La doctrina del subsuelo: cómo EE.UU. decide quién puede acceder a los recursos argentinos - Cap.II

CAPÍTULO II DE III

De los cuarteles a las plataformas: la misma lógica, medio siglo después

Golpes de Estado, cooptación institucional, desinformación digital y una nueva Estrategia de Seguridad Nacional que vuelve a hablar, sin vueltas, de recursos estratégicos.

Sería un error sostener que el Informe Kissinger explica por sí solo la cadena de golpes de Estado que asoló a la región durante la Guerra Fría, porque varios de esos episodios lo precedieron largamente. El derrocamiento de Jacobo Árbenz en Guatemala en 1954, orquestado por la CIA a pedido de la United Fruit Company tras su reforma agraria, y el golpe brasileño de 1964, ocurrieron antes de que Kissinger firmara una sola línea del documento. Lo que el NSSM 200 aporta no es el origen de esa lógica, sino su sistematización explícita en clave de recursos estratégicos, en un momento en que la Casa Blanca ya había mostrado, con hechos, hasta dónde estaba dispuesta a llegar para asegurar la estabilidad de sus proveedores.

El golpe chileno de 1973 contra Salvador Allende, apenas un año antes de la firma del NSSM 200, y la posterior articulación del Plan Cóndor entre las dictaduras del Cono Sur en la segunda mitad de esa década, se inscriben en la misma matriz: gobiernos dispuestos a nacionalizar recursos, redistribuir tierra o gobernar con autonomía respecto de Washington fueron sistemáticamente considerados una amenaza a la estabilidad que el propio documento describe como condición necesaria para el abastecimiento de materiales estratégicos.

La cooptación de liderazgos corrió en paralelo a la vía militar. La Escuela de las Américas, primero en Panamá y luego reubicada en Fort Benning, formó a generaciones de oficiales latinoamericanos en doctrina de contrainsurgencia, muchos de los cuales terminaron al frente de los aparatos represivos de sus propios países. El financiamiento de sindicatos anticomunistas y el respaldo a sectores eclesiásticos opuestos a la Teología de la Liberación, documentado por historiadores como Greg Grandin, completó un cuadro en el que la influencia estadounidense no se limitaba a los cuarteles, sino que buscaba anidar en las estructuras sociales y religiosas de cada país.

Esa misma lógica de control tuvo, además, una aplicación directa sobre cuerpos latinoamericanos: la investigación de una subcomisión del Congreso de Perú, en 2002, sobre el programa de anticoncepción quirúrgica voluntaria aplicado entre 1990 y 2000, concluyó que ese programa formaba parte de la estrategia global de reducción de natalidad impulsada por Estados Unidos, y responsabilizó a la agencia estadounidense de cooperación internacional por su participación en esterilizaciones forzadas.

El nuevo lenguaje: plataformas en lugar de cuarteles

La forma cambió, pero el objetivo de fondo se mantuvo estable. Donde antes había asesores militares y financiamiento sindical, hoy hay campañas de desinformación digital, consultoras de perfilado electoral y operaciones de moldeado de opinión pública que persiguen el mismo fin con herramientas del siglo veintiuno. Las operaciones de desinformación digital investigadas en la última elección presidencial colombiana muestran que la disputa por el relato y por el resultado electoral en la región sigue siendo, en el fondo, una disputa por quién controla el acceso a sus recursos.

2025: el regreso explícito de la Doctrina Monroe

Podría argumentarse que todo eso pertenece al pasado y que la política estadounidense actual es sustancialmente distinta. Sin embargo, la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos publicada en noviembre de 2025 utiliza un lenguaje que sorprende por su continuidad conceptual con aquellos documentos de la Guerra Fría. La estrategia de la administración Trump anuncia abiertamente lo que denomina un Corolario Trump a la Doctrina Monroe, establece como objetivo restaurar la preeminencia estadounidense en el hemisferio occidental, y declara que Washington procurará impedir que competidores extrarregionales controlen activos considerados estratégicos.

También sostiene que incentivará a gobiernos, partidos y movimientos alineados con su estrategia, y que buscará, por distintos medios, desalentar la colaboración de los países latinoamericanos con otros actores internacionales.

La cuestión de los recursos aparece inmediatamente después y elimina cualquier posibilidad de considerarla secundaria. La Casa Blanca afirma que el hemisferio posee numerosos recursos estratégicos que Estados Unidos debe desarrollar junto con sus aliados, y ordena al Consejo de Seguridad Nacional, con participación de su aparato de inteligencia, identificar puntos y recursos estratégicos para su protección y desarrollo conjunto.

El párrafo más significativo es quizás el que explica los instrumentos disponibles: la estrategia establece que Washington debe aprovechar su capacidad de presión financiera y tecnológica para inducir a otros países a rechazar determinada asistencia extranjera, que las embajadas deben identificar oportunidades comerciales para ayudar a las compañías estadounidenses a competir, y que los organismos financieros del gobierno deben participar en oportunidades estratégicas de adquisición e inversión.

No estamos leyendo un cable secreto descubierto cincuenta años después de ocurridos los hechos. Estamos leyendo la política de seguridad nacional que la Casa Blanca publica hoy, a cara descubierta.

El Comando Sur de Estados Unidos acompaña esa lectura sin demasiado eufemismo. Su declaración de postura de 2025 describió a América Latina como escenario de una competencia estratégica con China, presentada como una confrontación entre democracia y autoritarismo, y al enumerar las riquezas naturales de la región destacó específicamente que alrededor de la mitad de las reservas mundiales de litio se encuentran en Argentina, Bolivia y Chile.

La declaración de postura de 2026 profundizó ese concepto al sostener que Estados Unidos ya no está dispuesto a perder acceso o influencia sobre terrenos estratégicos del hemisferio, y volvió a señalar las inversiones chinas en infraestructura, puertos, instalaciones espaciales y minerales críticos como una preocupación central.

Conviene remarcar que esas evaluaciones expresan la lectura estratégica del propio gobierno y las fuerzas armadas estadounidenses, no hechos independientes de la disputa geopolítica que las produce, aunque eso no les resta valor como evidencia de cuál es la mirada de Washington sobre la región y sobre lo que hay debajo de su tierra.