sostuvo que la construcción en E1 rompe la continuidad territorial palestina y separa Jerusalén Este de Cisjordania, por lo que exigió al Gobierno israelí revertir la decisión. 

Una licitación por 1.234 viviendas

El paso que provocó esta nueva reacción diplomática ocurrió el 18 de agosto, cuando el Ministerio de Vivienda israelí abrió una licitación para construir 1.234 unidades residenciales distribuidas en siete complejos dentro de E1.

Las ofertas podrán presentarse hasta el 19 de octubre de 2026.

Las 1.234 viviendas representan aproximadamente un tercio del proyecto completo de 3.401 unidades habitacionales aprobado para E1 en agosto de 2025. La organización israelí Peace Now, que desde hace años monitorea la expansión de los asentamientos, confirmó esos datos y señaló además que el proyecto continúa siendo objeto de una disputa ante la Justicia israelí.

El dato permite dimensionar la importancia de la decisión: no se trata simplemente de ampliar un asentamiento existente, sino de comenzar a ejecutar uno de los proyectos territoriales más controvertidos de Cisjordania.

La ONU también advierte sobre las consecuencias

La preocupación excede a los gobiernos europeos.

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, se declaró “profundamente alarmado” por la licitación y sostuvo que el desarrollo de E1 podría interrumpir de hecho la conexión entre el norte y el sur de Cisjordania.

Naciones Unidas señaló que las consecuencias serían especialmente graves para la integridad territorial palestina y representarían una “amenaza existencial” para la solución de dos Estados. 

La discusión tiene además un fundamento jurídico concreto.

La Resolución 2334 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, aprobada en diciembre de 2016, establece que los asentamientos israelíes creados en los territorios ocupados desde 1967, incluida Jerusalén Este, “no tienen validez jurídica” y constituyen una violación flagrante del derecho internacional. La resolución también exige a Israel detener completamente la actividad de asentamientos.

A esto se agregó la opinión consultiva emitida por la Corte Internacional de Justicia en julio de 2024, que volvió a considerar contrarios al derecho internacional los asentamientos establecidos y mantenidos por Israel en Cisjordania y Jerusalén Este.

Una advertencia también dirigida a las empresas

Uno de los aspectos menos habituales de la declaración conjunta es que no está dirigida únicamente al Gobierno israelí.

Los países firmantes también advirtieron directamente a las empresas constructoras y proveedoras que eventualmente participen de las licitaciones.

“Las empresas no deberían considerar la posibilidad de concurrir a estas licitaciones de construcción”, señala el comunicado difundido por los gobiernos, que advierte sobre posibles consecuencias legales y reputacionales derivadas de participar en actividades que puedan quedar involucradas en violaciones graves del derecho internacional.

Europa Press ya había destacado este punto en su información del 22 de agosto, al señalar que la declaración internacional buscaba trasladar la presión diplomática también hacia las compañías interesadas en desarrollar las obras.

Israel rechaza las críticas

El Gobierno israelí, sin embargo, rechazó las objeciones internacionales.

El ministro de Relaciones Exteriores, Gideon Sa'ar, respondió especialmente a las críticas británicas y defendió el derecho de los ciudadanos israelíes a instalarse en Cisjordania. Sa'ar sostuvo que el pueblo judío tiene derecho a vivir en lo que definió como la totalidad de la Tierra de Israel y calificó de paternalista la postura de Londres. 

La cuestión de E1 forma parte, además, de una estrategia defendida públicamente por sectores de la coalición gobernante de Benjamin Netanyahu.

Cuando el proyecto recibió su aprobación definitiva en 2025, el ministro de Finanzas Bezalel Smotrich, uno de sus principales impulsores, sostuvo que su desarrollo buscaba precisamente impedir la formación de un Estado palestino territorialmente continuo.

Es allí donde la discusión urbanística se transforma directamente en una disputa geopolítica.

Mucho más que 1.234 viviendas

El conflicto alrededor de E1 no se explica solamente por la cantidad de casas proyectadas.

Su importancia está determinada por el lugar donde serían construidas.

Para Israel, el desarrollo permitiría profundizar la conexión territorial entre Jerusalén y Ma'ale Adumim. Para los palestinos y gran parte de la comunidad internacional, significaría consolidar una barrera que dificultaría conectar Ramallah y el norte de Cisjordania con Belén y el sur, además de aislar Jerusalén Este del resto del territorio palestino.

Por eso E1 permaneció durante décadas como una suerte de línea roja diplomática.

La apertura efectiva de una licitación para las primeras 1.234 viviendas indica que el proyecto ha dejado de ser solamente una planificación sobre mapas y comienza a ingresar en una etapa concreta de ejecución.

La reacción internacional también refleja ese cambio. Lo que Europa Press registró el 22 de agosto como una ampliación del grupo de países que condenaban la iniciativa continuó creciendo en los días posteriores y actualmente alcanza a 18 Estados, la Comisión Europea y, mediante declaraciones separadas, a la propia diplomacia de la Unión Europea y Naciones Unidas.

La discusión que se abre ahora es hasta dónde llegará esa presión. Hasta el momento predominan las condenas diplomáticas y las advertencias a las empresas, aunque Reino Unido ya anticipó que estudia nuevas medidas contra quienes participen en la expansión de asentamientos.

Mientras tanto, la licitación continúa abierta.

Y esa diferencia entre las declaraciones internacionales y los hechos que avanzan sobre el terreno será probablemente el punto central de la disputa durante las próximas semanas.