NeuquenNewsLa diputada provincial Brenda Buchiniz (Cumplir) presentó un proyecto de ley destinado a brindar protección integral a quienes adquieren viviendas, departamentos o lotes bajo modalidades de preventa, fideicomiso o financiamiento anticipado. La iniciativa busca reducir los riesgos que enfrentan miles de familias que invierten sus ahorros en desarrollos inmobiliarios y que, en numerosos casos, terminan afectadas por obras paralizadas, incumplimientos contractuales o presuntas maniobras fraudulentas.
El proyecto, identificado con el expediente N° 18448, ingresó por Mesa de Entradas de la Legislatura el 30 de junio de 2026 y propone establecer un marco regulatorio específico para este tipo de operaciones, con mayores controles sobre las empresas desarrolladoras y nuevas garantías para los compradores.
Según explicó Buchiniz, existe una marcada asimetría entre los desarrolladores inmobiliarios y quienes compran una vivienda "en pozo" o un lote financiado, ya que los consumidores suelen comprometer los ahorros de toda una vida sin contar con herramientas suficientes para verificar el estado financiero o jurídico de los emprendimientos.
Aunque los contratos inmobiliarios se encuentran regulados por la legislación nacional, la diputada sostiene que la provincia puede ejercer su poder de policía para implementar mecanismos preventivos que reduzcan los riesgos de incumplimiento.
"Esta iniciativa no pretende obstaculizar la actividad ni desalentar la inversión privada", afirmó la legisladora.
"Por el contrario, busca fortalecer el mercado mediante reglas claras que generen mayor seguridad jurídica para todas las partes involucradas", agregó.
Entre los principales puntos del proyecto se destacan:
En los fundamentos del proyecto, Buchiniz advierte que la paralización de desarrollos inmobiliarios genera un fuerte impacto económico y social sobre las familias.
En muchos casos, los compradores deben afrontar simultáneamente el pago de las cuotas del emprendimiento y un alquiler, mientras esperan la finalización de obras que sufren importantes demoras o directamente quedan inconclusas.
La iniciativa busca establecer un sistema preventivo que permita detectar riesgos antes de que se produzcan perjuicios económicos para los adquirentes y, al mismo tiempo, fortalecer la transparencia del mercado inmobiliario neuquino.
La presentación del proyecto se produce en un contexto en el que diversos conflictos inmobiliarios llegaron a los tribunales de Neuquén.
En mayo de este año, la Justicia provincial condenó a una desarrolladora a finalizar las obras de un edificio comercializado "en pozo" que fue entregado con graves deficiencias estructurales, sin certificado final de obra y con una demora de más de tres años respecto de los plazos comprometidos. Además, ordenó indemnizar a los compradores al comprobar que algunas unidades tenían una superficie inferior a la pactada en los contratos.
Paralelamente, el Ministerio Público Fiscal impulsa un pedido de prisión efectiva contra un empresario condenado por 14 hechos de estafa inmobiliaria vinculados a la comercialización de viviendas prefabricadas entre 2019 y 2022, una causa que volvió a poner en evidencia la vulnerabilidad de numerosos compradores que adelantaron importantes sumas de dinero sin recibir las construcciones prometidas.
También en Villa La Angostura continúan tramitándose investigaciones judiciales relacionadas con fideicomisos inmobiliarios, obras demoradas y denuncias de presuntas estafas, situación que llevó incluso a desarrolladores y referentes del sector a reclamar mayores controles para diferenciar los emprendimientos serios de aquellos bajo investigación.
Para Buchiniz, la propuesta apunta a generar un marco de previsibilidad tanto para los compradores como para las empresas que cumplen con sus obligaciones.
Según los fundamentos del proyecto, una regulación moderna permitiría consolidar un mercado inmobiliario "transparente, previsible, justo y sustentable", brindando mayores garantías a quienes invierten sus ahorros en la compra de una vivienda o un lote y promoviendo condiciones de competencia más claras para el sector de la construcción.
