NeuquenNewsLa diputada provincial Lorena Parrilli (Unión por la Patria) presentó en la Legislatura de Neuquén un proyecto de resolución que exige al Ministerio de Salud, a cargo de Martín Regueiro, explicaciones urgentes por el desvío de más de 21 millones de pesos a la cuenta personal de una ex funcionaria. La iniciativa también solicita copia de la denuncia penal presentada ante la Justicia y reclama al Tribunal de Cuentas un informe sobre las actuaciones realizadas tras el rechazo de las rendiciones correspondientes. El proyecto ingresó acompañado por las firmas de los diputados María Cecilia Papá y Federico Méndez (Democracia Neuquén).
Según los fundamentos, una auditoría interna detectó que el mecanismo de “Anticipos para Gastos” previsto en la Ley 2141 de Administración Financiera fue utilizado para transferir fondos públicos directamente a la caja de ahorros personal de la directora del área. Los expedientes caratulados como “Solicitud de fondos para gastos de funcionamiento” se emitieron el 11 de febrero por $7.837.500, el 12 de marzo por $5.660.000 y el 18 de mayo por $7.810.000, sumando un total de $21.307.500.
El cuadro se agrava por el modo en que se procesaron los pagos. En el expediente del 12 de marzo, la misma funcionaria firmó tanto la autorización de pago (“Páguese”) como el casillero de control interno (“Intervino”), lo que constituye una presunta violación al principio de segregación de funciones que establece la Ley 2141. Además, ninguno de los proveedores que emitieron las facturas presentadas figuraba inscripto en el Padrón de Proveedores de la Provincia al momento de la contratación. Entre ellas se destacan una por $4.000.000 por “Servicios varios Región Confluencia” y otra por $7.810.000 por “Asesoría y Consultoría Ambiental”.
El proyecto reclama que el Ministerio ordene una auditoría general e integral sobre los procesos de compra de insumos, contrataciones directas y anticipos para gastos en todas las áreas, dependencias y hospitales bajo su órbita durante 2026. Los fundamentos sostienen que los circuitos de control interno previstos por la Ley 3012 “fueron deliberadamente apagados o ignorados por la conducción del Ministerio” y que las autoridades superiores “no pueden desentenderse delegando las culpas únicamente en mandos medios”. La iniciativa menciona además otras compras cuestionadas, como la adquisición de una hamaca “en plena crisis del sector”.
El escándalo se conoció públicamente a partir de investigaciones periodísticas y de una comunicación oficial del gobierno provincial el 12 de junio de 2026. La Fiscalía de Estado ya presentó una denuncia penal contra la ex funcionaria involucrada, cuya copia reclama la resolución legislativa.
