NeuquenNewsLa decisión fue adoptada por un tribunal de revisión tras un planteo realizado por la defensa del imputado, que había solicitado dejar sin efecto la medida cautelar dispuesta el 19 de mayo por un juez de garantías. Como alternativa, también se pidió que el acusado pudiera cumplir arresto domiciliario.
Durante la audiencia, la asistente letrada Cecilia Sabatte y el fiscal del caso Gastón Medina sostuvieron que continúan presentes los riesgos procesales que justifican la detención preventiva, particularmente el peligro de fuga y la posibilidad de entorpecimiento de la investigación.
Desde el Ministerio Público Fiscal remarcaron además la gravedad de los hechos investigados y señalaron que todavía restan producir distintas medidas probatorias, entre ellas nuevas entrevistas a presuntas víctimas.
Uno de los puntos expuestos por la fiscalía estuvo vinculado al análisis de la evidencia digital reunida en el expediente. Según detalló Sabatte, en el marco de la investigación ya fueron secuestrados más de 50 dispositivos electrónicos y gran parte de ese material todavía se encuentra bajo peritaje.
La representante judicial explicó que el teléfono entregado voluntariamente por la defensa —presentado como el último aparato utilizado por el acusado— constituye solo una parte de la evidencia incorporada a la causa.
De acuerdo con lo informado durante la audiencia, del análisis realizado sobre ese dispositivo surgieron conversaciones entre el imputado y familiares de una de las víctimas registradas entre febrero y marzo de este año, es decir, después de que la fiscalía hubiera impuesto restricciones de contacto.
Para la acusación, esos intercambios refuerzan la sospecha de incumplimientos a las medidas judiciales ya establecidas.
Además, se indicó que hasta el momento apenas fue peritado cerca del 15% del material secuestrado, por lo que aún resta avanzar sobre una importante cantidad de contenido digital y otros dispositivos incorporados al expediente.
La fiscalía también sostuvo que el acusado habría incumplido en reiteradas oportunidades las restricciones impuestas desde el inicio de la investigación, lo que mantiene vigente —según argumentaron— el riesgo de influencia sobre víctimas, testigos y sus entornos familiares.
Al momento de resolver, el tribunal consideró que la resolución previa estaba correctamente fundamentada y descartó la existencia de arbitrariedades o contradicciones.
Los magistrados entendieron además que los nuevos elementos presentados por la defensa no alteran la situación procesal del imputado ni alcanzan para desvirtuar los riesgos procesales ya acreditados.
Entre los aspectos valorados por el tribunal figuraron la cantidad de hechos investigados, el número de víctimas involucradas, la expectativa de pena y el avance de la investigación, que todavía contempla el análisis de nuevos dispositivos y posibles nuevos casos.
Respecto del pedido de arresto domiciliario, el juez Lucas Yancarelli y las juezas Carolina García y Natalia Pelosso coincidieron en que, pese a que el domicilio ofrecido reunía condiciones adecuadas, los antecedentes de incumplimientos impedían confiar en el respeto de medidas alternativas a la prisión preventiva.
En ese marco, el tribunal remarcó que la causa debe abordarse con perspectiva de niñez y vulnerabilidad, priorizando la protección de los adolescentes involucrados.
D.E.M. había sido acusado formalmente el 19 de marzo de 2026 y la formulación de cargos fue ampliada el 31 de marzo. La investigación comprende delitos como abuso sexual, grooming, promoción de la prostitución, corrupción de menores, exhibiciones obscenas y hechos vinculados a pornografía infantil.
Fuente: MPF
