El Gobierno expulsará o impedirá el ingreso de extranjeros que inciten al odio contra la Argentina
El Gobierno nacional oficializó este jueves una modificación de la Ley de Migraciones que impedirá el ingreso al país de extranjeros que hayan difundido mensajes de odio contra la Argentina o incitado a la violencia por motivos de nacionalidad. La medida también alcanza a quienes participen o instiguen actos de ultraje contra los símbolos patrios y comenzará a regir desde el 31 de julio.
La decisión quedó plasmada en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 681/2026, publicado en el Boletín Oficial. Además de establecer nuevas causales de inadmisión, la norma habilita a la Dirección Nacional de Migraciones a cancelar la residencia de extranjeros que incurran en estas conductas, pudiendo intimarlos a abandonar el país o disponer su expulsión.
Los cambios en la Ley de Migraciones
El decreto modifica el artículo 29, incorporando como causal de inadmisión la emisión de mensajes de odio, la incitación a la violencia contra ciudadanos argentinos y los actos de ultraje a los símbolos patrios. En paralelo, el artículo 62 fue actualizado para permitir la cancelación de residencia en casos de extranjeros que incurran en estas conductas.
El Ejecutivo aclaró que las nuevas disposiciones no alcanzan expresiones de disenso político, críticas académicas, periodísticas o ciudadanas, ni opiniones protegidas por la Constitución Nacional. La medida apunta exclusivamente a conductas que promuevan odio o violencia contra la República Argentina y sus habitantes.
Los argumentos oficiales
En los fundamentos del DNU, el Gobierno sostuvo que se registró un incremento de mensajes de odio y actos de hostilidad contra el pueblo argentino, su cultura y su identidad nacional, lo que afecta la convivencia social y representa un riesgo para la integridad de las personas.
El decreto cita jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, que reconoce la facultad soberana de cada Estado para admitir o impedir el ingreso de extranjeros bajo las condiciones que considere pertinentes.
La normativa será remitida a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, que deberá analizar su validez antes de elevar un dictamen para su tratamiento en ambas cámaras.
Minutos después de la publicación, la Oficina del Presidente difundió un comunicado en el que ratificó la decisión: “La defensa de la Nación, de sus ciudadanos y de sus símbolos no es negociable. Quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país”.

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