NeuquenNewsLa discusión sobre la derogación de la Ley de Tierras dejó de ser un debate jurídico para transformarse en una disputa sobre el modelo de país. El proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei, bajo el nombre de “ley de inviolabilidad de la propiedad privada”, elimina los límites a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros y ya cuenta con dictamen favorable en el Senado.
En Neuquén, más de 50 organizaciones conformaron un espacio de rechazo que articula con iniciativas similares en otras provincias. Para sus referentes, la reforma no sólo modifica el régimen de propiedad, sino que altera el rol del Estado como regulador del acceso y la administración del territorio.
Soberanía y recursos estratégicos: “La tierra no es una mercancía. La tierra es territorio, agua, alimento, producción y arraigo”, resumió Santiago Arizio, del Frente Patria Grande. La ex senadora Nanci Parrilli advirtió: “En realidad van por el agua”, al señalar la eliminación de restricciones sobre tierras ribereñas y zonas de frontera. Para Leonardo Jakus, de la Coalición Federal en Defensa de las Tierras, el problema excede lo inmobiliario: “Las inversiones van donde están las riquezas naturales”.
Sin necesidad objetiva: Parrilli recordó que la ley vigente permite hasta un 15% de tierras rurales en manos extranjeras y que actualmente ese porcentaje ronda el 5,6%. “No había necesidad de eliminarla”, enfatizó.
Impacto en Neuquén: Jakus alertó que unas 1.400 familias campesinas que ocupan tierras fiscales desde hace décadas podrían quedar en mayor vulnerabilidad. Arizio agregó que la falta de políticas de arraigo está provocando el despoblamiento del interior provincial y amenaza prácticas históricas como la trashumancia.
Los referentes neuquinos recordaron antecedentes de disputas por acceso a lagos, corrimiento de alambrados y ocupación de tierras fiscales. “Tenemos más de 50 casos similares al de Joe Lewis en la provincia, aunque muchos nunca alcanzaron visibilidad”, señaló Jakus. Advirtieron que la reforma fortalecería a quienes ya poseen títulos de propiedad y debilitaría los derechos de comunidades y familias con ocupación histórica.
Los entrevistados coincidieron en que el proyecto corre al Estado como árbitro del ordenamiento territorial. “Lo que queda afuera son los intereses soberanos del país y los derechos de todos los argentinos”, sostuvo Parrilli. Arizio recordó que antes existían mesas de tierras y desarrollo rural para planificar políticas, hoy desarticuladas. “Si no hay políticas públicas para sostener el arraigo, la cultura trashumante también corre riesgo”, advirtió.
El espacio neuquino forma parte de la Coalición Federal en Defensa de la Tierra, integrada por organizaciones de todo el país. Su estrategia apunta a sumar rechazos institucionales y sociales, persuadir a legisladores y visibilizar las consecuencias de la reforma. “Estamos utilizando todas las herramientas de la democracia para generar rechazos institucionales”, explicó Jakus. Parrilli reclamó directamente: “Lo que pedimos es que los senadores y senadoras de Neuquén no voten este proyecto”.
