NeuquenNews
El agua que llega a millones de hogares de la Patagonia tiene su origen mucho antes de ingresar a una planta potabilizadora. Su recorrido comienza en las altas cumbres de los Andes, donde la nieve acumulada durante el invierno y los glaciares de montaña alimentan las cuencas que dan vida a los ríos Neuquén, Limay y, más abajo, al río Negro.
Estas cuencas constituyen uno de los sistemas hídricos más importantes de la Argentina. Proveen agua para consumo humano, sostienen los sistemas de riego del Alto Valle, permiten el desarrollo de numerosas actividades productivas y abastecen al complejo hidroeléctrico del Comahue, una pieza estratégica del sistema energético nacional.
Sin embargo, los estudios científicos coinciden en que el escenario natural está cambiando. Y, en paralelo, también están cambiando las reglas con las que el Estado administra ese recurso.
De acuerdo con investigaciones del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) y del Inventario Nacional de Glaciares, la mayor parte del caudal de los ríos patagónicos proviene del deshielo estacional de la nieve acumulada en la cordillera. Los glaciares, aunque aportan una proporción menor, cumplen una función esencial durante los períodos secos, ya que liberan agua cuando las precipitaciones disminuyen.
Este mecanismo actúa como una reserva natural que ayuda a estabilizar los caudales y a reducir los efectos de las sequías.
En los últimos años, diversos estudios han registrado un retroceso de numerosos glaciares andinos, una tendencia asociada al aumento de las temperaturas y a las modificaciones en los patrones climáticos observados a escala global. En el área del volcán Lanín, por ejemplo, investigaciones científicas documentaron pérdidas de superficie glaciar durante las últimas décadas, un comportamiento que también se observa en otras regiones de los Andes patagónicos.
Los especialistas explican que el derretimiento de los glaciares puede incrementar temporalmente el aporte de agua a los ríos. Sin embargo, a largo plazo, una reducción sostenida de estas masas de hielo disminuye la capacidad natural de almacenamiento del sistema.
En hidrología, este fenómeno es conocido como "pico glaciar": el momento en que el aporte máximo de agua proveniente del hielo comienza a descender de manera gradual. No implica una pérdida inmediata del recurso —las cuencas cordilleranas siguen dependiendo principalmente de las nevadas invernales—, pero sí es un dato que los organismos técnicos incorporan cada vez con mayor frecuencia en sus escenarios de planificación.
La palabra clave es esa: planificación. Y planificar exige, antes que nada, medir. Sin organismos que releven el estado de la nieve y del hielo año tras año, el "pico glaciar" deja de ser un dato sobre el que decidir y pasa a ser una sorpresa que se descubre tarde.
La provincia mantiene una relación histórica con sus ríos. El sistema conformado por los ríos Neuquén y Limay permite el abastecimiento de agua potable para cientos de miles de habitantes y hace posible el funcionamiento de represas como Alicurá, Piedra del Águila, El Chocón, Arroyito y Cerros Colorados.
Además, el agua es un recurso esencial para la producción agrícola, la actividad industrial, el turismo y el desarrollo de numerosas comunidades distribuidas a lo largo de la cuenca. Por esa razón, el monitoreo permanente de las reservas nivales y glaciares constituye una herramienta estratégica para anticipar escenarios futuros y optimizar la gestión del recurso.
En Argentina, la protección de estas reservas naturales está contemplada por la Ley Nacional 26.639, sancionada en 2010, que preserva los glaciares y el ambiente periglacial, los define como reservas estratégicas de recursos hídricos destinadas prioritariamente al consumo humano y crea el Inventario Nacional de Glaciares, elaborado por el IANIGLA. La norma establece que los glaciares constituyen bienes de carácter público.
Ese marco, sin embargo, está hoy en discusión. El Gobierno nacional impulsó una reforma de la ley que traslada a las provincias la facultad de determinar qué ambientes periglaciares cumplen función de reserva estratégica, habilita a retirarlos del Inventario Nacional de Glaciares y subordina el relevamiento técnico del IANIGLA a esas definiciones políticas. El objetivo explícito es destrabar proyectos extractivos —principalmente mineros— en zonas de cordillera. El propio director del IANIGLA advirtió que el cambio debilita la evaluación técnica de los campos de hielo y subordina el criterio científico al político. La reforma fue aprobada en el Congreso y, poco después, frenada por la vía judicial en una provincia patagónica, lo que abrió un escenario de litigio aún sin resolver.
En la región, además, la administración de los recursos hídricos involucra a distintos organismos: la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC), el Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) y las áreas provinciales vinculadas al manejo del agua y el ambiente. La coordinación entre esas instituciones y la incorporación de información científica son, según los especialistas, elementos centrales para garantizar un manejo sostenible de las cuencas en las próximas décadas.
Acá aparece la contradicción de fondo. Toda la evidencia técnica apunta en una dirección —medir más, monitorear de manera permanente, planificar a largo plazo—, mientras las decisiones políticas del Estado nacional empujan en la dirección contraria.
El sistema científico que produce esa información atraviesa el mayor ajuste de su historia reciente. La inversión pública en ciencia y técnica se desplomó en términos reales desde fines de 2023 y se proyecta para este año en torno a su nivel más bajo desde que existen registros; la ley que garantizaba un financiamiento creciente quedó suspendida; el área de ciencia perdió rango institucional y miles de trabajadores. El IANIGLA, los organismos de monitoreo y los equipos que sostienen el Inventario Nacional de Glaciares no son una excepción a ese clima general: son, precisamente, la infraestructura que permitiría anticipar el futuro del agua y que hoy se vuelve más frágil.
A esa retracción se suma un cambio en la propiedad de la infraestructura energética que vive de estos ríos. A comienzos de 2026, el Estado nacional concesionó por treinta años a operadoras privadas las cuatro grandes centrales hidroeléctricas del Comahue —Alicurá, El Chocón-Arroyito, Piedra del Águila y Cerros Colorados—, las mismas que dependen del caudal que baja de la cordillera. La operación reportó ingresos por unos 706 millones de dólares al Tesoro, en un momento de fuerte necesidad de divisas. Las represas no dejan de existir ni el agua deja de bajar, pero la decisión sobre cómo se aprovecha ese recurso estratégico pasa a estar gobernada, cada vez más, por la lógica del mercado y por horizontes de rentabilidad de corto plazo.
Es justo reconocer el argumento oficial: el Gobierno sostiene que la concesión de las represas atrae inversión, profesionaliza la operación y aporta recursos genuinos, y que flexibilizar la protección de los glaciares "recupera" el potencial productivo de la cordillera. Son argumentos atendibles en el plano de la coyuntura. El problema es que un recurso como el agua no se mide en la coyuntura. Se mide en décadas, en siglos, en generaciones.
Y ahí la pregunta deja de ser ideológica para volverse de sentido común: ¿Quién planifica el agua de las próximas décadas si, al mismo tiempo, se debilita la ciencia que la estudia, se relaja la ley que protege sus reservas y se transfiere a privados la infraestructura que la transforma en energía? No se trata de estar a favor o en contra de un gobierno. Se trata de decidir si el agua de la Patagonia es una política de Estado que se planifica con horizonte intergeneracional, o un activo más que se administra según la urgencia fiscal del momento.
Más allá de los debates políticos o económicos del presente, la evidencia científica señala que los glaciares y las reservas nivales de los Andes son un patrimonio estratégico para el futuro de la Patagonia. Conocer su evolución, medir los cambios y proyectar escenarios posibles requiere organismos técnicos y científicos sólidos, con capacidad de investigación y monitoreo permanente.
La experiencia internacional muestra que la gestión responsable del agua no consiste únicamente en aprovechar el recurso disponible, sino también en planificar su conservación para las próximas generaciones. En una provincia cuyo desarrollo depende de sus ríos —para el consumo humano, la producción, la generación de energía y numerosas actividades económicas— las decisiones sobre el uso de estos recursos deberían apoyarse en información científica actualizada y en políticas de largo plazo.
La naturaleza de los Andes ha tardado miles de años en construir estas reservas. Administrarlas con prudencia es una responsabilidad que excede a cualquier gobierno y constituye una inversión en el futuro de la sociedad patagónica. Soltar esa responsabilidad de la mano del Estado, en cambio, es una decisión que las generaciones que vienen no podrán revisar.
Fuentes consultadas: Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA); Inventario Nacional de Glaciares; Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC); Ley Nacional 26.639; informes sobre ejecución presupuestaria del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación; documentación oficial sobre la concesión de las centrales hidroeléctricas del Comahue; e investigaciones académicas sobre glaciares andinos.
