NeuquenNewsEl presidente Javier Milei fue denunciado penalmente por la presunta malversación de caudales públicos y el incumplimiento de los deberes de funcionario público, a raíz del viaje oficial que realizó a Brasil para participar del lanzamiento de la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro.
La presentación fue realizada por los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio, integrantes de Reset Republicano. De acuerdo con la información disponible hasta este martes 28 de julio, la causa quedó radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 8, conducido por el juez Marcelo Martínez de Giorgi. Por el momento no se informaron públicamente decisiones sobre las medidas de prueba solicitadas ni una citación al mandatario.
La denuncia cuestiona que Milei haya utilizado “el avión presidencial, la comitiva oficial y fondos del erario público” para trasladarse a San Pablo y participar de la convención del Partido Liberal, organización que proclamó a Flávio Bolsonaro como candidato para enfrentar al presidente Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones brasileñas de octubre.
La participación de Milei en el acto electoral no fue simbólica ni secundaria. El mandatario argentino subió al escenario junto al candidato, pronunció un discurso de respaldo y sostuvo que Bolsonaro podía “salvar” a Brasil del socialismo. La presencia del Presidente argentino fue presentada por los organizadores como uno de los principales apoyos internacionales de la candidatura.
Los denunciantes consideran que el desplazamiento tuvo un objetivo predominantemente partidario y que los recursos públicos destinados a la representación exterior de la Argentina fueron utilizados para favorecer a una fuerza política extranjera.
Magioncalda y Fazio sostienen que Milei “se pronunció sobre cuestiones de la política interna del país vecino” y que, además de respaldar una candidatura, atacó verbalmente al Gobierno brasileño y a integrantes de su Poder Judicial.
Durante su discurso, Milei calificó a Lula da Silva como “ladrón”, “presidiario” y parte de una “basura socialista”. También llamó “basura calva” al juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, quien había rechazado una solicitud para que el mandatario argentino visitara al expresidente Jair Bolsonaro, actualmente bajo arresto domiciliario.
Para los denunciantes, esa actuación “desnaturalizó por completo el destino específico de los fondos públicos” y convirtió una misión financiada por el Estado argentino en una intervención directa dentro del proceso electoral brasileño.
La presentación solicita que la Justicia requiera a la Jefatura de Gabinete y a la Casa Militar toda la documentación relacionada con el viaje. Entre las medidas pedidas se encuentran las órdenes de vuelo, el costo del traslado, los viáticos abonados, la nómina de funcionarios y agentes de seguridad que integraron la comitiva y el detalle de los demás gastos afrontados por el Estado.
Los abogados también pidieron que Milei sea convocado a declaración indagatoria una vez reunida esa información. La solicitud no implica que el Presidente haya sido procesado ni declarado culpable: la Justicia deberá determinar primero si existen elementos suficientes para impulsar la investigación penal.
La situación presenta un punto que será central para el análisis judicial: el viaje no estuvo integrado exclusivamente por el acto partidario.
Antes de participar de la convención del Partido Liberal, Milei se reunió en el Palacio de los Bandeirantes con el gobernador del estado de San Pablo, Tarcísio de Freitas. Allí recibió la Orden de Ipiranga, la máxima distinción concedida por ese estado.
De la reunión participaron también Karina Milei; el canciller Pablo Quirno; el cónsul argentino en San Pablo, Luis María Kreckler; el intendente paulista Ricardo Nunes y el propio Flávio Bolsonaro. Presidencia difundió oficialmente esa reunión como parte de la actividad institucional del jefe de Estado.
La defensa del Gobierno podría sostener, por lo tanto, que el traslado presidencial estuvo justificado por esa agenda oficial y que la utilización del avión y del dispositivo de seguridad era necesaria por las responsabilidades y condiciones de protección del Presidente.
La acusación, en cambio, buscará demostrar que el motivo determinante del viaje fue la participación en la campaña de Bolsonaro o, al menos, que una parte sustancial de los gastos públicos fue aplicada a una finalidad político-partidaria ajena a los intereses institucionales de la Argentina.
La denuncia invoca el artículo 260 del Código Penal, que contempla la malversación de caudales públicos. La norma sanciona al funcionario que otorgue a los fondos o efectos que administra una aplicación diferente de aquella para la cual estaban destinados.
Para que se configure esta figura no es necesario que el funcionario se apropie personalmente del dinero. El eje de la investigación estará puesto en determinar si los recursos estatales fueron desviados hacia una finalidad distinta de la prevista.
También se mencionó el artículo 248, relacionado con el incumplimiento de los deberes de funcionario público, y el principio internacional de no intervención en los asuntos internos de otros Estados.
El caso deberá analizarse, además, frente al Decreto 712/2024, firmado por el propio Milei. Esa norma dispone que las aeronaves públicas no pueden utilizarse para una actividad distinta de aquella vinculada con su condición esencial de estar al servicio del poder público y prohíbe su empleo en actividades que puedan considerarse propias de una aeronave privada.
La denuncia se produce mientras la relación entre Argentina y Brasil atraviesa uno de sus momentos de mayor tensión de los últimos años.
Después del discurso de Milei, el Gobierno brasileño llamó a consultas a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, y convocó al representante argentino en Brasilia, Daniel Raimondi, para solicitar explicaciones. Las autoridades brasileñas calificaron las expresiones del Presidente argentino como graves, agresivas y constitutivas de una injerencia en los asuntos internos del país.
Hasta el cierre de esta nota, el Gobierno argentino no había difundido una respuesta específica sobre la denuncia penal ni había informado públicamente el costo total del viaje.
La investigación deberá establecer si la reunión con Tarcísio de Freitas fue suficiente para justificar la utilización de toda la estructura estatal o si el viaje oficial terminó financiando la participación directa del Presidente argentino en la campaña electoral de un partido extranjero.
