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Caso Viento Sur: el Tribunal anuló la audiencia y ordenó empezar de nuevo

El Tribunal de Impugnación de Neuquén anuló la audiencia del caso Viento Sur y ordenó realizar un nuevo control de acusación ante otro juez.

La causa Viento Sur deberá atravesar nuevamente una instancia central del proceso judicial en Neuquén. Por mayoría, el Tribunal de Impugnación dejó sin efecto la audiencia de control de acusación realizada ante la jueza de garantías Natalia Pelosso y la resolución dictada el pasado 5 de octubre. Los magistrados entendieron que la intervención de la jueza excedió las facultades previstas para esa etapa y dispusieron que otro juez o jueza conduzca una nueva audiencia.

El fallo respondió a un planteo de la fiscal del caso, Rocío Rivero, y del fiscal jefe, Pablo Vignaroli —con la adhesión de la Fiscalía de Estado como querellante institucional, representada por Gustavo Kohon—, quienes cuestionaron las decisiones que habían alterado el alcance de la acusación por una presunta maniobra de corrupción vinculada a la cooperativa Viento Sur en perjuicio del Estado.

Entre las resoluciones revocadas que habían motivado la impugnación figuraban:

  • El sobreseimiento de los exfuncionarios Orlando Abel Di Luca y Germán Chapino.

  • La modificación de las calificaciones legales y de los grados de participación atribuidos a otros imputados.

  • La concesión de suspensiones de juicio a prueba (probation) pese a la oposición del Ministerio Público Fiscal.

  • La exclusión de una testigo considerada clave por la fiscalía para reconstruir el funcionamiento interno de la cooperativa y determinar quiénes tomaban las decisiones.

Qué cuestionó el Ministerio Público Fiscal

Durante la audiencia de impugnación, Rivero sostuvo que las decisiones de Pelosso ocasionaron un perjuicio irreparable más adelante, ya que impedían que la acusación avanzara en los términos planteados originalmente y afectaban las facultades de la fiscalía para impulsar la acción penal.

Vignaroli puso el foco en los límites legales del control de acusación y señaló que esa instancia permite discutir la admisibilidad y legalidad de las pruebas, pero no resolver cuestiones de fondo que deben analizarse en un juicio oral con la participación de todas las partes. Asimismo, cuestionó que se descartaran las figuras de coautoría y participación necesaria, lo que había permitido habilitar suspensiones de juicio a prueba rechazadas por la gravedad de los hechos investigados.

Dos jueces respaldaron la impugnación y uno votó en contra

La decisión mayoritaria fue fundamentada por la jueza Estefanía Sauli, quien consideró que durante el control de acusación se produjo un “exceso en las facultades” correspondientes a esa etapa. A su entender, Pelosso valoró pruebas controvertidas, modificó grados de participación y resolvió cuestiones propias de un juicio.

El juez Federico Sommer acompañó esa postura al entender que la magistrada anticipó valoraciones sobre el mérito de la acusación que correspondían a un tribunal de juicio, en lugar de limitarse a la audiencia intermedia. En tanto, el único voto en disidencia fue el de Richard Trincheri, quien propuso mantener la resolución original al considerar que la jueza había intervenido ante planteos de las defensas y que esos cuestionamientos podían analizarse en dicha etapa.

Con este fallo, el Tribunal declaró nula la resolución del 5 de octubre y extendió la nulidad a las audiencias precedentes. Ahora, la Oficina Judicial deberá designar a otro juez o jueza de garantías para retomar desde cero la discusión sobre los alcances de la acusación y las pruebas que llegarán a juicio.

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