Irán condenó a una cantante a 74 latigazos por cantar sin velo

La noticia se conoció este 18 de junio y generó una inmediata reacción internacional. Un tribunal de la provincia iraní de Qom condenó a la cantante Parastoo Ahmadi a recibir 74 latigazos, además de imponerle una prohibición de dos años para abandonar el país y desarrollar actividades artísticas. La sentencia también alcanza a ocho integrantes del equipo de producción que participaron del espectáculo que dio origen a la causa judicial. 

El episodio por el que fue condenada ocurrió en diciembre de 2024, cuando Ahmadi protagonizó un recital transmitido por YouTube desde un antiguo caravansar iraní. La artista apareció sin el hijab obligatorio y acompañada por músicos varones, una combinación que para las autoridades iraníes constituye una violación de las normas morales y religiosas vigentes. El concierto alcanzó millones de visualizaciones y se convirtió rápidamente en un símbolo de desafío cultural al régimen.

Una voz incómoda para el régimen

Parastoo Ahmadi, nacida en 1997, no era una figura desconocida para las autoridades. Había ganado notoriedad durante las protestas que siguieron a la muerte de Mahsa Amini (*) en 2022, cuando interpretó canciones vinculadas al movimiento "Mujer, Vida, Libertad", que cuestionó la obligatoriedad del velo y la represión ejercida por la llamada Policía de la Moral. 

Su concierto de 2024 fue presentado como un acto artístico, pero también como una declaración política. Antes de la transmisión escribió que quería ejercer un derecho que consideraba irrenunciable: cantar para su pueblo y para su país. La respuesta estatal fue inmediata. Se iniciaron actuaciones judiciales, se produjeron detenciones y finalmente se avanzó con un proceso penal que desembocó en la condena conocida esta semana. 

La persistencia de los castigos corporales

La pena impuesta a Ahmadi resulta especialmente impactante para la opinión pública occidental porque incluye castigos físicos. Sin embargo, los latigazos siguen formando parte del sistema penal iraní para determinados delitos vinculados a la moral pública, la conducta social o la disidencia política. Organizaciones de derechos humanos consideran estas prácticas una forma de tortura y una violación de los tratados internacionales suscriptos por Irán. 

No se trata de un caso aislado. En los últimos años otros artistas y activistas iraníes recibieron condenas similares por cuestionar la obligatoriedad del velo o expresar posiciones críticas hacia el gobierno. Uno de los antecedentes más conocidos fue el del cantante Mehdi Yarrahi, castigado con 74 latigazos por una canción de apoyo a las mujeres que protestaban contra las restricciones impuestas por el Estado. 

El trasfondo político

La condena llega en un contexto de creciente tensión entre una parte importante de la sociedad iraní —especialmente las generaciones más jóvenes y urbanas— y el aparato religioso que gobierna el país desde la revolución islámica de 1979.

Aunque millones de mujeres continúan desafiando diariamente las normas sobre vestimenta y presencia pública, el Estado mantiene una estructura legal que permite perseguir judicialmente a quienes considera transgresores de la moral islámica. En los últimos años, las autoridades alternaron períodos de relativa flexibilidad con nuevas campañas de endurecimiento y control social.

La sentencia contra Ahmadi parece inscribirse en ese endurecimiento. Más que un castigo individual, diversos observadores la interpretan como un mensaje dirigido al mundo cultural iraní: las fronteras de lo permitido siguen siendo definidas por el poder político y religioso.

Cuando cantar se convierte en un acto de resistencia

La historia de Parastoo Ahmadi trasciende la situación de una artista. Expone una tensión más profunda entre tradición, religión, derechos individuales y libertad de expresión. En buena parte del mundo una cantante transmitiendo un recital por internet sería apenas una noticia cultural. En Irán puede transformarse en un expediente judicial, una condena corporal y una causa internacional.

La decisión del tribunal de Qom vuelve a poner en evidencia una pregunta que atraviesa a muchas sociedades contemporáneas: ¿hasta dónde puede llegar un Estado para imponer una determinada visión moral sobre la vida de sus ciudadanos? En el caso de Parastoo Ahmadi, la respuesta llegó en forma de 74 latigazos. Y para millones de personas dentro y fuera de Irán, esa respuesta resulta tan inquietante como elocuente.

Una condena que interpela a Occidente

La sentencia contra Parastoo Ahmadi también plantea una pregunta incómoda para la comunidad internacional. La indignación que genera una condena a latigazos contra una cantante por no usar velo resulta comprensible y necesaria. Sin embargo, esa misma defensa de los derechos humanos suele enfrentarse a acusaciones de doble estándar cuando se observa la respuesta de las potencias occidentales frente a otras tragedias contemporáneas.

Mientras la justicia iraní castiga a una artista por desafiar normas religiosas, la Franja de Gaza atraviesa una de las peores crisis humanitarias de su historia. Miles de civiles palestinos han muerto en operaciones militares israelíes, incluidos niños, periodistas, trabajadores humanitarios y personal sanitario. Organismos internacionales, entre ellos Naciones Unidas, han denunciado desplazamientos masivos de población, destrucción de infraestructura civil y restricciones al ingreso de ayuda humanitaria.

La situación también ha impactado en Cisjordania, donde organizaciones de derechos humanos han documentado un aumento de las incursiones militares, detenciones administrativas sin juicio y enfrentamientos que han provocado numerosas víctimas civiles. En el sur del Líbano, los intercambios bélicos entre Israel y Hezbollah han extendido la inestabilidad regional y provocado nuevas olas de desplazados.

Desde Teherán hasta Gaza, desde Cisjordania hasta Beirut, la discusión de fondo parece ser la misma: la fragilidad de los derechos humanos cuando quedan subordinados a intereses políticos, religiosos, militares o geopolíticos. La libertad artística de una cantante iraní, la seguridad de una familia palestina o el derecho de cualquier población civil a vivir sin miedo deberían formar parte de un mismo principio universal.

La defensa de los derechos humanos pierde fuerza cuando se aplica con distinto rigor según quién sea el responsable de las violaciones.

Por eso el caso de Parastoo Ahmadi no solo habla de Irán. También obliga a mirar el escenario internacional completo y preguntarse si el valor de una vida, una libertad o una garantía fundamental depende del país donde ocurre la injusticia o de quién la comete.

(*)  ¿Quién fue Mahsa Amini?

Mahsa Amini, cuyo nombre kurdo era Jina Amini, era una joven iraní de 22 años oriunda de la ciudad de Saqqez, en la provincia iraní del Kurdistán. El 13 de septiembre de 2022 fue detenida en Teherán por la llamada "Policía de la Moral", acusada de llevar incorrectamente el hijab o velo islámico obligatorio. Tres días después murió en un hospital tras haber permanecido en coma. 

"La muerte de Mahsa Amini transformó una protesta contra el velo obligatorio en un movimiento nacional por la libertad y los derechos civiles en Irán."

Las autoridades iraníes sostuvieron que sufrió un problema cardíaco repentino, pero familiares, testigos y organizaciones de derechos humanos denunciaron que había sido golpeada durante su detención. La muerte de Amini se convirtió rápidamente en un símbolo internacional de la lucha por los derechos de las mujeres en Irán.

El nacimiento de "Mujer, Vida, Libertad"

Su muerte desencadenó una ola de protestas masivas en todo Irán bajo la consigna "Mujer, Vida, Libertad", lema originado en el movimiento de mujeres kurdas. Las manifestaciones se extendieron durante meses y fueron consideradas las más importantes que enfrentó la República Islámica desde la Revolución de 1979.

Miles de mujeres comenzaron a quitarse públicamente el velo, cortarse el cabello y desafiar las normas impuestas por el régimen. Las protestas también incorporaron reclamos más amplios relacionados con libertades civiles, democracia y derechos humanos.