NeuquenNewsIsrael volvió a bombardear este miércoles el sur del Líbano, en una nueva demostración de la fragilidad de los acuerdos de cese del fuego y de la creciente normalización del uso de la fuerza dentro del territorio de otros Estados.
El ataque alcanzó la localidad de Tibnin, donde una persona murió y otras doce resultaron heridas, según el Ministerio de Salud libanés. Poco antes, el Ejército israelí había ordenado evacuar Al Mansouri, una población cercana a Tiro que Israel incluyó unilateralmente dentro de una denominada “zona de seguridad”. Las fuerzas israelíes justificaron la operación en una supuesta violación del acuerdo por parte de Hezbollah, pero en su comunicación inicial no presentaron detalles ni evidencias públicas que permitieran evaluar esa acusación.
La advertencia concedió a los residentes apenas unos minutos para abandonar sus viviendas. No se trató de una medida aislada: Amnistía Internacional documentó que las órdenes masivas de evacuación y de prohibición de retorno emitidas por Israel en el sur libanés fueron utilizadas para desplazar a cientos de miles de personas, destruir viviendas e impedir que numerosas familias regresaran a sus pueblos. La organización concluyó que ese patrón vulnera el derecho internacional humanitario y puede constituir el crimen de guerra de traslado forzoso.
El nuevo ataque se produjo mientras representantes israelíes y libaneses participaban en negociaciones facilitadas por Estados Unidos. La paradoja es evidente: las conversaciones buscan avanzar hacia el retiro israelí y la estabilización de la frontera, mientras Israel conserva tropas dentro del Líbano, mantiene una franja de ocupación creada unilateralmente y continúa bombardeando localidades libanesas.
Médicos Sin Fronteras había definido la situación anterior como un “alto el fuego sólo de nombre”. Según la organización, 370 personas murieron por ataques israelíes entre el acuerdo de noviembre de 2024 y el comienzo de la nueva ofensiva, el 2 de marzo de 2026. Tras otra tregua anunciada en abril, al menos 385 personas fueron asesinadas y 685 resultaron heridas en menos de tres semanas.
Las cifras recogidas por organismos sanitarios muestran que no se trata únicamente de ataques contra integrantes de Hezbollah. Amnistía Internacional investigó tres bombardeos israelíes realizados en marzo de 2026 que mataron a 24 civiles, entre ellos doce niños, y sostuvo que deben ser investigados como posibles crímenes de guerra. En esos casos, familias completas fueron eliminadas dentro de sus viviendas.
La Organización Mundial de la Salud documentó, además, ataques reiterados contra hospitales, ambulancias, pacientes y trabajadores sanitarios. Solamente entre el 2 de marzo y mediados de abril de 2026, las agresiones contra servicios de salud en el Líbano dejaron 104 muertos y 244 heridos. En la etapa anterior del conflicto, 226 trabajadores de la salud y pacientes habían muerto en incidentes contra instalaciones y transportes sanitarios.
Los hospitales y las ambulancias no son objetivos militares ordinarios. Gozan de una protección especial bajo los Convenios de Ginebra. Incluso cuando una fuerza armada afirma que una instalación está siendo utilizada con fines militares, debe aportar elementos suficientes, advertir con anticipación, respetar la proporcionalidad y adoptar todas las precauciones posibles para proteger a pacientes, personal sanitario y población civil.
No existe un número único, completo y verificable de civiles muertos por ataques israelíes desde octubre de 2023. Los balances sanitarios suelen registrar la totalidad de las víctimas sin determinar la condición de cada persona. En otros casos, como la ofensiva conjunta de Israel y Estados Unidos contra Irán, todavía no es posible atribuir individualmente cada bombardeo.
Esto no significa que el costo humano sea desconocido. Significa que cualquier cifra seria debe presentarse como un mínimo documentado y no como una contabilidad definitiva.
En Gaza, Médicos Sin Fronteras registraba, al 6 de abril de 2026, al menos 72.988 palestinos muertos y 173.205 heridos, citando al Ministerio de Salud del enclave. UNICEF había identificado, hasta el 3 de febrero, por lo menos 21.289 niños entre las personas asesinadas y 44.500 entre las heridas. Desde el cese del fuego anunciado el 10 de octubre de 2025 hasta el 29 de julio de 2026, OCHA contabilizó otras 1.209 muertes y 3.943 heridos; estas cantidades forman parte del acumulado y no deben sumarse nuevamente como si correspondieran a períodos completamente separados.
En Cisjordania y Jerusalén Este, Médicos Sin Fronteras informó que 1.109 palestinos habían muerto desde octubre de 2023 a manos de fuerzas israelíes o colonos. Al menos 243 eran niños. La organización también advirtió sobre los controles militares, cierres, incursiones y obstáculos que impiden el acceso de la población a hospitales y tratamientos.
En el Líbano, la OMS había registrado más de 4.100 muertos hasta febrero de 2025. Amnistía Internacional informó posteriormente 4.257 fallecimientos solamente entre el 2 de marzo y el 29 de junio de 2026. Al tratarse de períodos que no se superponen, puede afirmarse que el saldo acumulado desde octubre de 2023 supera, como mínimo, las 8.350 personas muertas, aun sin incluir completamente los doce meses intermedios ni las víctimas posteriores a junio. No es posible, sin embargo, clasificar a todas ellas como civiles porque las autoridades libanesas no publicaron una separación completa y verificable entre población civil y combatientes.
En Irán, la Media Luna Roja desplegó equipos de búsqueda y rescate entre edificios destruidos por los ataques israelíes y confirmó la muerte de cinco de sus trabajadores y voluntarios durante la guerra de 2025. Amnistía Internacional investigó también el bombardeo israelí contra la prisión de Evin, realizado durante una jornada laboral y cuando el complejo estaba ocupado por presos, familiares, abogados y empleados civiles. La organización concluyó que el ataque causó decenas de víctimas civiles y debe ser investigado como crimen de guerra.
En Yemen, Human Rights Watch calificó el bombardeo israelí contra el puerto de Hodeida como un ataque aparentemente indiscriminado o desproporcionado, con posibles consecuencias para millones de personas que dependen de esas instalaciones para recibir alimentos y asistencia humanitaria. La misma organización documentó posteriores ataques israelíes contra puertos y centrales eléctricas, bienes esenciales para una población atravesada desde hace años por una de las peores crisis humanitarias del mundo.
En Siria, Amnistía Internacional verificó que fuerzas israelíes expulsaron familias de sus viviendas en la provincia de Quneitra y luego destruyeron deliberadamente sus casas. La organización consideró que esas acciones constituyen una violación grave del derecho internacional humanitario y un crimen de guerra.
Israel invoca habitualmente el derecho a la legítima defensa. Ese derecho existe y está reconocido en el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas cuando un Estado sufre un ataque armado. Sin embargo, no constituye una autorización ilimitada para ocupar territorios, bombardear infraestructura civil, imponer desplazamientos permanentes o utilizar una fuerza desproporcionada.
El artículo 2 de la misma Carta obliga a los Estados a abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial y la independencia política de otros países. Además, incluso en un conflicto armado legítimamente iniciado, continúan plenamente vigentes los principios de distinción, proporcionalidad y precaución. Los civiles no pueden ser atacados, los objetivos militares deben identificarse concretamente y el daño previsto sobre la población no puede ser excesivo respecto de la ventaja militar esperada.
La resolución 1701 del Consejo de Seguridad exige tanto el cese de los ataques de Hezbollah como el fin de las operaciones militares ofensivas israelíes, el despliegue del Ejército libanés y el retiro de las fuerzas israelíes. No habilita la creación permanente de zonas de ocupación dentro del Líbano ni el reemplazo de las autoridades libanesas por decisiones militares unilaterales.
En Gaza, además, la Corte Internacional de Justicia dictó medidas provisionales jurídicamente obligatorias para proteger a la población palestina, prevenir actos contemplados por la Convención contra el Genocidio y garantizar el ingreso de asistencia humanitaria. La Corte todavía no emitió una sentencia definitiva sobre el fondo del caso, pero sus disposiciones no son recomendaciones políticas que Israel pueda ignorar.
El bombardeo sobre Tibnin no puede analizarse solamente como una respuesta militar puntual. Forma parte de una política regional que ha ampliado el radio de acción israelí desde Gaza y Cisjordania hacia el Líbano, Siria, Yemen e Irán, afectando viviendas, hospitales, ambulancias, puertos, centrales eléctricas, caminos y trabajadores humanitarios.
Las acciones armadas de Hezbollah, Hamás, Irán y los hutíes también están sometidas al derecho internacional y los ataques indiscriminados contra civiles deben ser condenados e investigados. Pero las violaciones cometidas por otros actores no liberan a Israel de sus propias obligaciones ni convierten a poblaciones enteras en objetivos legítimos.
Cuando los acuerdos de cese del fuego son utilizados para reorganizar operaciones, cuando las órdenes de evacuación preceden a la destrucción de pueblos y cuando los hospitales que reciben a los heridos terminan bajo ataque, el derecho internacional deja de funcionar como límite y corre el riesgo de convertirse en una declaración sin consecuencias.
El problema ya no es solamente cuántas personas murieron. Es la consolidación de un precedente por el cual un Estado militarmente poderoso puede atravesar fronteras, ocupar territorios, desplazar comunidades y destruir infraestructura civil mientras apela de manera permanente a una legítima defensa convertida en argumento sin plazo, sin frontera y, aparentemente, sin control efectivo.
