El Gobierno firmó la concesión de la Hidrovía en medio de denuncias por direccionamiento

Lejos de despejar las dudas, el escrito insiste en que se trató de una licitación sin objeciones, pese a que durante el proceso se acumularon advertencias sobre conflictos de interés, costos inflados, condiciones restrictivas y un diseño técnico que habría condicionado el resultado final.

Pliego, plazos y puntaje: las claves del direccionamiento

Uno de los ejes centrales de las denuncias fue la redacción del pliego, ya que según documentos reservados elaborados por especialistas internacionales, las condiciones de la licitación habrían favorecido de antemano a Jan de Nul-Servimagnus frente a otros competidores.

Las sospechas también alcanzaron a los plazos del procedimiento, considerados insuficientes para garantizar una competencia real en una licitación de semejante complejidad técnica y económica. En ese marco, otras firmas habrían quedado condicionadas por requisitos administrativos y técnicos que limitaron su capacidad de competir en igualdad de condiciones.

Otro punto crítico fue el sistema de evaluación. El esquema de puntajes terminó otorgando ventaja al consorcio ganador, mientras que la Comisión Evaluadora quedó bajo la lupa por presuntos conflictos de interés y por decisiones que, según las denuncias, consolidaron el camino hacia la adjudicación final.

A eso se sumó la polémica por la fórmula del “precio mínimo”: el mecanismo habría condicionado las ofertas y empujado un empate entre valores, una situación considerada inédita por especialistas del sector. En lugar de promover una baja real de costos, el esquema habría limitado la competencia y derivado en un contrato con posibles sobrecostos durante la concesión.

Economía sostuvo que la nueva concesión activará una rebaja del 13,5% en el valor del peaje y permitirá avanzar con obras de profundización, incorporación de tecnología, seguridad en la navegación y mejoras para reducir los costos logísticos de las exportaciones.

Sin embargo, una de las competidoras, DEME NV, había advertido que el precio base establecido por el Gobierno ya implicaba un sobrecosto logístico para el flete del 17%. La empresa incluso planteó que podía ofrecer una alternativa más baja para abaratar costos, pero el Ejecutivo avanzó igualmente con el cierre del proceso.