Doce años de contaminación, cinco allanamientos y una probation: el Poder Judicial le ofrece a Comarsa la salida que la fiscalía les negó

Una escalada que el Poder Judicial desaceleró en cada etapa crítica

La historia judicial de Comarsa no es solo la historia de una fiscalía que avanzó con firmeza. Es también la historia de un poder judicial que, en los momentos de mayor tensión, tendió a moderar el impulso acusador.

La causa se inició con una denuncia de la Asociación de Abogados Ambientalistas a fines de 2020. En febrero de 2024, en un hecho calificado como inédito, la Fiscalía de Delitos Ambientales acusó formalmente al dueño y dos directivos de Comarsa ante la jueza de garantías Carina Álvarez. Junto con la acusación, la fiscalía solicitó un embargo de 7 millones de dólares sobre los bienes de dos de los imputados, destinado tanto a cubrir el costo del saneamiento como a preservar el patrimonio generado por la maniobra. La jueza hizo lugar al pedido, y un tribunal de revisión lo ratificó por unanimidad pocos días después.

Sin embargo, a pesar de la oposición de la fiscalía y de las querellas particulares, un tribunal de impugnación dio marcha atrás con ese embargo por mayoría, con los votos de la jueza Florencia Martini y del juez Richard Trincheri. Fue la primera señal de que el camino no iba a ser lineal.

En paralelo, el avance de la investigación permitió sumar hechos a la acusación inicial: se pudo constatar que la empresa se había expandido irregularmente más allá de los límites autorizados, usurpando tierras provinciales y municipales. Hacia 2017, la firma mantenía acopiados aproximadamente 307.000 metros cúbicos de residuos peligrosos sin tratamiento, parte de los cuales fueron depositados en sectores sin habilitación ambiental. Los suelos afectados contenían metales pesados y compuestos volátiles, generando un riesgo directo para la salud poblacional.

En junio de 2025 se realizó un nuevo allanamiento —el quinto— para tomar muestras de suelo en sectores que antes eran inaccesibles por la acumulación de residuos. Fue en ese contexto que la fiscalía construyó su requerimiento de apertura a juicio, el paso previo formal al debate oral. El MPF ofreció casi un centenar de testigos, entre técnicos ambientales, vecinos, funcionarios y especialistas, además de peritos contables, químicos y médicos, e incorporó informes forenses sobre el impacto sanitario del pasivo ambiental.

En febrero de 2026, la defensa solicitó una ampliación del plazo para el control de la acusación. La fiscalía acordó —propuso dos meses en lugar de los tres pedidos por la defensa— y el juez Juan Manuel Kees fijó dos meses y medio. Era el último trecho antes de la audiencia que terminaría, inesperadamente, con la probation.

El antecedente que preocupa

Qué sigue

Lo que ya ocurrió, en cambio, no tiene marcha atrás: por primera vez en este expediente, el sistema judicial ofreció una salida que la fiscalía consideraba, y argumentó públicamente, que no debía ofrecerse. Para las otras tres empresas de tratamiento de residuos que operan en la provincia —Indarsa, Treater y Servicios Ambientales Neuquén—, y para las operadoras petroleras que generan los residuos, el precedente llega en el momento más delicado del ciclo expansivo de Vaca Muerta.

Fuente: Neuquén Ambiental