La doctrina del subsuelo: cómo EE.UU. decide quién puede acceder a los recursos argentinos

Esta serie reconstruye, a partir de documentos oficiales estadounidenses —muchos de ellos desclasificados y otros directamente vigentes—, la lógica de fondo que ordenó la relación de Washington con la región desde la Guerra Fría hasta la actualidad.

El primer capítulo desarma el Informe Kissinger y su continuación en el caso argentino de 1976. El segundo traza la cadena de golpes, cooptación institucional e influencia digital, y la conecta con la Estrategia de Seguridad Nacional de 2025. El tercero aterriza en Vaca Muerta, el litio y el conflicto entre la Embajada estadounidense, la cooperativa CALF y Huawei, para plantear la pregunta que atraviesa toda la serie: si Argentina puede elegir, o si otros eligen por ella.

CAPÍTULO I DE III

El Informe Kissinger: cuando Washington explicó, sin maquillaje, para qué servía América Latina

Un memorando de 1974 y una conversación de 1976 revelan la misma lógica: la estabilidad de un país productor de recursos importaba más que su democracia.

Hay un documento, fechado el 10 de diciembre de 1974 y firmado bajo la dirección de Henry Kissinger, que durante más de una década permaneció fuera del alcance público y que, cuando finalmente se desclasificó, ofreció algo poco habitual en la diplomacia estadounidense: una explicación sin maquillaje de por qué Washington necesitaba que ciertos países del sur del mundo tuvieran gobiernos estables, poblaciones manejables y economías abiertas a la extracción. El Memorando de Estudio de Seguridad Nacional 200, conocido como NSSM 200 o Informe Kissinger, no hablaba de libertad, ni de democracia, ni de derechos humanos como fin en sí mismo. Hablaba de minerales, de dependencia de importaciones y de la necesidad de que el flujo de esos recursos hacia las economías industrializadas no se viera interrumpido por disturbios, nacionalizaciones o gobiernos hostiles a los intereses de las empresas norteamericanas.

El capítulo tercero del informe, dedicado a minerales y combustibles, es el corazón geopolítico del documento y merece leerse sin eufemismos. Allí se explica que Estados Unidos se había vuelto crecientemente dependiente de minerales importados desde países en desarrollo, y que el problema fundamental no era la existencia física de esos recursos, sino las condiciones político-económicas para acceder a ellos: los términos de exploración y explotación, y sobre todo cómo se repartirían los beneficios entre productores, consumidores y los gobiernos propietarios de esos recursos. El documento agrega algo todavía más revelador cuando advierte que la inestabilidad social podía poner en peligro las concesiones otorgadas a empresas extranjeras mediante nacionalizaciones, conflictos laborales, sabotajes o disturbios capaces de alterar ese flujo, y aclara que ese tipo de fricciones resulta mucho menos probable en contextos de crecimiento poblacional lento o nulo. La ecuación, despojada de todo adorno diplomático, es sencilla: cuanto más gobernable y menos conflictiva sea la sociedad de un país proveedor de recursos, menor será el riesgo de que ese país decida, algún día, que sus minerales, su petróleo o su gas le pertenecen primero a su propio pueblo.

Argentina no integraba la lista de trece países a los que el NSSM 200 asignó prioridad demográfica, y sería incorrecto afirmar lo contrario. Pero el documento no apareció en el vacío. Algunos años antes, otro estudio secreto del Consejo de Seguridad Nacional sobre América Latina había explicado con una claridad todavía mayor por qué Washington prestaba tanta atención a la región: por su papel como proveedora de materias primas, por la magnitud de las inversiones directas estadounidenses y por su potencial geopolítico. Ese mismo informe advertía que Brasil y Argentina podían convertirse algún día en potencias intermedias por derecho propio, y sostenía que esa posibilidad reforzaba el valor de mantener la cooperación latinoamericana con Estados Unidos. El texto llegaba a discutir distintos grados posibles de relación con la región, desde asociaciones relativamente autónomas hasta una verdadera esfera de influencia en la que Washington procuraría controlar determinados acontecimientos a cambio de protección y lealtad, incluyendo la posibilidad de promover gobiernos anticomunistas y amistosos sin que importara demasiado el tipo de sistema político interno que tuvieran.

1976: la democracia podía esperar

La historia argentina ofrece una comprobación dramática de esa flexibilidad. La documentación disponible no permite sostener que Estados Unidos haya diseñado desde Washington el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, y sería un error atribuirle una autoría para la cual no existe evidencia suficiente. Sí permite establecer algo distinto y perfectamente comprobable: la conducción de la política exterior estadounidense conoció tempranamente la dimensión criminal que estaba tomando la represión argentina y, aun así, decidió sostener políticamente al nuevo régimen durante una etapa decisiva.

El 9 de julio de 1976, en una reunión del Departamento de Estado, el subsecretario Harry Shlaudeman le explicó a Kissinger que las fuerzas de seguridad argentinas protagonizaban oleadas diarias de asesinatos. Cuando se estableció una comparación con el Chile de Pinochet, Kissinger respondió que Argentina era peor. Washington, por lo tanto, no actuaba desde la ignorancia. Tres meses después, el 7 de octubre de 1976, Kissinger recibió al canciller de la dictadura, César Augusto Guzzetti. El registro oficial de esa conversación conserva una frase que resume la posición adoptada por el secretario de Estado: que su gobierno quería que la administración argentina tuviera éxito, y que cuanto más rápido completara su tarea, mejor. Kissinger agregó que Washington deseaba una situación estable, que evitaría dificultades innecesarias, y que su gobierno haría lo posible por ayudar a que el programa económico de la dictadura funcionara, incluso en cuestiones de crédito internacional.

La señal se entendió perfectamente en Buenos Aires. El embajador estadounidense Robert Hill, que sostenía una postura mucho más crítica sobre las violaciones a los derechos humanos, informó después a Washington que Guzzetti había vuelto prácticamente eufórico de su visita, convencido de que no habría una confrontación seria por la represión. El propio Hill dejó asentado que esa percepción dificultaba las gestiones de la embajada para frenar los abusos. La precisión histórica exige aclarar que dentro del propio gobierno estadounidense existían diferencias: Hill presionó por los derechos humanos, sectores del Congreso intentaron condicionar la asistencia, y la llegada de Jimmy Carter modificó después la política de Washington hacia la dictadura. Pero el hecho central no se borra con esos matices: Kissinger conocía la magnitud de la represión y priorizó, durante esos meses decisivos, la estabilidad del régimen y su alineamiento económico por encima de una ruptura en nombre de la democracia.

Esa constatación no es un dato de archivo sin consecuencias. Es la prueba de que, cuando la retórica de la libertad chocó contra un interés considerado estratégico, la retórica cedió. Y es la pregunta que hay que llevar puesta al resto de esta serie, porque medio siglo después esa misma lógica de recursos, estabilidad e influencia volvió a aparecer, casi con las mismas palabras, en los documentos oficiales de Washington que rigen hoy su relación con la región.