Piden informes a la Justicia por la compra de 20 mil hectáreas en la Patagonia con presunta plata de Emiratos Árabes

El polista santafesino Hugo Barabucci abrió una Caja de Pandora y desató un tembladeral con final abierto tras confesar públicamente que en 2017 había comprado 20 mil hectáreas en un Área Natural Protegida y en Zona de Seguridad de Frontera, en Río Negro, con dos millones de dólares “donados” sin cargo por el Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos (EAU). Las repercusiones por la inesperada admisión, de que era en realidad un testaferro de la familia real de Abu Dhabi, estallaron este lunes y sus esquirlas comenzaron a diluviar sobre el Ministerio Público Fiscal y el Gobierno provincial ante la sospecha cierta de que las autoridades provinciales “dejaron hacer” y no ejercieron los controles que obliga la Ley, en el mejor de los casos.

El primer escenario de conflicto detonó rápidamente ayer lunes por la mañana en el Parlamento local, cuando la legisladora Magdalena Odarda presentó dos pedidos de informes al Poder Ejecutivo y al Ministerio Publico Fiscal para exigir información y aclarar los vacíos legales que resultaron expuestos por la locuacidad del testaferro Barabucci. Lo hizo acompañada por su bloque peronista opositor “Vamos con Todos”, con las firmas de Ayelén Spósito, José Luis Berros, Fabián Pilquinao y Luciano Delgado Sempé. Tras ellos se ecolumnaron miembros de un bloque del peronismo dialoguista, y firmaron los legisladores Alejandra Mas y Luis Ivancich, entre otros.

Las reacciones se dinamizaron luego de que Tiempo Argentino publicara este domingo detalles de la dudosa operación inmobiliaria, sus escrituras y hasta los videos completos con la confesión del testaferro y los estrechos vínculos de Barabucci con el Gobierno de los EAU.

La confesión que desató la tormenta ocurrió el pasado martes 7 en la audiencia oral del juicio que el propio Barabucci inició por “usurpación y hurto” contra Soledad Cayunao, una mujer mapuche que integra una lof homónima aledaña a una de las estancias de los emiratos. Todos los años ella cruza una pequeña franja de esas tierras en su ir y venir con su ganado entre veranadas e invernadas y eventualmente debe adentrarse para buscar los animales que se alejan del arreo. Ello resultó intolerable para Barabucci y su gerente Andrés Saint Anonín (un agente áspero con antecedentes de violencia judicializados) por lo que llevaron a Cayunao a juicio por hacer lo que su familia hizo por generaciones. Pero la Justicia absolvió a Soledad, quien quedó libre de culpa y cargo.

Los informes a partir de la confesión

Los dos pedidos de informes presentados por Odarda y sus compañeros del bloque “Vamos con Todos” suman en total la friolera de 34 preguntas detalladas y encadenadas que buscan esclarecer si hubo irregularidades o delitos, y de haberlos identificar a los responsables y eventuales cómplices en el gabinete del gobernador Alberto Weretilnneck. Al Poder Ejecutivo le formularon 19 interrogantes sobre inscripciones, registros y autorizaciones, y al Ministerio Público Fiscal (MPF) otros 15 sobre el control del origen del dinero y la verificación de que no se trato de operaciones de lavado proveniente del narcotráfico, el contrabando o la trata de personas.

El MPF deberá responder a la brevedad y con soporte documental si investigó la ruta del dinero que fue desde Abu Dhabi hasta Nueva York en una operación sobre bienes de la Argentina, al parecer sin cumplir con la Ley nacional en materia aduanera, penal y fiscal; si frente a la singular modalidad y monto de la operación pidió intervención de la Unidad de Investigación Financiera (UIF); si notificó a la ARCA sobre posible contrabando de divisas; si verificó que el negocio no resultara violatorio de las Leyes de Tierras, de Resguardo de Seguridad de Frontera y de protección de Bosques Nativos, entre otras.

También deberá responder y documentar si el polista Hugo Barabucci es efectivamente el propietario de las 20 mil hectáreas ubicadas dentro del Área Natural Protegida y en Zona de Seguridad de Frontera, o si en realidad fue un prestanombre de la familia real de los EAU, como parece indicar la trama de sociedades fantasma que atravesó la escritura de las 20 mil hectáreas hasta terminar conformando el fideicomiso Amaike, que controla el empresario de los emiratos, Mathar Suhail Alí Alyabhouni Aldhaheri, pariente directo y operador financiero del emir Mohamed bin Zayed Al Nahayan.

Nada fácil la tendrá tampoco el Poder Ejecutivo para responder las 19 preguntas dirigidas específicamente a la oficina del gobernador; la Dirección de Catastro; el Registro de la Propiedad Inmueble; el Ministerio de Gobierno; la Agencia de Recaudación Tributaria; la Dirección Provincial de Aguas, y las secretarías de Ambiente y Cambio Climático y la de Minería.

La primera y determinante es que el Poder Ejecutivo revele si en los registros la propiedad de las 20 mil hectáreas figuran como propiedad de Hugo Barabucci o están inscriptas a la titularidad del fideicomiso Amaike dominado por ciudadanos de los Emiratos. Pero también deberán admitir si certificaron el origen lícito del dinero; cuántas propiedades detenta Barabucci en la provincia y si paga a su nombre impuestos inmobiliarios, Sellos, Automotor e Ingresos Brutos; si verificaron el origen lícito de los fondos; si se le otorgaron concesiones y permisos, a Barabucci o al fideicomiso Amaike por parte de la Dirección Provincial de Aguas y Minería, entre otras.

La confesión pública del polista Hugo Barabucci puso en evidencia un sistema fraudulento en la compra y venta de grandes extensiones de tierra por parte del capital concentrado nacional y extranjero. Se trata de un tráfico inmobiliario millonario que se sabía pero no se lograban probar por completo: negociados de los que trascendían nombres y algunos documentos pero no la totalidad de un rompecabezas que comenzó a revelar años atrás, pieza por pieza, un minucioso trabajo de la periodista neuquina Susana Lara. Y ahora queda a la vista y bajo los reflectores gracias a la locuacidad de una de las piezas centrales en el desapoderamiento del patrimonio social, que jamás se podría haber concretado en su abrumadora magnitud sin la colaboración y anuencia del gobierno provincial.

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