NeuquenNewsLa aprobación de una ley que habilita la pena de muerte para palestinos acusados de ataques contra israelíes marca un punto de quiebre. No se trata solo de endurecimiento penal: es la formalización de un criterio donde la vida deja de tener el mismo valor según quién sea el acusado.
El proyecto, impulsado por el gobierno de Benjamin Netanyahu y sostenido políticamente por figuras como Itamar Ben-Gvir y Bezalel Smotrich, traduce en ley una lógica que ya operaba en los hechos: la diferenciación sistemática entre vidas.
La norma establece la pena capital en tribunales donde, según críticas internacionales, los palestinos enfrentan tasas de condena extremadamente altas y condiciones judiciales cuestionadas.
El problema no es solo jurídico. Es estructural.
Cuando una legislación no se aplica de manera universal, deja de ser justicia. Se convierte en un mecanismo de poder. Y cuando ese poder define quién puede ser ejecutado y quién no, la frontera entre Estado de derecho y arbitrariedad se vuelve difusa.
Desde organismos internacionales como la UNRWA, las advertencias fueron claras: se trata de una norma que contradice principios básicos del derecho internacional. Pero el contexto indica que ya no se trata de contradicciones, sino de decisiones conscientes.
En ese marco, el uso del término “solución final” deja de ser un exceso retórico y pasa a ser una señal conceptual. No implica equiparar procesos históricos, pero sí reconocer un patrón: cuando el Estado comienza a construir legalmente la eliminación del otro como respuesta.
Ese concepto remite inevitablemente al plan del régimen de Adolf Hitler durante el Holocausto. No por equivalencia histórica, sino por lógica: primero se despoja de derechos, luego se diferencia, finalmente se legitima la eliminación.
Ese recorrido, en este caso, ya no es teórico.
El dato más incómodo para cualquier análisis es que esta deriva no ocurre en soledad. Encuentra respaldo social. Diversas encuestas muestran un nivel alto de apoyo dentro de la sociedad israelí a las acciones militares en Gaza y a políticas extremas contra la población palestina. Un relevamiento del Israel Democracy Institute indicaba ya en 2023 que el 87% de los judíos israelíes apoyaba la guerra, mientras que estudios posteriores mostraron que amplias mayorías avalaban medidas como la expulsión de gazatíes o negaban la existencia de civiles inocentes.
Ese respaldo no es menor: legitima políticamente decisiones que, en otro contexto, serían impensables.
Al mismo tiempo, aunque existen protestas dentro de Israel —principalmente vinculadas a la liberación de rehenes o disputas políticas internas—, no se registra una reacción masiva sostenida de rechazo social al accionar militar en Gaza ni a este tipo de legislaciones.
Fuera de Israel, las voces críticas existen, incluso dentro de comunidades judías, pero tampoco se traducen en una presión global proporcional a la magnitud del conflicto. El resultado es un escenario donde la condena internacional convive con una práctica sostenida sin frenos efectivos.
Y en el fondo, hay un dato que termina de darle dimensión a todo esto.
Desde el 7 de octubre de 2023, la ofensiva militar israelí sobre Gaza ha dejado más de 70.000 palestinos muertos, según cifras citadas por organismos internacionales, estudios académicos y reportes de campo, incluso reconocidas en términos generales por fuentes israelíes.
Ese número no incluye miles de desaparecidos bajo los escombros ni el impacto indirecto del colapso sanitario, el hambre y las enfermedades.
Este contexto convierte a la nueva legislación en algo más que una norma aislada: la inserta dentro de una dinámica de violencia sostenida donde el poder estatal no solo actúa en el terreno militar, sino que ahora también busca respaldo legal para profundizar su capacidad de castigo extremo.
