NeuquenNewsDespués de un fuerte traspié para el Gobierno, el Senado de la Nación volverá a sesionar este jueves 6 de agosto desde las 14 para intentar aprobar la ley de propiedad privada, aunque ya sin el polémico capítulo que habilitaba la venta de tierras a extranjeros, eliminado por falta de consenso.
La sesión, que había pasado a cuarto intermedio en julio, estará marcada por una fuerte discusión política en torno a la decisión de la vicepresidenta Victoria Villarruel de habilitar la participación virtual de dos senadores. El oficialismo y parte de la oposición dialoguista cuestionan la medida y sostienen que será el propio recinto el que defina si esas participaciones son válidas.
Durante la jornada se esperan marchas en distintos puntos del país. En Chubut, el obispo de Rawson, Roberto Pío Álvarez, convocó a movilizar y advirtió: “Las leyes tienen que pensar en un bien común. Cuando las normas salen con 800 correcciones entre ellos y no hubo debate popular, ahí nos empieza a meter miedo la cosa que nos hace marchar”.
Expropiaciones
El Estado solo podrá expropiar bienes cuando exista una utilidad pública claramente justificada y específica.
La indemnización se calculará según el valor de mercado y daños directos, excluyendo valores afectivos, ganancias futuras o beneficios hipotéticos.
Se reconocen derechos a quienes acrediten ocupación pacífica y continua de al menos diez años en un inmueble urbano destinado a vivienda única y permanente.
Desalojos
En alquileres, antes de iniciar demanda por falta de pago, el propietario deberá intimar al inquilino y otorgarle un plazo mínimo de diez días para cancelar la deuda.
Si el pago no se realiza o el contrato terminó, el propietario podrá avanzar con el juicio de desalojo mediante el procedimiento judicial más rápido.
El dueño no podrá negarse a recibir las llaves cuando el inquilino decida devolver la propiedad.
Manejo del fuego
Se mantiene la prohibición de cambiar el uso de terrenos afectados por incendios, pero se eliminan los plazos fijos de la ley vigente.
La normativa anterior prohibía durante 60 años modificar el destino de bosques nativos incendiados y durante 30 años cambiar el uso productivo de tierras rurales afectadas.
El nuevo texto reemplaza esos plazos por una prohibición general de modificar el destino original de las superficies incendiadas.
La discusión en el Senado se da en un clima de tensión, con movilizaciones sociales y cuestionamientos internos sobre la validez de las participaciones virtuales. Aunque el Gobierno logró retirar el capítulo más controvertido, el resto del proyecto mantiene puntos sensibles que podrían generar un intenso debate en el recinto y en las calles.
