Reforma del régimen de Zonas Frías: subsidios focalizados y tensiones políticas en el Congreso

El oficialismo logró dictamen de mayoría en el plenario de las comisiones de Energía y Presupuesto para avanzar con el proyecto de ley denominado “Medidas Energéticas”, que propone una profunda modificación del régimen de Zonas Frías. La iniciativa, que podría debatirse en el recinto la próxima semana, plantea un cambio de paradigma: pasar de un esquema de subsidios masivos, definidos por ubicación geográfica, a un sistema focalizado según el nivel de ingresos de los hogares.

Un cambio de criterio que genera debate

El régimen de Zonas Frías fue ampliado en 2021 por impulso del diputado Máximo Kirchner, lo que permitió que millones de usuarios de regiones del centro y norte del país accedieran a descuentos automáticos en sus facturas de gas. Ahora, el Poder Ejecutivo busca desarmar esa ampliación y limitar el beneficio a quienes acrediten vulnerabilidad económica.

La secretaria de Energía, María Tettamanti, defendió la reforma con un argumento contundente: “El Estado nacional está poniendo $500.000 millones para subsidiar a ricos y pobres de una vasta región del país. Queremos que quienes pueden pagar la energía lo hagan, y que quienes no puedan sigan recibiendo ayuda”.

El proyecto establece que el subsidio se mantendrá para hogares con ingresos inferiores a tres canastas básicas (unos $4,3 millones), beneficiarios del ReNaBaP, veteranos de Malvinas y familias con integrantes que posean Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Provincias más afectadas

La provincia de Buenos Aires aparece como la más golpeada por la reforma: se estima que 1,3 millones de bonaerenses perderán el beneficio automático. El gobernador Axel Kicillof es señalado como el mandatario más afectado por la medida.

En contraste, la Patagonia conservará el subsidio pleno, aunque con modificaciones técnicas que reducen su alcance. El descuento del 50% ya no se aplicará sobre toda la factura, sino únicamente sobre el precio del gas en origen, dejando fuera los costos de transporte y distribución. Legisladores opositores advirtieron que esto elimina el “piso legal” de protección que tenían los usuarios patagónicos.

Argumentos cruzados

El debate expuso diferencias profundas entre oficialismo y oposición. Mientras los libertarios y sus aliados remarcaron la necesidad de focalizar los recursos y evitar subsidios a sectores de ingresos altos, desde Unión por la Patria se cuestionó la lógica fiscalista del proyecto. La diputada Julia Strada recordó que el crecimiento de las exportaciones energéticas no se debe a un equilibrio fiscal reciente, sino a inversiones e infraestructura realizadas en años anteriores.

El dictamen de minoría de UP propone mantener el régimen actual, crear una tarifa eléctrica diferencial para el norte argentino y establecer mecanismos de compensación de deudas con Cammesa para provincias y municipios. También plantea extender por diez años los beneficios para energías renovables, con el objetivo de que alcancen el 30% de la matriz energética.

Otros cambios relevantes

La iniciativa oficial incluye además:

• Un nuevo circuito de pagos, con compensaciones directas del Estado a productores y proveedores de gas.

• La posibilidad de ajustar el recargo del 7,5% en las facturas que financia el régimen, en un margen de hasta el 50%.

• La extensión de beneficios fiscales para energías renovables hasta 2045.

• La eliminación de regímenes de promoción para el sector hidrocarburífero, como el decreto 929/2013 que favoreció inversiones en Vaca Muerta.

Un proyecto con impacto nacional

El rediseño del régimen de Zonas Frías no solo afecta a millones de usuarios, sino que también reconfigura el mapa político y económico del país. Gobernadores aliados circunstanciales del oficialismo, como Gustavo Sáenz en Salta, ya expresaron reparos. “No podemos aceptar que el norte vuelva a vivir, como todos los inviernos, la misma incertidumbre con el abastecimiento”, advirtió.

De aprobarse, el nuevo esquema tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2031 y marcará un antes y un después en la política energética argentina, al pasar de un modelo territorial a uno focalizado en la capacidad de pago de los hogares.