Conflictos territoriales por el agua, una disputa abierta en América Latina

Los conflictos por la tierra y los bienes comunes no solo crecen en América Latina, también se vuelven más complejos y más intensos, con el agua como hilo conductor de gran parte de esas disputas. Más de la mitad afectan a pueblos indígenas y territorios ancestrales. El dato surge del último informe elaborado por la Plataforma de Defensoras y Defensores de la Tierra y el Territorio, que sistematiza situaciones de amenazas, persecución y criminalización contra quienes defienden los bienes comunes en distintos países de la región.

El monitoreo reúne casos de Argentina, Ecuador, Colombia, Guatemala, Perú, Chile y Honduras, y permite dimensionar una problemática que muchas veces aparece fragmentada. De los casos registrados, 251 corresponden a asesinatos, mientras que 88 refieren a situaciones de intimidación y hostigamiento, 57 a criminalización y judicialización, y decenas más a detenciones arbitrarias, desalojos forzados y agresiones físicas. Lo que aparece con claridad es una trama de violencias que se despliega de manera sostenida sobre quienes defienden sus territorios.

En relación a los sectores donde se concentran los conflictos, la minería encabeza la lista con 106 casos, seguida por disputas vinculadas a la tierra y el territorio con 88 registros. Más atrás aparecen actividades agroforestales, el agronegocio y proyectos de infraestructura. En ese entramado, el acceso y control del agua atraviesa buena parte de estas disputas, ya sea por su uso directo o por los impactos que estas actividades generan sobre las fuentes hídricas.

El perfil de quienes enfrentan estas situaciones también aporta una dimensión clave. El 52 por ciento de los casos involucra a comunidades indígenas o afrodescendientes, mientras que una parte significativa corresponde a organizaciones campesinas y territorios rurales. A su vez, muchos de los ataques se dirigen a referentes comunitarios, líderes o integrantes activos de organizaciones, lo que da cuenta de un intento de desarticular procesos colectivos.

Los datos también permiten observar quiénes ejercen las agresiones. En los casos donde se pudo identificar un agresor directo, la policía aparece como el principal actor, con 193 registros, seguida por personas no identificadas y fuerzas militares. En términos de responsabilidades indirectas, se destacan los grupos armados, las empresas extractivas y actores vinculados al poder económico y territorial. Al mismo tiempo, el informe advierte que en una gran cantidad de casos no se logra identificar a los responsables, lo que refleja niveles altos de impunidad.

En cuanto a las respuestas institucionales, el panorama es limitado. Solo la mitad de los casos cuenta con una denuncia formal y en la mayoría no existen medidas de protección efectivas. De hecho, 315 situaciones relevadas no registran ningún tipo de protección, mientras que apenas una minoría accede a mecanismos estatales o a estrategias impulsadas por las propias organizaciones. Incluso cuando hay intervención judicial, los avances son escasos y lentos.

En Argentina, ese escenario se expresa en conflictos concretos que van desde la expansión de la minería de litio en el noroeste hasta el avance del agronegocio en distintas regiones del país. En ambos casos, el impacto sobre el agua y su disponibilidad se vuelve un punto crítico para las comunidades que habitan esos territorios, que ven afectadas sus condiciones de vida y sus formas de producción.

Los datos del informe permiten ubicar estos procesos en una escala más amplia. América Latina aparece como una región donde la disputa por los bienes comunes se intensifica al mismo tiempo que crece la demanda global de recursos naturales. En ese marco, los territorios se convierten en espacios cada vez más presionados por proyectos extractivos, energéticos y productivos.

“La importancia del monitor de personas defensoras ambientales en América Latina radica principalmente en que no existe información sistematizada, organizada por país sobre las amenazas, persecución y criminalización de las personas defensoras ambientales en la región”, explicó Nicolás Avellaneda coordinador de la plataforma Defensoras y Defensores de la Tierra y el Territorio. En ese sentido, señaló que los registros disponibles suelen centrarse en los casos más extremos. “Sabemos que cuando una persona es asesinada ocurrieron anteriormente muchos ataques, amenazas y situaciones de criminalización, y esa información no está relevada”.

A partir de esa ausencia, el monitor busca construir una herramienta que permita no solo visibilizar la problemática, sino también intervenir sobre ella. “Es una herramienta concreta poder visibilizar y tener esa información para generar mejores planes de seguridad y autoprotección de las organizaciones defensoras en el territorio”, sostuvo.

Desde esa mirada, el informe también aporta claves para entender la paradoja que atraviesa a la transición energética en la región. Mientras se impulsa como una respuesta a la crisis climática, su implementación en los territorios suele reproducir lógicas extractivas que generan nuevas formas de conflicto. En Argentina, la expansión del litio es uno de los ejemplos más visibles de esa tensión.

El hecho de que más del 50 por ciento de los casos afecte a pueblos indígenas no solo da cuenta de la distribución desigual de estos conflictos, sino también de quiénes están en la primera línea de defensa de los territorios. En distintos países de la región, estas comunidades enfrentan no solo el avance de proyectos extractivos, sino también procesos de criminalización y violencia.

“Es una herramienta que es creada a partir de información de las propias organizaciones del territorio”, explicó Avellaneda, y señaló que ese proceso implica formación y fortalecimiento en cada uno de los países relevados. “Las personas defensoras tienen la posibilidad concreta de ellas mismas definir y levantar estos datos y después poder analizarlos”.

Esa construcción colectiva también implica disputar el sentido de la información. “Eso implica soberanía de datos y mejora la capacidad no solamente de incidencia, sino de contar realmente lo que las organizaciones del territorio necesitan visibilizar”, agregó.