NeuquenNewsLa causa de la Cooperativa 127 Hectáreas está a punto de entrar en una etapa que los damnificados esperan desde hace más de un año, aunque el último movimiento judicial volvió a introducir una demora y, al mismo tiempo, abrió un interrogante que hasta ahora no estaba planteado con tanta claridad: cuántas personas de la conducción de la cooperativa serán finalmente alcanzadas por la acusación penal.
La audiencia de formulación de cargos había sido fijada inicialmente para el jueves 27 de agosto a las 8.30, pero este jueves 20 de agosto la Oficina Judicial comunicó que será reprogramada para el viernes 4 de septiembre, también a las 8.30, en la Sala 15 de la Ciudad Judicial de Neuquén. Según informó LMNeuquén, el cambio fue solicitado por el propio Ministerio Público Fiscal debido a incompatibilidades de agenda.
La modificación de fecha no es, sin embargo, la única novedad. Cuando la fiscal de Delitos Económicos Rocío Rivero solicitó la audiencia el 8 de julio, la información conocida indicaba que el pedido alcanzaba a Jorge Salas y a otros diez integrantes de la comisión directiva, todos bajo sospecha por presuntas estafas reiteradas vinculadas principalmente con el loteo conocido como La Meseta. Dos días atrás, incluso, distintas publicaciones todavía informaban que serían once las personas convocadas.
Pero la información actualizada cambia ese escenario. Según la información publicada este 20 de agosto, la Fiscalía avanzará en esta etapa contra tres personas: Jorge Salas, expresidente de la cooperativa; Roxana Huincamán, exvicepresidenta; y Beatriz Lebrero, extesorera. Se trata de un recorte considerable respecto de las once personas inicialmente señaladas. La querella que representa a parte de los damnificados, encabezada por el estudio Mariano Mansilla y Asociados, deberá decidir ahora si acompaña esa estrategia o solicita que la imputación alcance también a los restantes integrantes de la conducción.
La diferencia no es menor. La formulación de cargos es el momento procesal en el cual la Fiscalía debe precisar quiénes son las personas investigadas, qué hechos concretos les atribuye y cuál es, provisoriamente, la calificación jurídica. No significa una condena y todos los investigados mantienen plenamente su presunción de inocencia, pero constituye el paso que transforma una investigación preliminar en una persecución penal formal.
Para comprender la dimensión del caso es necesario separar cifras que durante estos meses fueron utilizadas muchas veces como si describieran exactamente lo mismo.
La investigación que dio origen a los allanamientos de mayo de 2025 estaba centrada inicialmente en 32 hechos de presunta estafa. El 26 de mayo de aquel año la Fiscalía realizó una serie de allanamientos simultáneos en la sede de la Cooperativa, en el domicilio de Salas y en otras propiedades vinculadas con miembros de la conducción. Se secuestraron teléfonos, computadoras y documentación y varias personas fueron demoradas durante los procedimientos.
El planteo inicial investigaba contratos celebrados fundamentalmente durante 2021 y 2022 para adquirir terrenos que debían entregarse en un plazo determinado pero que, según los denunciantes, nunca fueron entregados ni escriturados. En esa primera etapa se mencionó un perjuicio nominal de unos 10,5 millones de pesos y 500 dólares correspondiente a los hechos analizados entonces.
Pero el universo del conflicto era mucho mayor.
En una audiencia realizada el 9 de junio de 2025, el propio Poder Judicial de Neuquén informó que la investigación podía involucrar a cientos de damnificados y describió tres de las maniobras bajo análisis: la adjudicación de un mismo lote a más de un asociado, pagos extraordinarios en dólares y la comercialización de terrenos presentados como ubicados en la ciudad de Neuquén cuando en realidad estaban a más de diez kilómetros del ejido municipal. En esa audiencia, el juez Gustavo Ravizzoli fijó un plazo inicial de cuatro meses para que la Fiscalía definiera si formulaba cargos.
Ese plazo no terminó inmediatamente en una imputación. En cambio, la causa atravesó durante los meses siguientes una extensa instancia de mediación.
También debe hacerse una distinción entre los distintos números de damnificados mencionados públicamente.
Alrededor de 340 asociados participaron del núcleo de reclamantes que impulsó buena parte de las acciones judiciales y de la posterior mediación. Esa cifra aparece reiteradamente vinculada con los distintos desarrollos cuestionados y con las negociaciones que intentaron buscar terrenos o viviendas como forma de reparación.
La cifra de más de 1.400 potenciales afectados, en cambio, fue planteada por los abogados y referentes de damnificados como una estimación del universo total de personas que podrían haber aportado dinero en diferentes operatorias. No existe hasta hoy una comunicación del Ministerio Público Fiscal que establezca que haya 1.400 víctimas penalmente acreditadas dentro de un único expediente. Por eso conviene no confundir el número de hechos inicialmente investigados, el grupo organizado de reclamantes y la posible cantidad total de afectados.
La investigación que más avanzó es la denominada La Meseta. Allí, cientos de familias adquirieron derechos sobre terrenos ubicados en una zona situada fuera del núcleo urbano consolidado, sin servicios básicos y cuya posibilidad legal y técnica de urbanización constituye justamente uno de los puntos centrales de la investigación.
La hipótesis fiscal —que deberá ser demostrada y que hasta el momento no constituye una verdad judicial— sostiene que los compradores habrían sido inducidos a pagar bajo la expectativa de recibir lotes con servicios cuando existían limitaciones sustanciales para concretar ese desarrollo. La defensa de Salas ha sostenido, por el contrario, que existían compromisos y expectativas de ampliación del ejido y posterior urbanización.
Pero La Meseta no agota el conflicto. Las acciones penales y civiles fueron divididas durante el proceso en diferentes grupos vinculados con La Meseta, Sirena Unificada, Coneu y Futuros Desarrollos. En Sirena Unificada se denunciaron, entre otras cuestiones, supuestas adjudicaciones múltiples de viviendas y problemas con dúplex que distintas familias sostienen haber pagado.
Hasta el momento, no existe información pública que indique que las otras líneas vayan a ser incluidas en la formulación de cargos del 4 de septiembre.
Y ese dato es fundamental: la audiencia que está por realizarse no equivale al esclarecimiento de todo el entramado de la Cooperativa 127 Hectáreas.
Durante 2025 el Ministerio Público Fiscal intentó encontrar una solución negociada. El 20 de octubre la Oficina de Mediación y Conciliación Penal había dado por concluido el diálogo luego de que los denunciantes entendieran que no existían condiciones para continuar. Sin embargo, nueve días después el proceso fue reabierto con acuerdo de las partes y se llegó a presentar una nueva propuesta.
Finalmente, el 2 de febrero de 2026, el MPF dio por terminada definitivamente la instancia de mediación y devolvió el conflicto a la Fiscalía de Delitos Económicos.
Desde entonces comenzó otra cuenta regresiva.
En abril, 44 docentes vinculados con ATEN fueron convocados para declarar por viviendas que aseguran haber pagado y nunca recibido. En aquellos días fuentes de la investigación indicaron que los equipos técnicos y los querellantes ya se encontraban en condiciones de avanzar hacia una formulación de cargos.
El 22 de abril los damnificados hicieron pública una carta reclamando precisamente que ese paso se concretara. Denunciaron incertidumbre, desgaste y sensación de desprotección después de más de un año de trámite judicial.
Sin embargo, pasaron mayo y junio y el pedido de audiencia recién ingresó el 8 de julio, minutos antes del cierre del último día hábil previo a la feria judicial de invierno. Ese recorrido y las preguntas sobre qué medidas procesales justificaron los meses transcurridos ya habían sido señalados en la investigación periodística previa de Neuquén News.
La audiencia fue después fijada para el 27 de agosto y ahora, por pedido de la propia Fiscalía, volvió a trasladarse al 4 de septiembre.
La investigación está actualmente en manos de la fiscal Rocío Gabriela Rivero, integrante de Delitos Económicos bajo supervisión del fiscal jefe Pablo Vignaroli.
Rivero tiene un antecedente institucional que debe ser mencionado con precisión para evitar interpretaciones incorrectas. Fue denunciada ante el Jurado de Enjuiciamiento en otro expediente por presunta falta grave en el ejercicio de sus funciones. El proceso analizó actuaciones correspondientes a cinco legajos penales y, el 4 de junio de 2026, el Jurado declaró por unanimidad inadmisible la denuncia. Rivero no fue sancionada ni sometida a un juicio de remoción.
Ese antecedente no permite afirmar que exista irregularidad alguna en su actuación dentro de la causa 127 Hectáreas. Pero tampoco elimina una pregunta legítima de control público: qué ocurrió durante los meses transcurridos entre el cierre de la mediación, las declaraciones de abril y el pedido de formulación de cargos presentado en julio.
El problema adquiere ahora un elemento nuevo: además del traslado de la audiencia, la Fiscalía deberá explicar en qué elementos se apoya para concentrar inicialmente la acusación en tres personas después de haber solicitado pocas semanas atrás una audiencia contra once integrantes de la conducción.
El caso tiene una inevitable dimensión política porque Jorge Salas no solamente presidía una cooperativa que gestionaba proyectos habitacionales. Durante 2024 fue director provincial de Hábitat y Urbanismo, dependiente del sistema IPVU-ADUS del gobierno de Rolando Figueroa. Jorge Tobares, actual ministro de gobierno fue apoderado de la cooperativa hasta asumir en su cargo actual. Datos que enrarecen la situación.
La propia información oficial de la Provincia lo muestra participando durante aquel año, en carácter de director provincial, en reuniones, convenios y políticas relacionadas con vivienda, infraestructura y organizaciones sociales.
Salas renunció al cargo en febrero de 2025, cuando las denuncias contra la cooperativa comenzaron a adquirir dimensión pública y judicial. Entonces rechazó las acusaciones y atribuyó el conflicto a una campaña política impulsada en su contra.
Esa doble condición —presidente de una cooperativa habitacional y, durante parte del período cuestionado, funcionario directamente relacionado con políticas de hábitat— obliga al Estado provincial a dar explicaciones especialmente claras sobre los controles que existieron.
En paralelo con la causa penal, los damnificados reclamaron en 2025 que la Inspección Provincial de Personas Jurídicas interviniera la cooperativa y apartara a su conducción. El organismo rechazó aquella solicitud, decisión que fue cuestionada por los reclamantes y derivó en nuevas presentaciones administrativas.
La Legislatura también intervino políticamente en el caso. En marzo de 2025 se discutió un pedido para que el IPVU y la ADUS informaran sobre operatorias realizadas con la Cooperativa, número de beneficiarios, aspirantes y acciones oficiales adoptadas frente a las denuncias.
Recién a fines de julio de 2026 se conoció la creación de una comisión auditora interministerial, integrada desde las áreas de Infraestructura y Gobierno, destinada a revisar terrenos que habían sido cedidos en tenencia precaria por IPVU-ADUS, construcciones realizadas y eventuales intervenciones de empresas contratadas por la cooperativa. El plazo informado para elaborar el estudio fue de 60 días.
Al 20 de agosto ese período todavía se encuentra abierto y no existe un informe final público conocido.
Mientras la causa penal avanza lentamente, siguen apareciendo conflictos que muestran que el problema habitacional permanece abierto.
ATEN busca respuestas por 44 viviendas destinadas a docentes y solicitó intervenir como querellante en una de las líneas judiciales.
Además, un nuevo grupo de socios volvió a reclamar este mes información sobre el criterio utilizado para adjudicar 38 dúplex entregados en octubre de 2023. Algunos de ellos sostienen tener entre ocho y quince años de antigüedad, estar al día con sus obligaciones y no haber logrado todavía acceder al listado y a los criterios definitivos utilizados para seleccionar a los beneficiarios.
Salas, por su parte, rechazó públicamente buena parte de las acusaciones. En declaraciones realizadas este año afirmó que la cooperativa entregó cientos de viviendas, defendió su gestión y sostuvo que fue la organización la que realizó las gestiones necesarias para concretar los desarrollos habitacionales, aunque reconoció que muchas de las construcciones fueron financiadas o ejecutadas por el Estado.
Después de todo este recorrido, la audiencia prevista para el 4 de septiembre adquiere una importancia que excede la situación personal de Jorge Salas.
La Fiscalía tendrá que explicar públicamente qué maniobra considera delictiva, cuántos hechos atribuye, quiénes habrían participado y cuál es el perjuicio que considera acreditado. También deberá quedar claro por qué una investigación que en julio parecía dirigirse contra once integrantes de la conducción llega ahora a la audiencia concentrada en tres personas y qué sucederá con los demás investigados.
La querella deberá definir si acepta ese recorte o intenta ampliar la formulación de cargos.
Y todavía quedarán pendientes las otras líneas relacionadas con Sirena Unificada, Coneu y Futuros Desarrollos; los reclamos por las viviendas de docentes; la situación de los dúplex adjudicados; las acciones civiles y los embargos; y el resultado de la auditoría que está realizando el propio Gobierno provincial.
Hay además una cuestión que ninguna discusión procesal debería hacer desaparecer. Detrás de los expedientes existen familias que durante años destinaron ahorros y cuotas a la posibilidad de conseguir una casa o un terreno. Algunas llevan más de una década esperando.
Por eso la causa de las 127 Hectáreas ya no puede analizarse únicamente como un conflicto entre una cooperativa y sus asociados. También es una prueba sobre los mecanismos de control del Estado, sobre la transparencia con la que se administraron tierras y programas habitacionales y, finalmente, sobre la capacidad de la Justicia para determinar responsabilidades dentro de un plazo razonable.
El 4 de septiembre, si no aparece una nueva postergación, la Justicia dará finalmente uno de los pasos que los damnificados vienen reclamando desde hace más de un año.
Pero será apenas el primero.
Porque formular cargos contra tres personas no significa haber esclarecido todo lo ocurrido en la Cooperativa 127 Hectáreas. Y después de tantos meses, esa diferencia resulta tan importante como la audiencia misma.
Hay un punto periodísticamente fuerte para seguir: por qué la Fiscalía pasó de anunciar cargos contra once integrantes a concentrarlos en tres. Es probablemente la pregunta nueva más relevante que surge de la actualización de hoy y merece ser planteada formalmente al MPF antes del 4 de septiembre.
